Un hábeas corpus colectivo en favor del reportero Pablo Piovano y de todos quienes se manifestaron manifestó el jueves frente al Congreso fue rechazado parcialmente por parte de la justicia ordinaria de la Capital. Sin embargo, la presentación realizada por la ONG Naturaleza de Derechos podría derivar en una causa penal porque así lo consideró la jueza Silvia Ramond en la resolución con la cual se declaró incompetente. Respecto de los derechos vulnerados a nivel colectivo remitió la denuncia a la justicia federal y sobre la posible comisión de un delito contra Piovano indicó que la Cámara del Crimen debe decidir al respecto.

El abogado Fernando Cabaleiro, coordinador de Naturaleza de Derechos y miembro del Colectivo de Artesanos del Derecho, interpuso el hábeas corpus colectivo “por el hostigamiento y el cercenamiento de la libertad ambulatoria, a través de disposición de fuerzas de seguridad que impiden el libre tránsito de centenares de personas que quieren ejercer su derecho constitucional a la protesta social contra la reforma previsional y laboral en el Congreso Nacional, reprimiendo con gases lacrimógenos y balas de goma en la Plaza Dos Congresos y en las inmediaciones, e inclusive procediendo en este preciso momento a requisas, cacheos y hasta detenciones arbitrarias e ilegales de manifestantes. También denunciamos que de la violación de esa libertad ambulatoria a través de la represión se ha reprimido y herido a periodistas que estaban tomando registro de la cacería humana por parte de las fuerzas del Estado”.

En tal sentido, el denunciante indicó que Pablo Piovano –periodista, fotógrafo reconocido internacionalmente– fue alcanzado por varios disparos de balas de goma. “Se trata de neutralizar, a través de este excepcional remedio constitucional, un proceder de hostigamiento y amedrentamiento represivo que se constituye en una modalidad estatal para implementar solapadamente ‘un estado de sitio de hecho’ suspendiendo de facto todas las garantías constitucionales ante la protesta social de la sociedad civil”, argumentó Cabaleiro. La jueza Ramond consideró que el ataque que sufrió el fotógrafo escapa a la órbita del hábeas corpus, destacó “la posible comisión de hechos ilícitos que lo damnificarían”, por lo cual determinó que corresponde que la Cámara resuelva qué juzgado deberá investigarlos.