El debate sobre la justicia fiscal volvió a estar en la agenda nacional con la propuesta de gravar las grandes fortunas, actualmente en tratamiento en la Cámara de Diputados. La medida apunta a la cúspide de la pirámide social: los denominados súper ricos. Presentada como un intento de reequilibrar la recaudación federal, la iniciativa enfrenta la resistencia de la mayoría de los diputados.
Un informe técnico publicado por la Fundación Getúlio Vargas (FGV) a comienzos de 2024 detalló quiénes son los súper ricos brasileños. Divididos en tres grupos, entre ellos se encuentran los millonarios que integran el 0,01% más rico, quienes en ese momento declaraban ingresos mensuales superiores a 2,1 millones de reales.
En el otro extremo, la Encuesta Nacional por Muestra de Hogares Continua (Pnad Continua) de 2024 señala un ingreso promedio nacional de 3.057 reales mensuales, cifra que representa lo que gana el 95% de la población brasileña.
Además de apuntar a los súper ricos, la reforma en debate también propone aumentar la carga impositiva sobre sectores poco gravados y altamente lucrativos, como el agronegocio y las casas de apuestas online. Sin embargo, el avance de la propuesta enfrenta fuertes presiones en contra y pierde impulso frente a las maniobras políticas que promueven recortes en salud, educación y asistencia social.
Congreso blanco y millonario protege sus propios intereses
Para el Observatorio de la Blanquitud, en Brasil, la resistencia histórica a gravar a los más ricos es resultado directo de la composición social y económica de quienes toman las decisiones. Datos del Tribunal Superior Electoral (TSE) indican que más de la mitad de los 513 diputados federales son millonarios.
Entre los diez parlamentarios con mayor patrimonio declarado, todos son varones blancos. Del total de 594 congresistas, el 70% se autodeclara blanco. Solo el 6% se identifica como negro y el 21% como pardo.
Ese perfil tiene un impacto directo en las prioridades del Poder Legislativo. “Estos parlamentarios conviven con el lobby formal de los sectores económicos más poderosos”, señaló el Observatorio de la Blanquitud. Para el colectivo, la cercanía social entre los congresistas y las élites económicas refuerza la defensa de intereses privados en detrimento del bien común.
La carga tributaria en Brasil se basa mayoritariamente en impuestos al consumo, lo que castiga con mayor dureza a quienes menos ganan. Esa estructura afecta de manera desproporcionada a la población negra, de las periferias, indígena y quilombola, según explica el Observatório.
“Lo básico, la supervivencia y la alimentación se ‘comen’ gran parte del ingreso de estas poblaciones, mucho más que en el caso de quienes están en los escalones superiores de la pirámide social”, señala la iniciativa.
Esa desigualdad también se manifiesta en distorsiones raciales: los hombres blancos que integran el 1% más rico del país tienen más ingresos que todas las mujeres negras de Brasil, grupo que representa el mayor segmento de la población. Además, la falta de progresividad en el sistema tributario impide que los recursos recaudados lleguen con fuerza a los servicios públicos, de los que esta población depende con mayor intensidad.
La presión popular enfrenta barreras estructurales
La sociedad civil intenta incidir en el debate fiscal mediante su participación en audiencias públicas y campañas de movilización. Sin embargo, las condiciones para ejercer presión no son equitativas. “No tenemos cómo presionar en igualdad de condiciones con los sectores de la élite blanca”, señalan los analistas del Observatorio de la Blanquitud.
Grupos empresariales que serían directamente afectados por la reforma, como el agronegocio, el sector financiero y las casas de apuestas, siguen teniendo acceso privilegiado a los parlamentarios. Muchos de estos sectores cuentan con representantes directos en el Congreso o actúan de forma permanente en los pasillos del poder legislativo.
En este escenario, la propuesta para gravar grandes fortunas sigue estancada. Y al mantener intacta la estructura vigente, el Congreso reafirma una decisión política: preservar los intereses de quienes ya concentran la riqueza, incluso a costa del empeoramiento de las condiciones de vida de la mayoría.
Publicado originalmente en: almapreta.com.br
