Desde Barcelona
El día después de las elecciones en Cataluña fue agridulce para todos, excepto para el Partido Popular (PP), al que le resultó decididamente amargo. El triunfo de Ciudadanos tanto en votos como en escaños supuso el auge de quienes pugnan por una España unida pero, al mismo tiempo, la mayoría absoluta en el Parlamento regional obtenida por la suma de las tres formaciones independentistas confirma que la hoja de ruta hacia la secesión sigue en pie, aunque con nuevos obstáculos de por medio.
El partido del presidente Mariano Rajoy no tiene nada para festejar tras unos comicios que lo dejan con el peor resultado en Cataluña de su historia. Con solo tres diputados –frente a los once que tenía–, el grupo liderado por Xavier García Albiol se quedó en un lugar relegado dentro del bloque constitucionalista y la futura toma de decisiones en una legislatura que puede resultar decisiva para el futuro de la región y su relación con el Estado. ¿La causa de una caída tan abrupta? Posiblemente la estrategia de intervenir la autonomía de Cataluña con el artículo 155 de la Constitución impulsado por el PP con el apoyo de los socialistas y Ciudadanos.
En sus primeras declaraciones para valorar los resultados de las elecciones del jueves, Mariano Rajoy reiteró su intención de que las medidas implantadas con el artículo 155 se levanten una vez que se haya formado el nuevo Ejecutivo catalán, tal y como establece el acuerdo del Senado. Para entonces, el primer mandatario español ofrece una voluntad de “colaboración constructiva y realista para generar un nuevo marco de certidumbre y seguridad”. El líder del Partido Popular se mostró dispuesto a dialogar con el futuro gobierno de la Generalitat, siempre que “abandone las decisiones unilaterales” porque, según dijo en la rueda de prensa, “a partir de ahora hay muchos objetivos y uno muy importante es intentar superar la fractura entre los ciudadanos, que incluso ha llegado a las familias”.
El “esfuerzo para mantener diálogo” que aseguró que hará el jefe del Ejecutivo español llegaba unas horas después de que el ex –y probablemente nuevo– presidente de Cataluña, Carles Puigdemont, le lanzara una propuesta desde Bruselas para reunirse en cualquier lugar que no sea España a fin de negociar sin condiciones. “Tras constatar el fracaso de su receta, es hora de política”, sentenció el president cesado desde su refugio belga, donde ayer celebró unos resultados electorales que le concedieron 34 diputados y el primer lugar dentro del bloque independentista.
“Tenemos el derecho a restituir lo que el Gobierno español ha alterado abruptamente”, apuntó Puigdemont al pedir garantías para poder ser investido como presidente de la Generalitat y formar gobierno con los consellers en la cárcel o en Bruselas. Su partido, Junts per Catalunya, necesita el voto a favor de Esquerra Republicana (ERC) y la abstención de la CUP para ganar el debate de investidura y recuperar su sillón de presidente de la región. El portavoz de ERC, Sergi Sabrià, anunció en una radio local a la mañana siguiente de los comicios que desde su formación se apuesta por formar un Govern de concentración con las fuerzas independentistas, incluida la CUP, que perdió seis diputados en la votación del jueves.
Sin embargo, la ganadora de las elecciones catalanas, Inés Arrimadas, no está muy convencida de ese acuerdo que las formaciones secesionistas anuncian para constituir Gobierno. “Que nadie saque conclusiones precipitadas”, advirtió la número uno de Ciudadanos en Cataluña. “Los conozco y pongo en duda que vayan a ser capaces otra vez de llegar a un acuerdo”, expresó ayer en una entrevista radiofónica, apelando a las supuestas rivalidades entre los dos mayores líderes independentistas por el lugar de president, así como a las históricas divergencias que existen entre ERC y el grupo de Puigdemont. Arrimadas, de todos modos, tiene muy complicado convertirse en la jefa del Ejecutivo catalán aunque las urnas le hayan otorgado la mayoría de escaños y de votos. Ciudadanos necesitaría recabar el apoyo de los comuns –la coalición entre el partido de Ada Colau y Podemos que obtuvo solo ocho diputados– y una abstención de la CUP para poder formar gobierno, algo que ninguna de estas formaciones de izquierda está dispuesta a hacer.
Pero a diferencia de procesos electorales anteriores, los de este 21 de diciembre plantean no solo un problema de aritmética política para implantar el nuevo Ejecutivo sino también un serio problema judicial. El segundo candidato más votado y líder del bloque independentista que obtuvo la mayoría absoluta, Carles Puigdemont, permanece desde hace casi dos meses en Bélgica huido de la Justicia. Sobre él pesa una orden nacional de busca y captura que supone su inmediata detención al pisar suelo español, por lo que si viaja para recoger su acta de diputado, ingresará en una celda y pasará a disposición del juez del caso, el magistrado del Tribunal Supremo, Pablo Llarena.
En situación igualmente complicada se encuentran el cabeza de lista de ERC, Oriol Junqueras, en una prisión madrileña desde hace 50 días; el líder soberanista Jordi Sànchez, número dos de JxCat; o Joaquim Forn, también candidato y ex consejero catalán de Interior. Todos ellos se hallan en prisión preventiva pero sus defensas evalúan la posibilidad de plantear el hecho de haber sido electos en estos comicios como argumento relevante para una atenuación de la medida cautelar. El magistrado Pablo Llarena tiene margen para tomar una decisión, ya que el Parlamento no se constituirá hasta enero y recién el 4 de este mes se prevé el estudio de la petición de Oriol Junqueras y el día 11 una nueva declaración de Sànchez y Forn.
La ofensiva judicial hacia el proceso independentista, mientras tanto, sigue su curso y ayer por la mañana, pocas horas después del escrutinio, el juez del Tribunal Supremo hacía público un auto en el que imputa en la causa por rebelión–la misma que pesa sobre los ex miembros del gobierno catalán y los dos líderes de las plataformas secesionistas–a la secretaria general de ERC, Marta Rovira, y al ex president de la Generalitat Artur Mas, así como al resto de dirigentes del “procès” a los que señala la Guardia Civil en un informe como quienes “diseñaron, orientaron, dirigieron y controlaron la implementación de sus planes para la creación de un estado soberano y quienes movilizaron los recursos humanos y materiales para ello”.
