Desde Santa Fe.

El juez federal Nº 2 Francisco Miño notificó a la Fiscalía, a las querellas y a la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia que el martes 16 de enero el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) reanudará los trabajos de exploración en el campo San Pedro, propiedad del Ejército, donde en junio de 2010 encontró una fosa clandestina con los restos de ocho militantes políticos desaparecidos: seis de ellos ya identificados, pero aún falta devolverle la identidad a los otros dos: una mujer y un hombre. La búsqueda será dirigida por el antropólogo Juan Nóbile ante una nueva línea de investigación que se abrió a partir del testimonio de un testigo directo, quien señaló lugares donde operaban los grupos de tareas de la dictadura, que antes no fueron explorados. La abogada querellante Nadia Schujman pidió "ser cautelosos con las expectativas que se generan porque aún faltan encontrar muchos desaparecidos", pero ante una hipótesis hay que agotar "los esfuerzos para sacarse todas las dudas" de los "familiares, de los organismos de derechos humanos y de todos a los que nos interesa llegar a la verdad y encontrar a cada uno de los compañeros y compañeras", explicó a Rosario/12.

Miño ordenó la medida después de una inspección judicial que se realizó en el campo San Pedro, el 24 de agosto. Ante el fiscal Martín Suarez Faisal, el secretario del Juzgado Hernán Tripicchio, los abogados querellantes y el licenciado Nóbile, el testigo "señaló con precisión los nuevos lugares a explorar", donde operaron los grupos de tareas y se habrían "realizado inhumaciones clandestinas", dijo uno de los participantes del acto, Hugo Kofman (Foro contra la Impunidad y por la Justicia). Kofman es autor de una investigación muy precisa sobre el campo de exterminio del Ejército, cercano a Laguna Paiva, que publicó en su libro Mirar la tierra hasta encontrarte. Los cinco meses que transcurrieron desde la decisión del juez y hasta esta nueva etapa de búsqueda del EAAF es el tiempo que demandó que el Estado garantice los recursos para hacerla.

Schujman coincidió que en la inspección de agosto "se señalaron varios lugares que faltaban explorar y el EAAF tenía pendiente. Más, una nueva línea de investigación que se abrió con la declaración del testigo". "Ahora están disponibles los recursos para agotar las investigaciones" y el equipo estará a cargo del licenciado Nóbile, "un profesional que merece toda mi confianza", agregó.

Desde el hallazgo de la fosa clandestina, en 2010, el campo San Pedro ha generado interrogantes. Por sus dimensiones ‑tiene más de 2.000 hectáreas‑. Porque si bien el EAAF siguió su tarea hasta 2012, a criterio de Kofman y de otros investigadores las tareas quedaron inconclusas por falta de recursos. Por la declaración de un nuevo testigo directo en 2013, que ratificó sus testimonio en la inspección de agosto. Y por el intento del Ejército de volver a utilizarlo como campo de maniobras en 2016, que puso en alerta al Foro y organismos de derechos humanos, pero que el juez Miño rechazó.

"Tenemos que sacarnos todas las dudas", planteó Schujman. Y si hay una nueva hipótesis de investigación trabajar para "confirmarla" o "descartarla". Porque "la certeza de que se hicieron todos los esfuerzos posibles" es lo único que "le aportará tranquilidad, tanto a los familiares, a los organismos, como a muchos que nos interesa llegar a la verdad y encontrar a cada uno de los compañeros y compañeros desaparecidos", precisó.

"Obviamente, hay que ser cautelosos con las expectativas que se generan porque aún faltan encontrar muchas personas", dijo Schujman. Y recordó que el represor Eduardo Constanzo confesó ante la justicia que 27 personas habían sido llevadas para su enterramiento en el campo, en 1977, y luego mencionó otras dos, lo que suma 29. "No son las que encontramos hasta ahora. Entonces, además de los testigos directos que vieron descargar camiones y enterrar restos en ese lugar, también está la declaración de este represor que en muchos casos sus dichos se han confirmado y dan cuenta de que hay más cuerpos de los que se hemos encontrado hasta hoy", precisó.

"Es una obligación del Estado argentino, de los tres poderes, destinar todos los recursos disponibles para llegar a la verdad y que los restos sean hallados. Es un resarcimiento a las víctimas del Estado terroristas. Por eso insistimos mucho que el Estado nacional y la provincia asignen los fondos necesarios para que estos trabajos se puedan llevar adelante. No es una cuestión declamativa, sino que en los hechos hay que garantizar todo lo que haga falta para que esto se pueda concretar", concluyó Schujman.