¿Por qué individuos con fortunas personales, redes globales de contactos y trayectorias exitosas en el sector financiero internacional asumen cargos públicos en el Estado cobrando sueldos notablemente inferiores a sus ingresos habituales? La hipótesis de este trabajo es clara; la asunción de funciones públicas estratégicas podría no obedecer al compromiso cívico ni a una pulsión altruista, sino a una lógica de rentabilidad encubierta, legalmente opaca y políticamente corrosiva.

El presente artículo está apoyado en documentación filtrada (Paradise Papers), declaraciones patrimoniales, informes del FMI y la OCDE, así como legislación comparada. La metodología empleada es cualitativa y exploratoria, buscando ofrecer una visión de los mecanismos de captura del Estado por parte de élites financieras.

Tecnología de poder

Los centros financieros offshore no son simplemente locaciones geográficas exóticas donde se evade impuestos. Como sostiene Palan (2003), son formas específicas de estructuración de lo legal, lo fiscal y lo contable que permiten disociar al dinero de las relaciones de las que proviene. 

El dinero se vuelve anónimo, desvinculado de responsabilidades o beneficiarios. Esta cualidad estructural permite a los actores económicos operar simultáneamente dentro y fuera de las jurisdicciones nacionales; están legalmente presentes, pero físicamente ausentes. El caso paradigmático de Ugland House, en las Islas Caimán, con más de 18.000 empresas registradas en una sola dirección postal, es una prueba irrefutable de esta lógica.

A diferencia de los esquemas de corrupción tradicional -con sobreprecios, retornos o malversación-, este tipo de captura del Estado es técnicamente legal, pero esencialmente ilegítima y violatoria del principio de interés público.

Los territorios offshore funcionan como zonas de ambigüedad jurídica y política. Son enclaves legales cuya soberanía parcial les permite ofrecer “confianza jurídica” sin estar sometidos a los controles democráticos que rigen en los estados de derecho. En palabras de Hudson (1998), estos territorios son “espacios regulatorios”, no geográficos.

El secreto bancario, la opacidad accionaria, la inexistencia de impuestos sobre ganancias y la facilidad de constitución de sociedades los convierten en plataformas ideales para canalizar retornos de operaciones realizadas desde el Estado.

Este anonimato facilita a funcionarios sin escrúpulos, el cobro de comisiones por operaciones de deuda, colocaciones de bonos, swaps o instrumentos derivados, que podrían realizarse desde el Ministerio de Economía o el BCRA, y cuyos pagos se canalizarían fuera del país. La distancia regulatoria entre el lugar donde se toma la decisión y el lugar donde se paga la comisión (Isla de Man, Islas Caimán, Suiza, Delaware, etc.) es precisamente el corazón del sistema offshore.

Personajes

La presente sección identifica a los principales protagonistas del esquema de inserción financiera offshore desde el Estado argentino. La información aquí presentada surge del cruce entre registros públicos, investigaciones periodísticas (ICIJ, La Nación Data), documentos judiciales y filtraciones como los Paradise Papers y los Panama Papers.

*Luis Caputo: Figura en los Paradise Papers como administrador del fondo Noctua Partners LLC, con sede en Miami y ramificaciones en las Islas Caimán Noctua Partners. Esa sociedad controla a la subsidiaria Noctua Asset Management LLC, de Delaware, que es a su vez la controlante de Alto Global Fund, creada en las islas Caimán. Caputo no declaró esta relación patrimonial ni societaria en sus presentaciones ante la Oficina Anticorrupción. (Fuente: Paradise Papers, Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) y Süddeutsche Zeitung), La Nación, (5 de noviembre, 2017).

*Pablo Quirno: De trayectoria previa en JP Morgan, se desempeñó también como enlace técnico con fondos de inversión. Fue un jugador fundamental en llevar a la Argentina a niveles históricos de endeudamiento con el FMI, secundando a Luis Caputo en las negociaciones con el organismo internacional.

*Santiago Bausili: Presidente del BCRA. Socio de Caputo en Axis Inversiones, firma local que operó como intermediaria de deuda en la era Macri. Su historial en Deutsche Bank lo conecta con estructuras financieras globales que han obtenido ganancias mediante la adquisición de deuda argentina de corto plazo y tasas reales en dólares. A pesar de su cargo público, mantuvo lazos indirectos. La Justicia había dictado su procesamiento, pero una cámara de apelaciones revocó el fallo cinco días antes de asumir como presidente del BCRA. Ahora, Casación ordenó reabrir la causa.

