Asistimos a una situación de caos constante y creciente que vacía el sentido de lo político en tanto experiencia y práctica colectiva de transformación, que deja al sistema democrático en una peligrosa deriva. Ello exige de nuestros mejores esfuerzos para desentrañarla.

El desafío, a la hora de un análisis posible, es tener la capacidad de volver a los pensadores que en el pasado cercano advirtieron esta situación y poder, también, comprender las singularidades del presente. Esta comprensión del presente y el retorno a pensadores críticos se vuelve aún más crucial al observar casos concretos donde la excepción ha iniciado un proceso de institucionalización.

La sentencia en el caso Vialidad que dio lugar a la proscripción de Cristina Fernandez de Kirchner y la causa en la cual ésta se enmarca, están plagadas de irregularidades y atravesadas por la temible lógica del lawfare: pruebas sin sustento, pericias ignoradas, tiempos procesales manipulados y vínculos inaceptables entre funcionarios judiciales y dirigentes políticos.

No se trata sólo de la ex presidenta. Ella misma lo dijo cuando en 2022 realizó su exposición de defensa: “Ellos necesitan dirigentes disciplinados, funcionarios y funcionarias que hagan lo que el poder real quiere”. Y agregó: “Esto no es un juicio a Cristina Kirchner, es un juicio al peronismo, a los gobiernos populares”.

Es decir, lo que está en juego es el principio republicano que garantiza que en democracia los liderazgos se consagran en las urnas, no en los tribunales. Y esto no es un asunto abstracto: se trata, concretamente, de que los ciudadanos y ciudadanas dejamos de ser iguales ante la ley y que nuestra democracia queda, en los hechos, anulada. Incluso, que la ley puede suprimirse en función de los caprichos de un presidente, un ministro o una ministra.

Ese estado de excepción tiene, además de consecuencias jurídicas, efectos políticos y económicos palpables. La democracia deviene herramienta frágil, subordinada a las decisiones de sectores concentrados. La paradoja es que quien realiza esta entrega es un gobierno constitucional.

Las consecuencias a mediano y largo plazo son impredecibles, pero la gravedad se materializa cuando este estado de excepcionalidad muestra su cara plutocrática: si sectores concentrados son los que ejercen el poder, se desnaturaliza el sentido de las leyes y se avasalla la democracia. Lo más preocupante es que el Gobierno no intenta disimular su deriva autoritaria: la exhibe cual marca que lo define.

Desde el punto de vista jurídico, las características esenciales del estado de excepción son su provisionalidad, excepcionalidad y regulación, lo que permite su uso controlado en situaciones extraordinarias. Estas características, sin embargo, son fundamentales para mantener el equilibrio entre seguridad y derechos humanos.

Carl Schmitt, Walter Benjamin y Giorgio Agamben exploraron el vínculo entre excepcionalidad, violencia y soberanía, cada uno en diferentes momentos del siglo XX, pero a la vez, recorriéndolo en toda su extensión.

Para el primero, el estado de excepción es un “concepto límite” crucial para la comprensión de la soberanía, ya que este estado no emana de una norma preexistente, sino que es un acto fundacional que, por esto, define la soberanía misma. En el mismo sentido, Benjamín propone la idea de la “excepción como regla”, sugiriendo que el estado de excepción es la norma.

Retomando esta idea, Agamben postula que esta normalización conduce a una “guerra civil legal”, donde el estado totalitario moderno instaura un marco legal para el conflicto interno, desdibujando las líneas entre la paz y la guerra, y entre el derecho y la anomia.

Nos atraviesa una época en la que la excepcionalidad se ha transformado en orden. En consecuencia, la democracia es un campo sinuoso donde las reglas devienen lábiles, se habilita la reinscripción constante de los contratos y acuerdos y –lo que es peor– la posibilidad de desconocerlos cuando esa “operación” resulte funcional a lo que el poder desea.

