Hace unos días terminábamos de dictar un contenido de nuestra materia sobre las dictaduras en el continente y las transiciones a las democracias. Es una unidad que le ponemos mucho esfuerzo, nos interesa y nos interpela por su cercanía y su desgarradora actualidad. Creo hablar por todxs lxs docentes si digo que salimos exhaustos de esas clases, evidencia que le ponemos todo el cuerpo encima en su dictado y en los intercambios y discusiones que produce.

Este año el dictado nos fue conduciendo a poner el eje en dos puntos. No hubo premeditación en ello, la misma dinámica de las clases nos condujo por esas discusiones que terminaron ordenando el desarrollo de las mismas. Primero, el vínculo entre política represiva y política económica a partir de la lectura de Orlando Letelier y Rodolfo Walsh. El vínculo entre libertad económica y terror político existe y es constatado. Sin embargo, ese vínculo se rompe, el divorcio se consuma cuando se puede condenar radicalmente las violencias políticas y los crímenes de lesa humanidad perpetrados por las dictaduras del cono sur y, al mismo tiempo, se premia con todas las pompas a la ideología que les ha dado sustento y sentido a esos crímenes o, como acabamos de escuchar en los Tribunales Federales de Bv. Oroño, se exonera de responsabilidad penal a una de las empresas que fue laboratorio para el golpe de Estado en ciernes.

Acindar, Ford, Ledesma no son empresas, son la perfecta expresión del Capital, succionando tiempo vital, explotando la fuerza económica y eliminando físicamente la potencia política de la clase trabajadora. Una vez más asistimos al tétrico instante donde el Poder Judicial juega a ser árbitro en una contienda donde nunca dejó de ser parte y, en esta ocasión, reforzando ese divorcio que exime a los poderes económicos sin los cuales las FFAA y su política de terror no tiene sentido.

En segundo lugar, la noción de continuidad, la prolongación de los procesos políticos más allá del compartimento conceptual que suponen los términos "dictadura" y "democracia", esto a través de leer y discutir Rodolfo Fogwill y Tomás Moulian. Dirá Fogwill que el autodenominado Proceso de Reorganización Nacional no comienza donde dice que comienza, 24 de marzo de 1976, sino que lo hace antes, tanto en su política represiva como en su política económica: la masacre de Trelew, la triple A, la CNU o el grupo Libertadores de América, el Operativo Independencia, el Rodrigazo, como también el Operativo Serpiente Roja del Paraná.

La organización temporal de los procesos políticos escapa a la pretensión de ruptura y corte que las categorías nos empujan a adoptar. Así como no comienza donde dice comenzar, tampoco parece terminar donde creemos que concluye. Martínez de Hoz era uno de los gerentes de Acindar cuando en noviembre de 1974 la lista Marrón clasista y antiburocrática gana la seccional regional de la UOM en Villa Constitución. La respuesta se condensó en marzo de 1975 cuando desembarcan unos cuatro mil efectivos de la policía de Santa Fe y de la Federal, de Prefectura, la patota de la burocracia sindical y la Triple A. El resultado de ese operativo en la madrugada del 20 de marzo de 1975 fue alrededor de trescientos detenidos y veinte desaparecidos. Toda la conducción de la UOM local fue detenida. El Ministro del Interior de Isabel Perón supo llamar a este conflicto “el complot rojo contra la industria pesada del país” y el dirigente radical Ricardo Balbín afirmó que “los sucesos de Villa Constitución fueron necesarios para erradicar la subversión industrial”. Podría decirse que la política de terror practicada en Villa Constitución fue un ensayo de lo que serían los grupos de tareas de la dictadura del año siguiente. También podría afirmarse que en el marco de un aumento de la insurgencia popular iniciada con el Cordobazo y, en este caso, el triunfo de una propuesta sindical clasista y antiburocrática con total apoyo del pueblo de Villa, el Capital reacciona siempre de ese modo. Como supo decir Juan Carlos Marín a mediado de los ’90, el capitalismo trae consigo la existencia crónica de una cultura genocida o, en otras palabras, no se trató de un ensayo sino de la práctica habitual frente a la pérdida de hegemonía por parte del Capital.

Silvia Schwarzböck en ese maravilloso y estremecedor trabajo denominado Los espantos utiliza el término “postdictadura” para marcar la incomodidad del contagio, un atrevimiento que no deja de resultar urticante y que marca la filigrana que se observa con el prefijo post y que anuncia una continuidad en la diferencia:

Lo que en democracia no se puede concebir de la dictadura, por más que se padezcan sus efectos, es aquello de ella que se vuelve representable, en lugar de irrepresentable, como postdictadura: la victoria de su proyecto económico / la derrota sin guerra de las organizaciones revolucionarias / la rehabilitación de la vida de derecha como la única vida posible.

No se puede concebir, pero sí se puede representar, una postdictadura que deja su estela en el triunfo del modelo económico, en el comportamiento de las fuerzas de seguridad, en el gatillo fácil, en funcionarios reciclados a la vida democrática, en las indulgencias a las FFAA y en establecer como absurdo, impensable e imposible la vida popular, la vida de izquierda.

¿Qué expresa esta sentencia del Tribunal Federal de Rosario? Vamos a decirlo con los términos que nos propuso Silvia Schwarzböck: la sentencia expresa lo irrepresentable de aquel pasado en nuestro presente democrático, la imposibilidad de enunciar siquiera desde nuestra democracia su amenazadora presencia. La absolución de los implicados en crímenes de lesa humanidad, entre los cuales se encuentran policías de la Federal, policías de la provincia y dos ex jerárquicos de Acindar, es esa postdictadura que se ha empeñado en camuflarse durante estos 42 años y que, como señala Fogwill, creyó que “…aislando a los ejecutores de una política pueden dejarse intactos a sus autores y sus beneficiarios y hasta sentarse a dialogar con ellos”. La sentencia es la presencia de la dictadura, es la voz de los vencedores, es la ratificación del modelo económico que la dictadura impuso y de los poderes económicos que la dictadura sostuvo.

Pensar que este golpe en el fuero judicial nos propina una derrota sería admitir que nuestra política se subsume a las instituciones formales de la postdictadura. Así como todo el pueblo de Villa se puso al lado de los obreros en huelga conducidos por la comisión interna, hoy la apelación a Casación que llevará el cuerpo de abogadxs en razón de la contradicción presente en el fallo también debe ser acompañada por todo el pueblo, consciente que la condena a los crímenes de lesa humanidad de la dictadura es incompleta sino se la condena la política económica que los hizo posibles.