La interferencia del Poder Judicial en la actividad política es una tendencia en ascenso. El nivel de judicialización de las políticas públicas es mayúsculo. Eso incluye desde cuestiones menores hasta temas relevantes. Por ejemplo, la efectiva aplicación de la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual –aprobada con amplias mayorías parlamentarias e inédita participación popular– fue paralizada por sucesivas decisiones judiciales. Alexander Hamilton decía que el Poder Judicial constituye “el más débil de los tres departamentos del poder”. El freno judicial de la denominada Ley de Medios, entre otros casos, desmiente esa supuesta debilidad.
El licenciado Luciano Nosetto explica en Judicialización de la política y legitimidad democrática que “la judicialización de la política y, en particular, del debate público, demuestra estar reñida con la concepción robusta de la república. Es que la canalización judicial del debate público, conducida tal vez bajo el principio republicano de la defensa de lo público, tiene el efecto de reemplazar la discusión y la competencia política por el juego de las denuncias cruzadas de corrupción” (Documento de Trabajo N°5, Flacso). En otras palabras, un “gobierno de los jueces” degrada la calidad democrática.
El gran teórico militar Karl Von Clausewitz afirmaba que “la guerra es la continuación de la política por otros medios”. En la actualidad, la frase del militar prusiano conserva plena vigencia sustituyendo “guerra” por “tribunales de la Justicia”.
El estadounidense Charles Dunlap Jr. acuñó el neologismo “lawfare” combinando dos palabras: law (ley) y warfare (guerra). Ese Mayor General de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, y profesor de la Duke University School of Law, definió ese nuevo concepto como “el uso de la ley como arma de guerra”.
La utilización del aparato judicial como “arma para destruir a la política y a los líderes opositores”, fue tema central de conversación en el último encuentro celebrado entre Cristina Fernández de Kirchner y Dilma Rousseff. En esa línea, la ex presidenta argentina planteó en su primera intervención en la Cámara de Senadores que “el lawfare es un modus operandi, una matriz latinoamericana”. Luego del procesamiento de CFK dictado por Bonadio en la causa del Memorandum con Irán, el ex presidente ecuatoriano Rafael Correa twiteó : “la judicialización de la política. El mismo libreto en todos lados: Dilma, Lula, Jorge Glas, Cristina”.
El caso brasileño tiene aristas particulares de cara a las próximas elecciones presidenciales del 7 de octubre de 2018. La pretensión del establishment es clausurar la candidatura de Lula por vía judicial. El primer paso fue su condena, el 12 de julio pasado, a nueve años y medio de prisión en el marco de la megacausa Lava Jato. La decisión del tribunal de alzada podría dejarlo fuera de la contienda porque la Ley de Ficha Limpia impide ser candidato a los condenados con sentencia firme. El Tribunal Regional Federal de Porto Alegre se expedirá el 24 de enero.
En ese marco, miles de líderes políticos, intelectuales y académicos (Noam Chomsky, Chico Buarque y CFK, entre otros) emitieron un documento titulado “Elección sin Lula es fraude”. Por su parte, referentes nacionales e internacionales del derecho brasileño denunciaron en una “Carta de los Juristas al mundo” que “lo que sucede actualmente en Brasil, se reflejará en la fragilización política e institucional de todas las jóvenes democracias latinoamericanas”. Los juristas sostienen que el Operativo Lava Jato se transformó en un lawfare.
@diegorubinzal
