El gobernador Miguel Lifschitz esperó unos días pero finalmente tuvo que hablar del Pacto Fiscal que firmó con el presidente Mauricio Macri y de la polémica Reforma Jubilatoria que el gobierno quiere volver a tratar en el Congreso mañana. Las declaraciones del mandatario santafesino llegaron después de la brutal represión del jueves frente al parlamento. Lifschitz aclaró que en ningún tramo del texto de compromiso fiscal que los gobernadores suscribieron con el presidente de la nación, figuraban los detalles de la quita a los jubilados. Y no falta a la verdad, pero él como el resto de los firmantes -se sabe, con la única excepción de Alberto Rodríguez Saa‑ conocían de antemano de dónde saldrían los 100.000 millones de pesos que irían a recomponer el Fondo del Conurbano para Buenos Aires, sin quitarle recursos a las provincias.
Pocas veces se asiste a una verdad rotunda en la política y generalmente esto ocurre en momentos de crisis. Esa verdad la pronunció el senador Miguel Pichetto en ocasión de darle media sanción al proyecto que contempla la modificación del cálculo de aumentos para los pasivos. Pichetto, sólo y señalado por todos como el gatillo que disparaba la medida más antipopular de los últimos tiempos, habló. Y dijo que le tocaba "la infausta tarea de votar esto". Pero también les dijo a los gobernadores que no se hagan los distraídos, que sabían lo que estaban firmando con el gobierno y que "nadie les puso un revolver en la cabeza" para que finalmente suscribieran el Pacto Fiscal.
El diputado santafesino del Frente Renovador Alejandro Grandinetti, fue el que más insistió para que se escuche la palabra de Lifschitz sobre el tema. "Tiene que aclararle a la población qué es lo que firmó y por qué", insistía el legislador del Frente Renovador que se pronunció en contra del recorte a los jubilados junto a toda su bancada. Una vez que el gobernador habló, Grandinetti no hizo ningún comentario. No hacía falta, Lifschitz ya se había sometido al veredicto popular sobre el tema esperando pagar los más bajos costos políticos.
Por eso el fin de semana el mandatario santafesino subió la apuesta y dijo por primera vez que estaba totalmente en contra de un descuento a los jubilados. El único diputado nacional que le queda al Frente Progresista también tuvo que hacer más de una declaración para que no haya confusiones. Quien conozca aunque sea un poco a Luis Contigiani sabía de antemano que no votaría jamás por un proyecto de esta naturaleza. Pero era tal la presión a los gobernadores que algunos pusieron en duda hasta dónde podría sostenerse el diputado santafesino.
Fue tal el detalle de la descripción de su accionar, que Contigiani aseguró que ni siquiera dudó sobre dar quórum o no esa agitada tarde en el Congreso donde debutaba como legislador nacional. No votaría a favor y tampoco se iba a sentar en su banca para el oficialismo se acercara al número mágico de 129 diputados sentados para dar comienzo a la sesión extraordinaria. Ahora sí, y después de todo este recorrido, Santa Fe quedó claramente alineada en el no la reforma jubilatoria. La más importante, la que el gobierno caracteriza como la madre de todas las reformas. Es importante recordar además que en el Senado ninguno de los representantes de la provincia votó por estas modificaciones que empobrecen aún más a los jubilados. María de los Angeles Sacnún votó en contra al igual que Omar Perotti. Carlos Reutemann no estuvo presente.
Hay sobrados motivos para que esta provincia no favorezca el avance de este ajuste nacional. Uno de ellos es el que difundió el flamante Movimiento Obrero Santafesino (MOS) que calculó en 9.000 millones de pesos el recorte en 2018 para el casi medio millón de jubilados que hay en la provincia, más los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo, más los ex combatientes de Malvinas. Pero ese dineral no sólo sale de los bolsillos de los antes nombrados sino que tampoco ingresa al mercado interno de la provincia transformado en consumo.
Con la excepción de los dirigentes santafesinos de Cambiemos, la reforma jubilatoria es rechazada por toda la provincia. Desde el primer al último gremio y de parte de todos los diputados y senadores. Para revertir en parte esta foto la conducción de Cambiemos Santa Fe se reunió para dar apoyo a la iniciativa de Macri. Alrededor de una mesa se juntaron el presidente del PRO santafesino Federico Angelini, el intendente José Corral, el titular de la UCR provincial Julián Galdeano. Estuvieron también los diputados José Núñez, Lucas Incicco, Albor Cantard, Gonzalo del Cerro y Gisela Scaglia. También el senador provincial Hugo Rasetto, los diputados provinciales Sergio Mas Varela y Alejandra Vucasovich y el flamante presidente del Concejo Municipal de Rosario, Alejandro Roselló. El ausente más notorio fue en este contexto Roy López Molina, el candidato más votado en Rosario en las últimas elecciones. Tampoco Anita Martínez apareció por la reunión después de ser señalada por su demora en renunciar como diputada nacional para asumir como concejala y posponer la asunción de su reemplazante Astrid Hummel que el pasado jueves no pudo sentarse en su banca para dar el quórum que quería el gobierno.
La línea argumental de los líderes santafesinos de Cambiemos es copiada de la nacional. Sostienen que los jubilados no van a perder plata y no van a resultar perjudicados y, por supuesto, alertan por la violencia que -aseguran‑ viene del lado de la oposición. Preferentemente del lado del kirchnerismo. Claro que es muy difícil de sostener porque si los jubilados no van a perder, ¿cómo es que el gobierno les sacará 100.000 millones de pesos? ¿En qué entendimiento eso no es perder?
El otro argumento, el de la violencia kirchnerista, empieza a complicarse. Primero porque hay oposición en vastos sectores del peronismo, segundo porque se sumó la CGT al rechazo y tercero porque hay amplios sectores de la Iglesia Católica que le han pedido por favor a los diputados que no voten esta exacción a uno de los sectores más vulnerables de la sociedad argentina.
