Paraguay infanticida: cuando la impunidad es ley

Este 2 de septiembre se cumplieron 5 años del crimen de Lilian Mariana y María Carmen Villalba, niñas de 11 y 12 años asesinadas cruelmente por la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC), integrada por policías y militares paraguayos. El presidente de entonces, Mario Abdo Benitez, hijo de quien fuera secretario del dictador Alfredo Stroessner, pretendió presentar a las niñas como peligrosas guerrilleras, publicando entre otras declaraciones un tuit que decía: “Hemos tenido un operativo exitoso en contra del EPP. Luego de un enfrentamiento, dos integrantes de este grupo armado han sido abatidos”.

El gobierno paraguayo replicó así las enseñanzas de la guerra contrainsurgente de Colombia, en la que se presentaban “falsos positivos”, provocando simulaciones de triunfos militares que se sostenían con los cuerpos de jóvenes ejecutados extrajudicialmente, a los que se los nombraba como rebeldes abatidos. En este caso, vistieron a las niñas con uniformes militares, las fotografiaron, luego quemaron los uniformes y las enterraron, dando la información sobre el éxito del “operativo militar”. Fue necesaria la intervención de la familia Villalba, y de personas solidarias de distintos países, para que se estableciera la verdad: No eran guerrilleros/as. ¡Eran Niñas!

A cinco años de ese crimen la impunidad continúa. A pesar de las presentaciones judiciales en el país, en la ONU, en la CIDH, en distintas instancias internacionales, no hay un solo responsable del crimen que haya sido sancionado. Por el contrario, los militares y policías que intervinieron en el “operativo”, participaron como testigos en el juicio realizado contra Laura Villalba, mamá de María Carmen, quien había acompañado al grupo de niñas y niños hasta Paraguay para que conocieran a sus padres, integrantes de la guerrilla del EPP. Laura vivía en esos momentos en Puerto Rico, Misiones, con su familia, que había tenido que refugiarse en Argentina por la persecución del gobierno de Paraguay, y trabajaba allí como enfermera.

La Gremial de Abogadas y Abogados hizo distintas presentaciones internacionales por la familia Villalba, y en este caso hizo un pedido de investigación ante el Comité de Derechos del Niño de la ONU. En las conclusiones de esta investigación realizada por Naciones Unidas, se establece que el estado de Paraguay es responsable del asesinato de María Carmen y Lilian Mariana Villalba. Sin embargo, el gobierno, la justicia, no investigaron el hecho, y por el contrario lo que hicieron fue criminalizar a sus madres. Actuó como lo que es: un estado infanticida, patriarcal, misógino, que pretende castigar a toda la familia Villalba, con el crimen de las niñas, y la desaparición de Lichita, de 14 años. En Argentina sabemos de esos modos de represión, ya que en la dictadura fueron desaparecidos/as cientos de niños/as, hoy ya adultos/as a quienes seguimos buscando. El objetivo es desmoralizar a quienes están luchando, y disciplinar por miedo a todas la sociedad.

Una familia perseguida por su militancia política

Cuando las niñas viajaron con Laura a Paraguay para el encuentro con sus padres, para ejercer su derecho a la identidad, se inició la pandemia y se cerraron las fronteras. Por eso no pudieron regresar como pensaban hacerlo, las niñas a continuar sus estudios, y Laura con su trabajo. El grupo familiar entonces improvisó el campamento donde fueron identificadas por las FTC y asesinadas las dos niñas primero, y dos meses después, fue desaparecida Carmen Elizabeth Oviedo Villalba (Lichita), de 14 años en ese tiempo, a quien seguimos buscando hasta el día de hoy. Lichita es hija de Carmen Villalba, presa política comunista, quien ya cumplió su condena pero la siguen reteniendo en prisión, inventando causas para ese fin. A Carmen en el año 2010 le asesinaron a su hijo Néstor, de 14 años, fumigándolo en las calles de Formosa, Argentina, donde vivía la familia huyendo de la persecución.

