En el marco de una investigación iniciada hace un año, el fiscal federal Ricardo Toranzos imputó al empresario Adrián Antonio Vera por los delitos de "confabulación para la venta de estupefacientes, en concurso real con cohecho activo", al atribuirle participación en maniobras para el ingreso de drogas en la cárcel federal de General Güemes, donde cumplía su condena por el robo de caños en Aguaray en 2020. 

La imputación fue formalizada por el fiscal federal Toranzos y el auxiliar fiscal Ignacio Irigoyen, ante el juez federal de Garantías, Julio Bavio, el 29 de mayo pasado, a doce días de que Vera cumpliera la pena de 3 años y 8 meses de prisión por robo agravado y uso de documento falso o adulterado, por la sustracción de los caños. 

Esa condena fue dictada por el Tribunal Oral Federal N° 2 de Salta el 16 de diciembre del 2021, en el marco del juicio llevado adelante en su contra, y de otros empresarios y funcionarios públicos, entre ellos el por entonces intendente Jorge Enrique Prado, por el robo de caños del Gasoducto NEA, en el norte de la provincia.

Según la nueva imputación, durante su estadía en el Complejo Penitenciario Federal III NOA del Servicio Penitenciario Federal (SPF) en Salta, Vera planificó y organizó el ingreso de drogas. Toranzos también imputó en las maniobras a la pareja de Vera, Jazmín Valeria Borruto, y a un guardia que cumplía tareas en esa cárcel, Gustavo Adolfo Lazo.

Borruto fue imputada por cohecho activo, mientras que el penitenciario quedó imputado por confabulación, en concurso real con cohecho pasivo e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

Dado que las penas de los delitos son excarcelables, la fiscalía solicitó medidas de restricción dirigidas a velar la permanencia de los acusados en sus lugares de residencia, tales como visitas sorpresivas de control, su comparecencia a dependencias policiales y la prohibición de salir del país.

El fiscal explicó que la imputación surgió de una investigación iniciada el 7 de junio del 2024 contra un interno de esa cárcel, en la que también estaba involucrada su pareja y tenía como objeto el ingreso de droga y su venta interna.

Toranzos reveló que se intervinieron algunas líneas telefónicas, una de los cuales era usada desde adentro del penal. Entre los que hacían uso de ese teléfono, se identificó a Vera, quien mantenía comunicaciones con un abonado que resultó ser Lazo.

De las conversaciones surgió que el interno requería estupefacientes, producto de operaciones que el guardia realizaba bajo instrucciones de Vera, a cambio de lo cual recibía dinero.

Como ejemplo, el fiscal refirió una comunicación del 31 de mayo de 2024, en la que Lazo indaga a Vera por si había que “sacar algo” en esos días, y él le responde: “Mandé que compre algo para el lunes, eso mandame hoy, así mañana voy a hacer un poco de merca acá por el fin de mes”.

Estas conversaciones llevaron a la fiscalía a iniciar un legajo, con intervenciones directas a los teléfonos con los cuales se comunicaban, medida que, para la fiscalía, confirmó la relación de ambos y otras sospechas.

El 14 de junio del mismo año, un nuevo diálogo dejó en claro que Vera le hacía depósitos de dinero al guardia, quien nuevamente lo indaga sobre si “su gente” ya habría llegado, recibiendo como respuesta que sí y que estaría por establecer un “negocio” en Mendoza.

A su vez, el agente penitenciario le reclama por “servicios extras” que hizo. Vera, por otra parte, se muestra molesto por el excesivo fraccionamiento de la sustancia, lo que desata una discusión entre ambos.

Toranzos dijo que las conversaciones hacían referencia a lugares donde dejar la droga, para que luego el interno se hiciese de ella.

El fiscal explicó que Vera insistía en que el fraccionamiento tenía que hacerse en “por lo menos" tres partes y que lo debía hacer Lazo “en su casa”, pero el guardia se negaba a esto porque en su casa estaban su mujer y sus hijos.

La fiscalía detalló que las comunicaciones siguieron y siempre hacían referencia al posible arribo de personas que traían estupefacientes a la ciudad de Salta, la que debía ser recibida por el guardia para luego hacerla ingresar al penal, mientras que en el medio surgían tratos respecto a pagos por parte del recluso, o bien, la entrega de vehículos, celulares e incluso un terreno, ya que el guardia aludía que tenía deudas que quería comprar un terreno.

En las escuchas también se advirtió que Vera y Lazo discutían porque pedía un servicio “exclusivo” dentro del penal y que, sobre todo, no proveyera de teléfonos a otros internos, para de esa manera monopolizar el negocio.

Lazo siempre manifestó que operaba únicamente con Vera, quien a cambio llegó a hacerle 32 transferencias por una suma cercana a los siete millones y medio de pesos, lo que realizó a través de su pareja, cuya participación también surge de las conversaciones telefónicas.