Un cálculo reciente sobre el impacto del cambio de fórmula de la movilidad previsional, para el año 2018, indicaba que un jubilado con una retribución de 10 mil pesos a diciembre de este año, perdería en la suma de remuneraciones a recibir a lo largo del año, 6160 pesos. Con la fórmula vigente, terminaría el año acumulando ingresos por 138.390 pesos. Al ser reemplazada por el mecanismo de ajuste de la reforma previsional, percibiría una suma total de 132.230 pesos en 2018. La propuesta del bono compensatorio que ayer propuso el gobierno nacional, y conformó a los gobernadores, significa que le devolverán, por única vez, 750 pesos con los haberes de marzo. Eso significa devolverle apenas 12 por ciento de la pérdida: en vez de 6160 pesos, la reforma previsional le recortaría “tan sólo” 5410 pesos durante 2018. La reparación del derecho adquirido, al que aludió algún gobernador, no es tal. El bono no cambia la lógica del ajuste con la cual se promovió la reforma.
Si se mide en función del ajuste global sobre los haberes jubilatorios y de la seguridad social en general, la insignificancia del bono es aún mayor. De acuerdo con los cálculos más moderados, la reforma presupuestaria le amputa al pago de servicios sociales unos 70 mil millones de pesos al año. La estimación que ayer hicieron voceros del oficialismo es que “el costo fiscal” del bono asciende a 4000 millones. Es decir, sólo representaría la devolución del 5,7 por ciento de los 70 mil millones del recorte. Todavía más lejos de la compensación prometida.
La compensación a los jubilados por moratoria será apenas la mitad de las que se les reconozca a los jubilados con aportes a lo largo de su vida laboral activa. El bono que recibirán será de 375 pesos. Una proporción todavía inferior del recorte que les impondrá la reforma previsional.
