"Mi detención demuestra que, en este país, reclamar no es considerado justo." Las palabras de César Arakaki, el militante del Partido Obrero detenido desde fines de diciembre, fueron leídas en la Plaza de Mayo ante miles de personas que marcharon convocadas por el Encuentro Memoria Verdad y Justicia (EMVyJ) para repudiar la detenciones a "los nuevos presos políticos de Mauricio Macri", la decisión del Poder Judicial de otorgar la prisión domiciliaria al genocida Miguel Etchecolatz y otros represores, y el "paquete de reformas contra los trabajadores y el pueblo". "Violencia es responder con palos y gases a los reclamos sociales, violencia es obligarnos a convivir con los genocidas nuevamente, violencia es saquear los bolsillo de los jubilados y de quienes reciben la asignación universal por hijo", enumeró el documento de los organismos y señaló que la pelea seguirá contra la reforma laboral.
"Libertad a todos los detenidos por luchar, no al ajuste, no a la represión", cerró la carta enviada por Arakiki a los miles que marcharon a Plaza de Mayo con el reclamo de "libertad a todos los presos políticos" como consigna principal. El actor y militante del PO está detenido desde fines de diciembre por orden del juez Sergio Torres, quien ayer confirmó también la continuidad de la detención de Fernando Dimas Ponce, compañero de militancia de Arakiki. "Torres es funcional al gobierno de Macri, encarcela y demoniza a manifestantes como violentos para ocultar la represión de las fuerzas de seguridad", denunciaron los organismos.
El prófugo militante del PRML Sebastián Romero es el tercer manifestante con orden de detención por parte de Torres y también formó parte de los reclamos de los organismos, que subrayaron que "las acusaciones contra Arakiki y Ponce como autores de la lesión a un policía y sobre Romero, como pieza clave de un supuesto plan de rebelión, delito gravísimo, no son contrastadas con ninguna prueba" y advirtieron: "Toda la causa es un intento de transformar una enorme manifestación popular en un delito penal".
Los miles que marcharon reclamaron también por los cinco manifestantes detenidos durante "la cacería desatada por la Gendarmería el 14 de diciembre" y que el juez Cladio Bonadio mantiene con prisión preventiva. "Se niega la excacerlación de todos los detenidos con el argumento de que podrían entorpecer la investigación, es una prueba más de disciplinamiento al pueblo para desalentar a los miles de jóvenes que movilizaron el 14 y 18", aseguraron.
"A los genocidas, ¡la cárcel ya! A los compañeros, ¡la libertad!", se cantaba en la plaza y el reclamo se hacía eco en el documento: "Exigimos la cárcel común y efectiva para los genocidas", exigieron para recordar que las prisiones domiciliaras otorgadas a los represores Miguel Etchecolatz, Antonio Musa Azar y Norberto Bianco fueron "la última muestra de impunidad".
En el mismo orden los organismos pusieron el ascenso otorgado al gendarme Emanuel Echazú —"uno de los responsables del accionar que terminó con la vida de Santiago Maldonado"— por parte de la ministra Seguridad, Patricia Bullrich, a la que le recordaron el "grave antecedente" que significó el informe "R.A.M" que su cartera presentó junto a los gobiernos de Neuquén, Río Negro y Chubut.
"Intentan crear un enemigo interno inventando un grupo terrorista inexistente para criminalizar a los pueblos originarios, sindicatos y movimientos sociales", advirtieron para luego pedir justicia por Maldonado y Rafael Nahuel y la no extradición de Facundo Jones Huala. "¡Fuera, fuera! ¡Fuera, Bullrich, fuera!", gritó la plaza.
Nora Cortinas encabezó el ingreso de los organismos a Plaza de Mayo, que recorrió el camino entre el Congreso y la Casa Rosada con una largaba bandera que exigía "A los genocidas la cárcel, a los compañeros la libertad" y detrás de ella caminaron, entre otros, los diputados del Frente de Izquierda Nicolás del Caño y Néstor Pitrola, la abogada de Correpi María del Carmen Verdú, el referente de La Garganta Poderosa Nacho Levy, el presidente de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, José Schulman.
"Venimos a denunciar las escalada represiva del gobierno de Mauricio Macri y sus socios que implica graves violaciones a los derechos humanos y garantías constitucionales. Intentan imponer un estado de excepción para imponer un durísimo ajuste contra los trabajadores y el pueblo", resumieron los organismos y le recordaron a la Casa Rosada: "Violencia es responder con palos y gases a los reclamos sociales, violencia es obligarnos a convivir con los genocidas nuevamente, violencia es saquear los bolsillos de los jubilados y quienes reciben la asignación universal por hijo, violencia es aumentar el endeudamiento y aprobar las leyes que pide el FMI, es la reforma laboral".