*José Luis Daza: Paradójicamente amigo del presidente Hugo Chávez (La Nación, 27 de agosto de 2024) es ultraliberal. Ex J.P. Morgan y Deutsche Bank, funcionario en el Banco Central de Chile a comienzos de la década del 90, cofundó el fondo QFR Capital Management junto a Demian Reidel, actual titular del singular consejo de asesores del presidente Javier Milei. Daza operó desde Nueva York durante décadas como trader institucional. Su vinculación con diversos fondos es conocida en el mercado, y ha sido intermediario en colocación de deuda emitida en dólares.

Precursores: Alfonso Prat Gay y Daniel Marx, ambos con paso por el sector público y privado, con participación histórica en la emisión de bonos y programas de reestructuración de deuda. Los registros de Mossack Fonseca los vinculan a consultoras financieras domiciliadas en Bahamas y Uruguay. Aunque no ocupan cargos formales en la gestión de Milei, su influencia como referentes técnicos y lobistas de fondos extranjeros se mantiene vigente.

Las diferentes rutas de dinero vinculan actores con jurisdicciones opacas. En la práctica, las decisiones de política monetaria y fiscal adoptadas en Buenos Aires benefician a fondos radicados en Delaware, Luxemburgo, Isla Man, Islas Caimán o Zurich, donde se canalizan comisiones, retrocesiones o utilidades no declaradas. 

El mecanismo habitual consiste en estructurar emisiones de deuda que pagan altas tasas en dólares, cuya compra anticipada o bajo condiciones preferenciales se realiza a través de sociedades interpuestas. Las ganancias, en muchos casos, son luego legalizadas mediante dividendos simulados, reinversiones cruzadas o fideicomisos offshore.

El carry trade

El carry trade aparece como una herramienta de especulación financiera que permite a inversores extranjeros obtener altos rendimientos en moneda dura a partir de diferenciales de tasas de interés. 

En la Argentina, esta estrategia ha sido funcional a los intereses de grandes fondos de inversión internacionales, habilitada por políticas monetarias orientadas a sostener arbitrajes de tasas y monedas elevadas en dólares, garantizar la libre movilidad de capitales y ofrecer una expectativa de tipo de cambio controlado a corto plazo.

Oportunamente, estos mecanismos no solo habilitaron la entrada especulativa de capitales, sino que se convirtieron en una fuente de déficit cuasifiscal que desestabilizó estructuralmente la política monetaria.

La existencia de una arquitectura jurídica tolerante al ingreso y egreso irrestricto de capitales, sumada a la complicidad política y al diseño regulatorio hecho a medida de estos operadores, convirtió al carry trade no en un fenómeno de mercado, sino en una auténtica política de Estado orientada a favorecer intereses. A esto se suma la ausencia deliberada de políticas de trazabilidad financiera, el desmantelamiento de la UIF y la laxitud de la CNV.

La legitimidad de estas operaciones radica no en su legalidad formal, sino en el uso estructuralmente desviado de herramientas públicas para la generación de renta privada concentrada. Así, el carry trade se convirtió en una estrategia de saqueo de las reservas internacionales, donde el Estado cumple el rol de garante de ganancias blindadas.

Ganancias invisibles

Uno de los elementos más difíciles de rastrear en las prácticas de captura financiera del Estado argentino es la canalización de retornos económicos personales por parte de los funcionarios. 

Estos ingresos, lejos de ser percibidos como sueldos u honorarios visibles, operan en un plano informal, aunque altamente estructurado. La lógica del offshore permite que dichas ganancias no dejen rastros contables ni tributarios, y se manifiesten como dividendos, reintegros, consultorías ficticias o beneficios indirectos en sociedades y fideicomisos con sede en el exterior.

El pago de comisiones o “fees” por estructuración de deuda, por asesoramiento financiero, por colocación anticipada de bonos, o por intermediación con fondos internacionales, no se realiza en el país. Se canaliza a través de fiduciarias, trusts, cuentas numeradas o sociedades anónimas radicadas en paraísos fiscales. Estas sociedades -a menudo constituidas con sustitutos, “proxies” o estructuras jurídicas opacas- reciben los fondos como parte de supuestas transacciones legítimas, protegiendo al beneficiario final.

Un mecanismo frecuente consiste en que el funcionario actúe como facilitador de la operatoria de un fondo, que accede a bonos emitidos por el Estado argentino. Luego, una sociedad offshore vinculada al funcionario emite una factura por “consultoría financiera” al fondo o a un intermediario. El pago se realiza fuera del país, muchas veces en forma de pago escalonado o por medio de triangulación con otras jurisdicciones como Suiza, Luxemburgo o Panamá.

