Con pedidos de dos condenas a prisión perpetua y otras penas a 16, 22 y 25 años de prisión solicitadas, el equipo jurídico de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos cerró ayer los alegatos como parte querellante de la causa conocida como el Villazo. Se trata del juicio que comenzó en noviembre de 2023, que juzga delitos de lesa humanidad cometidos contra obreros metalúrgicos en 1975, en Villa Constitución. La misma juzga 67 casos. Tras el cierre de la audiencia, familiares y sobrevivientes fueron acompañados con aplausos y abrazos. El lunes será el turno de la Fiscalía, y la sentencia podría conocerse en septiembre.

"La sangre obrera es lucha y es bandera", cantaron quienes recibieron afuera a familiares y sobrevivientes que salían emocionados de la sala de audiencias, pasadas las 13 de ayer. 

"Esto es una construcción colectiva", dijo Gabriela Durruty, abogada del equipo jurídico de APDH, que al mismo tiempo destacó la historia del movimiento obrero y recordó "a los que ya no están", y "cómo Victorio (Paulón), Alberto (Piccinini) y otros compañeros se sentaban y con paciencia nos iban contando qué pasó, que significó la lucha". Al mismo tiempo, destacó a Norma Ríos, presidenta honoraria de APDH. "Nos apoyó, nos respaldó y nos ayudó a sostener todo esto", dijo. 

El abogado Federico Pagliero, también del equipo querellante, valoró "la lucha de los históricos obreros de la lista Marrón, de quienes día a día aprendemos lecciones de la democracia sindical, a las víctimas, sobrevivientes, familiares, a quienes se unieron a todo el pueblo de Villa Constitución. Los juicios de lesa humanidad son de todos y de todas, y estar acá, en unidad, lo demuestra".

En tanto, la querellante Julia Giordano destacó "el haber llegado hasta acá. Son 50 años de historia de lucha". También recordó: que "fue Norma (Ríos) quien firmó la querella para que estemos presentes hoy como APDH defendiendo estos juicios"; y le dio la palabra: "La mejor decisión de mi vida", dijo Ríos sobre aquella firma. "La verdad de la historia está acá", aseguró. 

Poco antes del acto en las puertas de Tribunales Federales, en la sala de audiencia, frente al Tribunal Oral Federal N° 1, APDH finalizó los alegatos que demandaron cuatro jornadas. En las audiencias -repasó Giordano- "se marcaron las responsabilidades no solo de quienes hoy están siendo juzgados, sino de quienes se beneficiaron de la impunidad biológica". Y recordó que además de federales y policías (para quienes se pidieron penas de 16 a 25 años de prisión), esta causa juzga por primera vez en la provincia a civiles, en el caso de dos jerárquicos de Acindar (para quienes pidieron prisión perpetua por los homicidios, al ser quienes entregaron las listas a las patotas), en el marco de la acusación por responsabilidad empresaria. 

En tanto, en este último tramo del debate, se reconstruyeron las historias a partir de un centenar de relatos de testigos. "En 50 años no variaron su discurso", destacó Giordano, y manifestó que durante el debate se dio cuenta de "la profundidad del plan genocida".

En el último tramo del alegato, la querella de APDH, sostuvo que "esta causa no solo se circunscribe a los hechos de los que fueron víctimas los 67 casos que se ventilaron en este debate. Acá se pone en juego la memoria de toda una localidad, el dolor y la reparación de cientos de personas, familiares, donde las consecuencias se expandieron por varias generaciones. El deber de este tribunal es inmenso. Todo un pueblo necesita que la justicia abra camino y rompa la impunidad de tanta tortura y dolor de décadas".

Asimismo, señalaron que la sentencia también "deberá reconocer la historia combativa y democrática de los obreros metalúrgicos de la lista Marrón, que fueron injustamente tildados de terroristas, para así encarcelarlos torturarlos y asesinarlos. Esos valerosos obreros fueron apoyados por todo un pueblo que los abrazó, que los acompañó y que fue masacrado por ejercer su derecho a la resistencia. Por ello, esta sentencia también deberá reconocer al valeroso pueblo de Villa Constitución", concluyeron. 

Los acusados en la causa son Roberto Pellegrini, Ricardo Torralvo, Oscar Giai, Roberto Squiro, Oscar Vessicchio, Juan Faccendini, Emilio Marciniszyn, Aldo Gradilone, Carlos Brest, Carmen Grossoli, Ricardo Burguburu, Juan Romero, Roberto Álvarez, Horacio Nardi, Juan Martínez, Jorge Lozano y Amadeo Chamorro.