El 23 de diciembre del 2020, Laura fue detenida y se la acusó de ser enfermera del EPP. Con ese cargo fue juzgada, y se la condenó a una pena absurda de 31 años de prisión. Es la única persona presa por el crimen de las niñas. El objetivo está claro: es la principal testigo del operativo criminal. La quieren callar, aislar, torturar. Recientemente, la Corte Suprema de Injusticia de Paraguay ratificó la condena.

En octubre de 2024, Laura fue trasladada junto a Carmen, su hermana, y Francisca Andino, compañera de prisión de Carmen, a la penitenciaría de Minga Guasú, en un régimen de absoluto aislamiento y tortura. A partir de entonces, a quienes integramos la Campaña Internacional de Solidaridad con la Familia Villalba, se nos hizo sumamente difícil poder acceder a las visitas. Cada una fue de una complejidad especial. Reciertemente, volvieron a trasladarlas con violencia, en este caso a la cárcel de alta seguridad de Emboscada.

El 27 de agosto pasado logré verlas nuevamente después de tres meses que no lo autorizaban. La visita costó varios meses de gestiones, dado que el gobierno de Paraguay exigió una cantidad increíble de condiciones, como que la carta de autorización del organismo de derechos humanos, en este caso la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, estuviera refrendada por escribano público, y apostillada por la Cancillería Argentina. Una cantidad de medidas que tienen como objetivo desalentar las visitas y reforzar el aislamiento de las presas, en un sistema que ya de por sí es de tortura, tal como lo expresa en un informe especial el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura de Paraguay, una instancia estatal.

Carmen, Laura y Francisca fueron trasladadas a este régimen de tortura el 12 de octubre de 2024. El 8 de agosto de este año fueron trasladadas al penal de Martín Mendoza, en Emboscada. Se trata de una prisión nueva, que se encuentra al lado de la que fue un campo de concentración en la dictadura de Stroessner.

Aislamiento permanente y pésimos tratos y condiciones de salubridad

El encuentro, a pesar de todos los dolores, estuvo marcado por el afecto, por la solidaridad, por el abrazo extenso. Ellas llegaron con los rostros encapuchados, con esposas atrás de las espaldas, y uniformes rojos –modelo copiado de las cárceles de Bukele en El Salvador- en señal de máxima peligrosidad. Al encontrarnos les quitaron las capuchas y les mantuvieron las esposas. A pesar de ello fue enorme la emoción, ya que ellas pudieron verse las caras y abrazarse. En los días de aislamiento, esto no es posible.

Hablamos de sus familias, de sus hijas e hijos, de la Campaña Internacional por Justicia para las Niñas asesinadas, por la aparición con vida de Lichita. También de las próximas acciones solidarias por su libertad, tanto políticas, como jurídicas.

Ellas denunciaron los malos tratos recibidos, por ejemplo en el traslado, donde a Carmen se le dislocó el hombro y perdió sensibilidad en el dedo de una mano, por la violencia con que fueron llevadas. En la cárcel hay un brote de tuberculosis, y sin embargo las capuchas que les cubren las caras al moverse, van rotando entre las presas, aumentando el riesgo de contagio. Denunciaron la insuficiencia en la comida, en el cuidado de la salud, la pérdida de todos sus bienes que quedaron en las cárceles anteriores, y la prohibición de actividades de estudio o trabajo.

En el informe realizado por el Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura, se señalan entre otras violaciones a los Derechos Humanos en el penal de Minga Guazu, situaciones que se replican en la cárcel de Emboscada. Se dice: “El hallazgo más grave es la existencia de un régimen de aislamiento permanente y confinamiento en solitario, en el cual las mujeres permanecen encerradas en celdas individuales durante un mínimo de 22 horas diarias. Este aislamiento no responde al carácter excepcional -como establece el Codigo de Ejecución Penal-, sino que constituye la regla general del módulo. En el ámbito de la seguridad, preocupa profundamente la presencia de elementos represivos autorizados, como gas pimienta, en poder de los agentes penitenciarios, sin supervisión institucional. Este régimen extremo se implementa sin un equipo técnico multidisciplinario en el lugar, lo cual representa una omisión gravísima. No se cuenta con psicólogos, psiquiatras, trabajadores sociales, de forma permanente. Las evaluaciones son realizadas ocasionalmente por un equipo móvil del Ministerio de Justicia que asiste a varios centros, lo que impide un seguimiento individualizado y continuo del impacto psicosocial del encierro. Esta situacion contraviene los estandares mínimos establecidos en las Reglas Mandela y en múltiples resoluciones del sistema interamericano de derechos humanos.

