El Gobierno Nacional oficializó la semana pasada el marco regulatorio de los Productos de Inversión Colectiva de Cese Laboral (PICs). En otras palabras, la herramienta con la que buscan ponerle fin a las indemnizaciones por despidos arbitrarios. Especialistas ya alertan por la ilegalidad y temen que se multipliquen los despidos arbitrarios.
Con esta modalidad, que ya está habilitada para que negocie cada gremio en su sector, el trabajador podría aportar dinero de su salario todos los meses para su futura hipotética desvinculación.
Entrevistado por la 750, el abogado laboralista Gustavo Ciampa, asesor de la comisión de Legislación del Trabajo en la Cámara de Diputados, explicó que con esta medida el Gobierno pretende que no haya más protección ante el despido arbitrario.
Esta multa que se le imponía a las empresas ante los despidos injustificados –y no cualquier despido con causa– ahora busca que se cambie por fondos fiduciarios “a los efectos de que haya un sistema de despido libre”.
Para Ciampa, esta medida es, sencillamente, “inconstitucional”. “Porque las empresas no tienen derecho al despido sin causa. Es ilícito. Por eso se ordena proteger a los trabajadores”, sostuvo.
Y añadió. “Como es un acto ilícito, quien incurre debe reparar. Y tiene que ser cara, porque sino no hay disuasivo contra el despido. Porque para que haya protección contra el despido arbitrario, tiene que actuar como disuasivo”.
“Esto ya está en la ley bases, que habilita que se negocie en convenios colectivos. Todavía no está en ninguno y espero que no lo hagan. Porque se genera un riesgo para las empresas”, advirtió el abogado.
Además, puso el acento en que eso “incrementa los costos". ¿Por qué las empresas que no despiden van a tener que hacer aportes a cuenta de capitalización que administran cuatro vivos?”, se preguntó con indignación.