De algún modo, esta lógica remite a aquella idea de “concepto límite” que Schmitt profundizó, pero con las dinámicas propias de una época caracterizada por la evanescencia (y omnipresencia) de una cultura digital en la que la ciudadanía ya no se encuentra en el espacio público sino en las redes sociales. Esa dinámica ya era advertida en el siglo pasado, pero en el presente se vuelve a reeditar como desafío.

La Constitución Nacional Argentina establece mecanismos para enfrentar crisis que amenazan el orden constitucional, regulando el estado de sitio, la intervención federal y los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) introducidos en 1994, que son excepcionales y deben ser aprobados por el Congreso. Su uso ha aumentado, generando preocupación por la concentración de poder.

El derecho internacional determina principios para la aplicación de medidas excepcionales, buscando prevenir abusos y proteger derechos fundamentales. Las medidas deben ser legales, proclamadas públicamente y notificadas a otros estados; tener un límite temporal y abordar amenazas reales, siendo proporcionales y no discriminatorias. Hay derechos no derogables, que no pueden suspenderse, como el derecho a la vida y la integridad personal.

Lo que acontece en nuestro país tiene un correlato directo con algunas democracias mundiales, cuyos liderazgos se están reconfigurando con poderes autoritarios apoyados por poderes económicos. Con sus diferencias, la radicalización de las derechas muestra una enorme capacidad de cohesión, con políticas recesivas y represivas que se repiten en diversos países, o evidenciando un claro desinterés por la legitimidad democrática, poniéndola en crisis, sin eufemismos, mediante sobornos, aprietes, vetos, proscripciones.

Sin embargo, esas estrategias que buscan erosionar los sistemas democráticos como parte de un plan conservador de inédita dureza, son percibidas por vastos sectores de la ciudadanía como movimientos contrahegemónicos. Y, de manera preocupante y paradójica, se visualiza a los partidos históricos como defensores del status quo.

Es urgente entonces reconocer que el sistema democrático, tal como lo conocíamos desde comienzos de los años ochenta, tras el período dictatorial más sangriento de nuestra historia, se encuentra a la deriva, sin claves para comprender su lógica actual.

Las reglas del juego se modificaron: las derechas ultraliberales establecieron nuevos paradigmas para triunfar en un mundo caracterizado por el caos, la plutocracia y un estado de excepcionalidad necesario para su hegemonía. Estos sectores necesitan de la democracia para escalar en el poder pero no llegan a gobernar con intención de sostener el sistema democrático sino de implosionarlo.

Está en juego no sólo la construcción de una nueva soberanía. También la resignificación de los discursos y las prácticas capaces de otorgarle un nuevo sentido a la mirada que las mayorías posan sobre el sistema de representación.

La recuperación de la democracia requiere la recuperación de la credibilidad. Esto implica una militancia constante en los territorios, un ojo sensible, un oído atento, una capacidad de confrontación desde las ideas y las emociones. La política debe ser territorio que contenga, sostenga y amplifique las demandas sociales, capaz de crear un sentido de pertenencia. De ese modo la Patria deja de ser un concepto abstracto y se convierte en espacio de sentido.

La historia nos ha dado lecciones valiosas, como las luchas que se libraron en la Argentina a favor de un proyecto democrático de Estado nación solidario, equitativo y distributivo, que nunca desconoció los principios básicos de la democracia liberal y sus garantías sino que los profundizó y les dio anclaje y carnadura en la trama social.

Las claves de la nueva época en medio del caos y la deriva de la exceṕcionalidad no son casuales, son parte de un proyecto concreto de poder. En medio de un modelo de ruptura institucional, de individualismo extremo y demolición de derechos conquistados, reconocer nuestras voces, nuestras prácticas, nuestras conquistas, la historia a la que pertenecemos volverá sin dudas a ser parte del gran desafío de la lectura del presente y materia de resistencia y sostén hacia el futuro.