En la provincia de Río Negro fue imputado un hombre de 41 años acusado de haber descargado y almacenado material de abuso sexual infantil en su teléfono celular. La investigación se activó a partir de una alerta internacional emitida por el National Center for Missing & Exploited Children (NCMEC) de los Estados Unidos, que permitió vincular una dirección IP y una cuenta asociada al domicilio del imputado.

El primer episodio señalado ocurrió el 21 de mayo de 2024, fecha en la cual el acusado habría utilizado su dispositivo móvil para bajar imágenes y videos de violaciones cometidas contra menores de edad. En un segundo bloque de hechos, que se desarrolló entre septiembre y noviembre del mismo año, la fiscalía sostiene que el implicado almacenó 79 filmaciones y 20 fotografías con contenido de abuso sexual de menores, por lo cual el teléfono fue incautado durante un allanamiento.

La acusación fue formulada por el Ministerio Público Fiscal de Río Negro (MPF) en la ciudad de Cinco Saltos, donde se consideró al hombre autor del delito de tenencia de material de abuso sexual infantil --tanto de menores de 18 años como de menores de 13 años-- conforme al artículo 128 del Código Penal argentino. Durante la audiencia de imputación, tanto la defensora de menores como el abogado oficial adhirieron a la carátula propuesta por la fiscalía. El juez de garantías homologó la calificación legal y fijó un plazo de investigación penal preparatoria de cuatro meses.

Este expediente se inscribe dentro de un panorama más amplio: según informes recientes, los reportes recibidos por NCMEC constituyen uno de los principales canales de detección de este tipo de delitos en Argentina. Por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, más de 4.600 reportes de abuso sexual infantil en internet derivaron en procedimientos judiciales en 2022. También se han desarticulado redes de distribución de material ilícito que operaban en territorio argentino, a partir de alertas similares.

La causa en Río Negro encendió nuevamente el debate sobre los desafíos técnicos y procesales que presentan los delitos de explotación sexual infantil en la era digital : el rastreo de direcciones IP, la cooperación internacional, el análisis forense de dispositivos móviles y el resguardo de pruebas. 

En el marco jurídico argentino, la tenencia de material de abuso sexual infantil está tipificada y puede conllevar penas de prisión de hasta dos años, que se elevan si la víctima es menor de 13 años. Sin embargo, la eficacia de la sanción depende del éxito de la investigación digital, de la preservación de la cadena de custodia y de la prueba técnica que vincule al titular del dispositivo con el consumo o almacenamiento del contenido prohibido.