En el marco de la doctrina peronista, la comunidad organizada no es una mera agregación de individuos ni una suma de intereses particulares. Es una construcción ética, política y social en la que cada sujeto cumple un rol dentro del proyecto común, guiado por los principios de justicia social, independencia económica y soberanía política.

Así, el narcomenudeo —entendido como la distribución minorista y territorial de estupefacientes, generalmente con presencia barrial y control local— constituye un fenómeno que desestructura los vínculos sociales, deslegitima las instituciones estatales y corrompe los fundamentos del orden moral comunitario.

Desde una perspectiva penal y sociológica, puede afirmarse que el narcomenudeo no sólo vulnera el bien jurídico “salud pública”, como sostiene Ley 23.737, sino que atenta contra la cohesión social y el principio de comunidad, pilares del constitucionalismo social argentino.

El artículo 34 de la Ley 23.737, modificado por la Ley 26.052, habilita a las provincias a asumir competencia en la persecución de delitos de narcomenudeo. Este proceso de “provincialización” de la persecución penal tuvo por finalidad acercar la respuesta estatal a los territorios y evitar que las grandes estructuras del narcotráfico se oculten tras los eslabones menores.

Sin embargo, la jurisprudencia ha advertido sobre los riesgos de criminalizar exclusivamente a los eslabones débiles. En el fallo “Acosta, Pablo Martín s/causa n° 2679” (CSJN, 2008), la Corte Suprema destacó la necesidad de que el sistema penal actúe con racionalidad y proporcionalidad, evitando respuestas desmedidas frente a delitos menores vinculados al consumo o al narcomenudeo de subsistencia.

En similar sentido, el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba, en diversas causas sobre tenencia de estupefacientes para comercialización, ha señalado que “la persecución del narcomenudeo debe inscribirse en políticas públicas integrales que aborden las causas estructurales de la exclusión social, so pena de convertir al sistema penal en un mero gestor de la pobreza y el consumo”.

El principio rector que debe guiar el abordaje penal, según la doctrina moderna de política criminal, es el de intervención mínima y selectividad racional (Zaffaroni, E., Derecho Penal y Poder, 2017), sin renunciar a la autoridad del Estado pero evitando criminalizar la marginalidad.

Desde la sociología del delito, el narcomenudeo opera como un orden paralelo de control social. Michel Foucault describía que donde el Estado abdica de su función disciplinaria legítima, surgen micro-poderes que ocupan ese vacío. En los barrios populares, esos micro-poderes son las estructuras del narco, que reemplazan el Estado de Derecho por un “Estado de hecho”.

En términos peronistas, esto significa la ruptura de la soberanía popular en el territorio. Donde manda el miedo, no gobierna el pueblo.

El peronismo, como filosofía política, entiende que la comunidad organizada es el remedio contra la disgregación social. Juan Domingo Perón lo expresó claramente en La Comunidad Organizada (1950): “Cuando el Estado se ausenta de su función social, surge el caos, porque otros poderes —no legítimos— ocupan su lugar y someten al pueblo por la fuerza o la necesidad”.

El narcomenudeo es precisamente esa forma contemporánea de sometimiento. Su expansión en los barrios populares transforma las economías locales, genera dependencia material y emocional, y produce un tipo de sociabilidad basada en la violencia y el miedo.

Destruye el principio de solidaridad: sustituye la cooperación por la desconfianza. El “pueblo” deja de ser sujeto colectivo y se convierte en conglomerado atomizado.

Rompe la unidad del pueblo: promueve la fragmentación territorial, enfrentando jóvenes contra vecinos, organizaciones contra autoridades.

Coloniza la subjetividad juvenil: ofrece identidad y pertenencia falsa a quienes el Estado no logra integrar mediante el trabajo y la educación.

Sustituye al Estado: crea normas, castigos y jerarquías propias. Desde la teoría penal, se trata de un fenómeno de “sustitución de soberanía” (Ferrajoli, Derecho y Razón, 2005).

Destruye el valor del trabajo: la economía del narco impone la ganancia sin esfuerzo, degradando la ética del trabajo productivo que el peronismo considera fuente de dignidad.

Explota a las mujeres: las convierte en instrumentos de un mercado ilegal, violando su autonomía y anulando el rol emancipador que Evita colocó en el centro del proyecto social.

Impone autoridad ilegítima: el liderazgo narco se basa en la coacción y no en el mérito moral ni en la solidaridad.

Reproduce dependencia: tanto del consumidor a la sustancia como del territorio al poder delictivo. Es una forma moderna de esclavitud.

Despolitiza: reemplaza la organización popular por la resignación y la desconfianza hacia el Estado.

Niega la justicia social: se alimenta de la desigualdad y reproduce la exclusión. No libera, sino que encadena.

Desde el paradigma de la seguridad ciudadana integral, el combate al narcomenudeo debe asumir tres dimensiones inseparables:

Dimensión penal: persecución eficaz de las redes territoriales de distribución, con inteligencia criminal y articulación interjurisdiccional.

Dimensión social: recuperación del territorio mediante trabajo, educación y políticas de inclusión real.

Dimensión comunitaria: reconstrucción del tejido vecinal, fortaleciendo clubes, sociedades de fomento, iglesias y organizaciones populares.

El fallo “Arriola, Sebastián y otros” (CSJN, 2009), aunque referido a la tenencia para consumo personal, ofrece un principio que el peronismo puede retomar: el Estado debe evitar respuestas punitivas inútiles y concentrar su fuerza en combatir el negocio, no la víctima.

La doctrina penal contemporánea también lo advierte: “la represión aislada del narcomenudeo sin políticas sociales integrales conduce a un efecto criminógeno, no preventivo” (Maier, J., Derecho Procesal Penal, 2014).

El narcomenudeo no se derrota sólo con patrulleros ni con expedientes judiciales. Se derrota con comunidad organizada, con trabajo, con escuela, con clubes, con Estado presente.

El combate peronista contra el narcomenudeo es una lucha moral, política y cultural: moral, porque enfrenta un sistema que mercantiliza la vida; política, porque recupera la soberanía del pueblo en el territorio; cultural, porque reafirma que la felicidad del pueblo no puede construirse sobre el sufrimiento de los suyos.

En términos de doctrina social peronista, el narcomenudeo es la negación absoluta del pueblo organizado. Por eso, su erradicación no es una política más: es un deber histórico del movimiento nacional y popular.

El autor es abogado y docente en la Universidad Nacional de La Plata