Organizaciones sociales y comunidades rurales presentaron en el Congreso de El Salvador 7.000 firmas de ciudadanos que piden derogar la ley que reactivó la minería metálica en el país por considerarla "nociva" para el medioambiente.
El Congreso salvadoreño, a pedido del presidente Nayib Bukele, aprobó en diciembre de 2024 la norma que reintrodujo la minería metálica, prohibida desde 2017.
"Hemos venido a la Asamblea Legislativa a presentar una petición acompañada por la firma de 7.000 salvadoreños, para que la ley de minería sea derogada", dijo el abogado Emerson Moreno, representante legal de Comunidades de Fe Organizadas en Acción (Cofoa), una ong vinculada a la Iglesia católica.
Unos 400 miembros de comunidades rurales se congregaron en una calle de acceso a la sede legislativa para acompañar la entrega de la petición. "No a la minería", "Sí al agua potable y de calidad, sí a la vida", decían carteles que portaban los manifestantes.
"Vamos a esperar la respuesta de los diputados, ellos deben estar claros que la minería metálica es nociva pues contamina", sostuvo Moreno.
"Todos tenemos la obligación de exigir al gobierno que nunca permita la minería, se van a acabar los pocos recursos naturales que tenemos", dijo el agricultor Adán Gómez.
En marzo, la Iglesia presentó al Legislativo 150.000 firmas de ciudadanos para pedir la derogación de la ley.
Los críticos de la minería temen que se contamine el río Lempa, que atraviesa la zona de potencial minero y abastece de agua al 70% de los habitantes de San Salvador y ciudades aledañas.
Bukele sostiene que, según un estudio cuya autoría no reveló, en el país existen yacimientos de oro valorados en 131.000 millones de dólares, equivalentes "al 380% del PIB".
