Ni un día duró el estado parlamentario del proyecto enviado por el gobernador Gustavo Sáenz a la Legislatura provincial que tenía por objetivo quitar la obra social provincial a trabajdores de la administración pública provincial que se jubilaran, pasándolos al PAMI, y que además obligaba a recetar únicamente medicamentos genéricos a las personas afiliadas a la obra social del Instituto Provincial de Salud (IPS).
“Asumo el error de que en los considerandos no se haya explicado claramente el espíritu de este proyecto de ley… nunca estuvo en el espíritu quitarles la obra social”, dijo ayer Sáenz antes de finalizar su discurso en el marco de anuncios de disminución de presión fiscal para distintos sectores económicos. El gobernador introdujo su alocución buscando tranquilizar: “quiero decirles algo que quizás ha generado un poquito de angustia en ese sector al que amo profundamente que son los jubilados… quédense tranquilos”, dijo.
Dejó el peso del debate del proyecto y las modificaciones necesarias a la iniciativa legislativa a los legisladores provinciales.
Por su parte, la presidenta de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, Laura Cartuccia, adelantó a Salta/12 que hoy tiene prevista una reunión con el coordinador de Gabinete y ministro de Infraestructura, Sergio Camacho, a las 11.30.
Antes del discurso del gobernador, la legisladora, que es parte del bloque oficialista, había criticado la iniciativa. “Yo sinceramente no se quién lo asesoró al gobernador, creo que solamente a un afiebrado se le puede ocurrir hacerlo de esta manera porque entiendo que el gobernador está mal asesorado”, había declarado la diputada en diálogo con Radio Nacional Salta.
“En el Senado ninguno estaba de acuerdo con el proyecto y el resto de la gente, personas afiliadas al IPS y los que están prontos a jubilarse estaban con gran preocupación”, dijo a este diario el presidente de la Comisión de Salud del Senado provincial, Manuel Pailler.
Ayer, al momento del discurso del gobernador, empleados estatales realizaban asambleas en Casa de Gobierno para analizar el posible inicio de medidas de fuerza en toda la provincia en rechazo, sobre todo, a la posibilidad de perder la obra social provincial cuando se jubilen.
Un desfinanciamiento que busca solución
Entre tantas hipótesis que se manejaron sobre las motivaciones del proyecto de ley, una plantea que se buscó mostrar lo malo que podría ser para morigerar lo que realmente se busca decidir: un aumento en el porcentaje que cada afiliado paga por la obra social del IPS.
Durante su discurso, Sáenz mantuvo la atención sobre el problema de la obra social que continúa con déficit. El IPS fue intervenido en febrero, tras detectarse una deuda de 25 mil millones de pesos.
El gobernador apuntó a quienes ganan más y pagan poco o nada por la obra social, a las irregularidades de prestadores que cobran más de lo que implican sus prestaciones, o el incremento de medicamentos, cuyos precios subieron muy por encima de la inflación.
Cartuccia, por su parte, señaló en su momento entre los problemas algunos convenios con los prestadores del IPS.
“Sabemos que hay un desfasaje. Sabemos que hay un aumento en el costo de los medicamentos como así también empresas de salud que están facturándole de más o en exceso al IPS. Habrá que tratar de reorganizar un poco y de darle un mayor control a los gastos para optimizar los recursos y quizás aumentar quizás un punto al porcentual que pagan los empleados”, dijo Pailler por su parte.
En tanto, fuentes consultadas por Salta/12 sostuvieron que es imposible que una ley provincial modifique un convenio que se firmó hace unas tres décadas entre el Estado provincial y el nacional. Y que en caso de cambiar las reglas del juego, lo que debería hacerse para que los afiliados del IPS jubilados pasen a la obra social del PAMI, se debería modificar el convenio entre Nación y Provincia.
En segundo lugar, respecto a los genéricos, señalaron que si bien el artículo 2 de la Ley Nacional 25.649, modificada por el decreto 70/2023 (al que adhiere el proyecto del Ejecutivo salteño), indica que la receta debe ser con la denominación de la droga, el decreto 64/24 cambia el espíritu de esa disposición y permite que el médico siga prescribiendo la marca del medicamento.
Explicaron también las diferencias entre los pagos al PAMI y al IPS. Los estatales nacionales y trabajadores privados aportan (tanto empleado como empleador) un 9 por ciento en total para la obra social que usan en actividad, y hacen un aporte del 4.5 por ciento para el PAMI. Es decir, un total del 13.5.
A diferencia, los estatales municipales y provinciales, pagan al IPS un total del 12 por ciento. Al jubilarse, el aporte es de 4.5 por ciento al IPS. El aporte es menor aunque el gasto se incrementa.
“Ese es uno de los problemas del desfinanciamiento” de la obra social, explicaron. Pero se suma que, en las paritarias, además, el Estado suele dar aumentos no remunerativos ni bonificables y que por lo tanto no quedan comprendidos en el porcentaje que se aporta para la obra social del IPS. Esto sucede desde hace al menos dos décadas, y explicaría también las razones de desfinanciamiento de la obra social.
Sobre estas cuestiones en particular senadores y diputados se deberán reunir para buscar una alternativa que permita la recuperación del IPS frente a un déficit que parecería imparable.
