Durante el allanamiento de ayer en la casa de Milagro Sala, en los procedimientos similares en otras 20 viviendas ajenas a la dirigente y en las excavaciones en un yatch club de Jujuy para encontrar un supuesto botín enterrado, “no se encontró nada” afirmaron los abogados de la líder de la organización Tupac Amaru y remarcaron: “Una vez más fuimos testigos de una bochornosa farsa judicial.”

Los procedimientos fueron ordenados por la Justicia jujeña en el marco de una denuncia por supuesto “lavado de activos” de la cual la defensa no había sido notificada. Comenzaron a las 7 de ayer, cuando miembros de la policía jujeña llegaron al domicilio de Sala en la localidad de Cuyaya, en busca de documentación que inculpara en algo a la propietaria detenida en una vivienda que no es suya. “No encontraron nada”, aseguró Aldazábal en una entrevista por radio Del Plata y dijo que se trató del “montaje de un show mediático”.

“Absolutamente nada. Terminaron llevándose papeles y facturas de servicios que no tienen ningún valor jurídico y que no tienen que ver con nada”, añadió. Eso sí, hasta secuestraron “una moto del año ’80, destruida, como para agarrar algo” y disimular que “todo fue una farsa”.

Más tarde, alrededor de las 11, funcionarios judiciales, policías y tres retroexcavadoras conducidas por trabajadores estatales llegaron al Yatch Club del Dique “La Ciénaga”, en la localidad de El Carmen donde Sala cumple arresto domiciliario. En una zona lindera al lago cavaron “pozos de dos metros de profundidad” alrededor de un muelle, relató el abogado. Es “una zona en que todo el año está tapada por agua, con lo cual es imposible que encontraran cualquier cosa”. Lo que buscaban era dinero o documentación enterrada, pero no hubo nada.

“Seis horas después, trajeron perros que tampoco encontraron nada. Y luego trajeron otro perro más, al que no sé qué poder le asignaban, que llegó y se puso a jugar con los otros perros que estaban ahí. Así que levantaron el operativo”, relató Aldazábal, para quien todas esas escenas “ridículas” podrían ser “parte de una comedia si no fuera porque hay una persona presa”.

La causa fue iniciada en enero del año pasado e involucra otras cinco personas, entre ellas a Raúl Noro, esposo de Sala. Está a cargo del juez Isidoro Cruz, quien el 29 de diciembre pasado firmó las órdenes de los procedimientos por pedido del fiscal Darío Osinaga, quien subroga en feria a Diego Cussel.

Aldazábal aseguró que a los abogados “nunca” se les notificó de esa causa, por la cual “no hubo indagatorias ni sabemos la imputación”. Solo que la carátula es “lavado de activos, un delito que es de competencia federal y cuyas medidas de prueba, sin embargo, las ordenó la Justicia provincial. Es decir, una irregularidad tras otra”.

El abogado cuestionó también a la Justicia de Jujuy por no cumplir con la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, avalada por el máximo tribunal argentino, que insta al Estado argentino a resguardar la vida de la líder de la Tupac Amaru y hacer que la prisión domiciliaria se cumpla en un domicilio de su propiedad, no en la casa de El Carmen donde está ahora. Para Aldazábal, la jujeña “es una Justicia que está exenta de cualquier control y que no le importa lo que digan los tribunales superiores. No hay antecedentes” de hechos como ese.

Además, aclaró que la Corte Interamericana toma decisiones “que son obligaciones para el Estado nacional”, con lo cual es el Poder Ejecutivo nacional “el que debe garantizar el cumplimento” de esa resolución. Por lo tanto, el Gobierno de Mauricio Macri “no se puede escudar en un incumplimiento de un juzgado de primera instancia provincial”, concluyó.