En el caso del Hogar Rawson, ubicado en Amancio Alcorta 1402, Moreno sostuvo que “tampoco hay un proyecto institucional”. En el oficio señaló que las mismas autoridades del Hogar hablan de un proyecto en estado “embrionario” y que “los juzgados Civiles los obligan a internar a personas con padecimientos mentales, las que no son aptas para el ingreso al dispositivo porque está pensado para adultos mayores autoválidos”.
Tal como había sucedido en el Hogar Raimondi, durante la inspección en el Rawson se constataron irregularidades en la seguridad: puertas de emergencia cerradas, falta de mangueras hidrantes, conexiones eléctricas sin tapas, falta de matafuegos. Además, se observó que las historias clínicas carecen de foliatura, lo que permite su adulteración y la falta de una “evaluación geriátrica multidimensional, diagnóstico y tratamiento discriminado; evolución médica no mayor a 30 días; cambio de tratamiento con consentimiento escrito”. Además, la contención física de pacientes por fuera un protocolo derivó en una denuncia penal contra el Hogar por “averiguación de delito, incumplimiento de autoridad y violación de deber de funcionario público”. Moreno recordó que en noviembre de 2017 entró en vigencia la Convención Interamericana sobre la protección de los derechos de las personas mayores, y que “tenemos obligaciones en términos de estandares internacionales que cumplir. Por eso reclamamos que se hagan las modificaciones necesarias”.
