El allanamiento en el Edificio Libertad fue ordenado por el juez federal Sergio Torres en el marco de una causa abierta tras una denuncia presentada el viernes último por la diputada oficialista Elisa Carrió contra ex ministros de Defensa del gobierno de Cristina Kirchner. El operativo lo realizó la división de la Policía Federal que investiga delitos vinculados al lavado de activos y alcanzó también a la empresa Ferrostaal Argentina, ubicada en el centro porteño.
Los procedimientos se realizaron en busca de documentación vinculada con las contrataciones de las empresas que se encargaron de la reparación de la flota de mar y submarinos, entre ellos el ARA San Juan. En su denuncia, Carrió sostuvo que tenía información "para sostener no sólo que esas contrataciones no se ajustaron al procedimiento administrativo reglado, sino que además el personal militar a cargo de las mismas posiblemente haya incurrido en conductas ilícitas".
Los funcionarios acusados por Carrió fueron los ex ministros de Defensa y actuales diputados nacionales del FpV-PJ Agustín Rossi y Nilda Garré, como así también el ex ministro Arturo Puricelli, a quienes les endilgó los presuntos delitos de "asociación ilícita, defraudación contra la administración pública, cohecho, malversación de caudales públicos, violación de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad".
El arreglo “de media vida” del submarino ARA San Juan comenzó a fines de 2008 y terminó en mayo de 2014, cuando la nave fue trasladada desde el astillero Almirante Storni, del Complejo Industrial y Naval Argentino (Cinar), hacia Mar del Plata. Entonces se inició el período de pruebas hasta octubre de 2015, cauando Tandanor, la empresa encargada de la reparación, hizo la “entrega parcial” del submarino a la Armada. Luego empezó la “etapa de garantía”, que duró seis meses hasta la entrega definitiva, que se concretó en 2016, ya durante el gobierno de Cambiemos.
En diálogo con PáginaI12, el presidente del bloque Frente para la Victoria de la Cámara baja, Rossi, aseguró la semana pasada que la denuncia “es una maniobra para desviar la atención" de las sesiones en el Congreso en las que finalmente se votó el ajuste a los jubilados. Explicó que la presentación judicial es "incoherente” y se basa en un supuesto informe del 2016, por lo que también en la denuncia se debería incluir a los ministros Julio Martínez y Oscar Aguad, nombrados por el presidente Macri, por haber omitido la información y permitir que el navío saliera a flote.
Además, el ex ministro de Defensa y hoy diputado nacional dejó a la firma un ambicioso contrato con la empresa Invap para potenciar naves de la Marina, incluido el submarino ARA San Juan, pero el gobierno de Macri nunca lo concretó tras el cambio de gobierno.