Otro hallazgo crítico es la violación sistemática del derecho a la defensa y a la confidencialidad entre abogados/as y sus defendidas. Las entrevistas se realizan en presencia de funcionarios penitenciarios armados y encapuchados, sin posibilidad de resguardo de la privacidad, afectando gravemente el derecho al debido proceso. Esta práctica constituye no sólo una forma de intimidación, sino una transgresión directa al principio de defensa técnica efectiva, pilar del sistema de garantías penales.

Asimismo, se identificó una severa restricción al derecho a la visita familiar. Las mujeres solo pueden recibir a un familiar cada 15 días por un máximo que en ocasiones se reduce a 40 minutos-y sin contacto fisico.

Las mujeres no reciben atención psicológica ni psiquiátrica regular, a pesar de que manifiestan síntomas de angustia, ansiedad, insomnio, pérdida de memoria y pensamientos depresivos. Esta omisión se agrava considerando que muchas de ellas han atravesado situaciones de violencia y trauma previos. La afectación psíquica en estas condiciones puede ser irreversible.

EI módulo opera como una estructura puramente carcelaria, sin propuestas educativas, laborales ni de formación. Esta falta de actividades contradice el objeto constitucional de la pena, establecido como reinserción social, y vulnera el derecho a la educación y al trabajo, incluso en régimen de máxima seguridad.

En el caso de Carmen y Laura, a todas estas situaciones se le agrega que no pueden recibir visitas familiares, debido a la persecución que vive toda la familia, que fue expulsada de Argentina y revocado su refugio por el régimen de Milei, y tiene impedido el ingreso a Paraguay, a riesgo de ser detenidas.

Entre las denuncias compartidas, no faltaron gestos de ternura, al recordar a sus familias, gestos de agradecimiento a la solidaridad recibida, al enorme esfuerzo del abogado Salvador Sánchez, al apoyo de la Gremial de Abogados y Abogadas. Sus palabras y sus sonrisas, sus lágrimas y sus abrazos, son portadoras de una enorme dignidad.

Hijas del pueblo

Nos dice Miriam Villalba, hermana de Carmen y Laura: “Hoy 02/09 se cumplen 5 años del martirio de nuestras niñas Lilian y Maria Carmen, que con solo 11 y 12 años fueron brutalmente torturadas y ejecutadas por esos bestias que no tienen sangre en la cara, que con mucha saña jugaron sobre esos cuerpos inocentes, borrando para siempre sus hermosas sonrisas, y apagando sus sueños. Pero nuestras niñas están vivas en cada lucha, en cada uno/a de los/as compas. Sus recuerdos permanecen intactos en nuestros corazones. Seguiremos exigiendo justicia. Los autores morales y materiales, esos monstruos que se ensañaron con esos cuerpos inocentes deben pagar por tan horrendo crimen. Abrazos a quienes hace 5 años abrazaron nuestra lucha, e hicieron que nuestra Lilian y Maria Carmen sean hijas del pueblo”.

El abrazo de despedida fue sobre todo un abrazo colectivo. Ellas saben que no están solas. Que el compromiso es su libertad, y mejorar cada día sus condiciones de vida. Saben que las niñas Lilian y María Carmen están en nuestro corazón y en nuestro reclamo de justicia. Que seguimos buscando a Lichita. Las niñas de Paraguay, como todas las niñas de nuestro Abya Yala, laten en nuestros corazones. Por ellas exigimos justicia, para sus mamás, libertad.