¿Qué tienen en común el despliegue represivo de la Gendarmería en el Congreso y un presunto negociado con videocámaras en River? El punto de contacto es Eugenio Burzaco, el secretario de Seguridad de la Nación, vocal titular del club y aspirante a la reelección en ese cargo el próximo domingo. Las postas de goma, los carros hidrantes, los gases lacrimógenos para frenar a un pueblo movilizado contra la reforma previsional son los insumos que suelen valorar los funcionarios como él, segundo en la escala jerárquica después de Patricia Bullrich.
El menor de los Burzaco –hermano de Alejandro, el coimero arrepentido del escándalo FIFA– fue demolido por un informe del programa ADN, de C5N, que lo vincula con la negociación para contratar un sistema de videocámaras como dirigente de River. La prueba documental es un mail que les envió al subsecretario de Políticas de Seguridad e Intervención Territorial, Darío Oroquieta; al subsecretario de Lucha contra el Narcotráfico, Martín Verrier, y al subdirector ejecutivo de la Administración del Registro de Armas, Andrés Firpo, funcionarios del gobierno actual. En ese momento todavía no habían llegado al Estado e integraban un grupo de amigos que esperaban concretar una operación comercial con River.
El correo de Burzaco tenía fecha del 12 de enero de 2015. A los tres les escribía: “… esta semana debemos avanzar con la instalación de cámaras en el CARP (Club Atlético River Plate). Esto nos debe traer varios beneficios con lo cual es de mi interés que se haga con esta empresa…”. A Burzaco lo guiaba la idea de mantener una reunión con el secretario general de la institución de Núñez para interesarlo. Verrier le respondió: “… el precio puede estar un poco por arriba”, a lo que el actual secretario de Seguridad le contestó: “Perfecto, manejemos un poco de márgenes inferiores para reducir precios y sostener la conveniencia de aplicar el proyecto en su totalidad”. El asunto de los correos decía: “Reunión River-Prosegur cámaras”.
Esta política de hacer negocios a costa de un club de fútbol con sistemas de videocámaras tiene antecedentes de sobra. A fines de los años ‘90 la impulsó el ex presidente de San Lorenzo Fernando Miele y fue un rotundo fracaso por los sobreprecios que se pagaron. El ex dirigente fue procesado junto al ex titular de la AFA Julio Grondona, el presidente de Boca, Mauricio Macri, y el empresario español Romeo Cotorruelo Menta, que vendía el servicio. La Cámara de Apelaciones dio vuelta el fallo, pero no aventó las sospechas de que la seguridad deportiva es un gran negocio, al igual que cuando se decide reprimir por deporte, como ayer ante el Congreso.