Los instrumentos utilizados suelen incluir:

  • Trusts revocables e irrevocables en Nueva Zelanda y Belice.
  • Cuentas fiduciarias administradas desde Suiza o Bahamas.
  • Sociedades LLC en Delaware o Nevis.
  • Fondos paraguas con múltiples compartimentos en Luxemburgo.

El uso de redes de abogados, bancos privados y despachos contables especializados en planificación fiscal es clave para operar estos entramados. En muchos casos, estas estructuras están diseñadas para que el beneficiario último no figure ni siquiera en los registros internos, recurriendo a mecanismos como “letter of wishes” o “beneficiarios contingentes”.

Conflicto de intereses

La apropiación del aparato estatal por parte de actores con intereses financieros personales presenta una forma sofisticada de corrupción; no se trata de gratificaciones explícitas ni de irregularidades evidentes, sino de lo que se denomina corrupción técnica. 

Esta forma de corrupción es más difícil de detectar, sancionar y, sobre todo, de visibilizar socialmente. Su mecanismo principal es el conflicto de intereses entre el rol público formal del funcionario y su rol privado, latente o activo, en estructuras de inversión conectadas con el Estado.

La figura del funcionario-inversor, o del gestor público con intereses privados encubiertos, subvierte la lógica republicana. El conflicto de intereses, aunque muchas veces no tipificado como delito penal, constituye una violación ética grave y una amenaza a la transparencia democrática. Más aún, en contextos donde los sistemas de control interno han sido debilitados -como ocurrió con la Oficina Anticorrupción durante el macrismo y bajo la actual gestión libertaria-, este tipo de conflictos se podrían institucionalizar.

Las leyes de ética pública en Argentina son notoriamente laxas o inefectivas. La obligación de presentar declaraciones juradas no impide la ocultación de sociedades en fideicomisos ciegos, vehículos offshore o cuentas de familiares. 

La captura del Estado por estos actores no necesita operar al margen de la ley; opera a través de la ley. Los decretos que desregulan el mercado de capitales, los marcos normativos que permiten libre entrada y salida de capitales, las emisiones de deuda hechas por colocación directa a ciertos fondos, todo esto constituye una arquitectura legal pensada para maximizar las rentas de unos pocos. El marco legal se convierte así en la coartada perfecta.

En este sentido, la corrupción técnica se convierte en estructural; no depende de la voluntad de un funcionario corrupto, sino de una matriz institucional diseñada para beneficiar a quienes tienen el conocimiento, el acceso y las redes para operar desde dentro del Estado. El sistema offshore no es una anomalía externa, sino una herramienta integrada al núcleo del poder económico y político.

Esta forma de corrupción, más sutil y más devastadora, se manifiesta en políticas públicas regresivas, pérdida de reservas, endeudamiento acelerado, fuga de capitales y empobrecimiento social. La legitimidad democrática se erosiona cuando el Estado se convierte en una plataforma de negocios privados en vez de un instrumento de representación colectiva.

Este fenómeno exige ser abordado desde una perspectiva estructural que reconozca el carácter sistémico del problema. Proponemos una batería de reformas para recuperar el control democrático y la transparencia institucional:

  1. Reforma profunda de la Ley de Ética Pública: prohibición explícita de vínculos con estructuras offshore, obligatoriedad de informar beneficiarios finales y creación de una unidad autónoma de verificación patrimonial.
  2. Trazabilidad internacional obligatoria: adhesión a convenios de intercambio automático de información fiscal y financiera con cláusulas espejo en cada emisión de deuda pública.
  3. Creación de un Registro Nacional de Beneficiarios Finales: integrado por AFIP, UIF y CNV, que incluya sociedades locales y extranjeras con operaciones en Argentina.
  4. Sistema de auditoría externa e independiente para toda emisión de deuda pública: con participación de universidades, organismos multilaterales y organizaciones de la sociedad civil.
  5. Prohibición de ejercer funciones públicas a quienes hayan sido beneficiarios directos o indirectos de fondos con sede en paraísos fiscales durante los cinco años previos a su designación.

Estas medidas no garantizan por sí solas el fin de la captura del Estado, pero representan un umbral mínimo de institucionalidad para evitar que la lógica offshore continúe drenando recursos, erosionando legitimidades y degradando el tejido democrático.

Mientras tanto, es deber de la comunidad académica, de los medios de comunicación y de la ciudadanía exigir transparencia, rendición de cuentas y control sobre aquellos que, escudados en tecnicismos, podrían convertir la gestión pública en un negocio privado.

*Director de Fundación Esperanza. Máster en Política Económica Internacional, Doctor en Ciencia Política y autor de 6 libros.