El diputado del FpV-PJ y miembro del Consejo de la Magistratura, Rodolfo Tailhade, denunció el miércoles a Mauricio Macri por los delitos de “tráfico de influencias, negociaciones incompatibles y uso de información privilegiada” en la compraventa de parques eólicos donde el holding familiar del Presidente se alzó con al menos 48 millones de dólares durante lo que va de su mandato. Pero no ha sido su única denuncia contra Macri. En esta entrevista con PáginaI12, Tailhade habla sobre las causas que comprometen penalmente al Presidente y varios de sus funcionarios, pero que –define– “tienen un tránsito lento” por Comodoro Py. El diputado también afirma que lo “heterogéneo” del bloque que se referencia en los gobernadores peronistas no le garantiza al Gobierno la aprobación de sus reformas como lo hizo en los dos años previos, con el massismo como aliado. Tailhade considera “posible” la unidad del peronismo, aunque considera que varios gobernadores e intendentes adherirán “más por conveniencia que por convicción” porque la política del gobierno de Cambiemos lleva a una crisis económico-social que afectará a las provincias y municipios que gobiernan.         

–El presidente Mauricio Macri pone al Estado al servicio de su familia para que haga negocios multimillonarios. En este caso, crearon varias empresas unos meses antes de que la española Isolux, una vieja socia en muchos emprendimientos de las compañías de la familia presidencial y en proceso de quiebra es su país, le transfiera seis parques eólicos que había ganado en licitaciones y donde en uno solo de ellos había realizado las inversiones comprometidas. Las han armado de hecho para quedarse con el negocio eólico, pero entonces le explota el escandaloso acuerdo del Estado con el Correo Argentino para favorecer a su padre Franco Macri. Entonces los vendieron con la particularidad: ellos le compraron los seis parques eólico a Isolux en 25 millones de dólares y el holding Macri le vendió uno a Genneia del grupo Brito en 40 millones de dólares y cuatro a la compañía china Goldwind en otros 33 millones de dólares. Con lo cual se alzó con al menos 48 millones de dólares, por lo que denunciamos al Presidente por tráfico de influencias, negociaciones incompatibles y uso de información privilegiada.   

–Usted también denunció a Macri por otros motivos como las revelaciones de los Panamá Papers, pero los expedientes parecen no avanzar. ¿Cómo están esas causas? 

–La mayoría de las denuncias están en trámite, no están cerradas pero tienen un tránsito lento. Es clara y firme la alianza del Gobierno con los medios de comunicación hegemónicos, especialmente Clarín, y un sector del Poder Judicial. Por lo tanto, no avanzan en causas en las que están involucrados funcionarios del gobierno. Pero dada la contundencia de los hechos y las pruebas tampoco pueden cerrarlas. Algunas pueden traer inconvenientes serios pero lamentablemente van a desplegarse recién cuando el macrismo pierda el poder. Así fue el funcionamiento de la Justicia federal en los últimos 25 años.

–¿Cuáles son las causas que más podrían complicar a Macri?

–Al menos hay entre cuatro a seis causas que son muy graves. Los jueces no tienen posibilidades de cerrarlas porque sería escandaloso pero tampoco aprietan el acelerador. Nombro las que involucran directamente al Presidente: Correo Argentino, de las low costs y Mac Air-Avian y la venta o no de las 32 hectáreas de San Miguel, donde nosotros vamos a presentar próximamente que los 500 lotes del country que se vendieron como mínimo a 50 millones de dólares y no tienen papeles, porque no está la escritura de la supuesta venta de Macri por apenas 900 mil dólares. Esa causa la tiene (el juez Rodolfo) Canicoba Corral y donde Macri no se ha presentado porque tampoco tiene explicaciones para dar. Hay otras tres causas importantes que tiene el ministro de Finanzas, Luis Caputo: la compra de dólar futuro cuando ya era secretario de Finanzas, el manejo del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la Anses como presidente del comité ejecutivo y la de los Paradise Papers, la última filtración que lo involucra directamente.  

–El plan del Gobierno es continuar con las reformas, como la laboral. ¿Cómo imagina este año parlamentario?

–No veo que el Gobierno tenga tan claro las facilidades para avanzar con este tipo de proyectos, al menos en Diputados. El capital que acumuló el oficialismo en la elección legislativa disminuyó en estos dos meses, fundamentalmente por el desgaste y el costo político que le significó sacar las reformas, salvo la laboral, por la comprensión de la sociedad del sentido de las mismas. Venimos de dos años de oponernos a las iniciativas del oficialismo, algunas muy graves como la ley buitre y la reparación histórica, que no repercutieron en la sociedad, tal vez por el blindaje mediático que tienen. Creo que eso se perdió con la reforma provisional, donde los que pierden son los jubilados. Lo importante ha sido la reacción popular, más allá de la gran movilización y los cacerolazos. Las encuestas de opinión lo marcan claramente   

–Pero avanzaron con las reformas en el Congreso con el apoyo de los gobernadores, la mayoría peronistas. ¿Eso puede cambiar en esta etapa?

–Creo que ese bloque, Argentina Federal, que se referencia en los gobernadores peronistas, no es todo lo homogéneo que necesita el Gobierno. El primer intento de avanzar con la reforma provisional fracasó por falta de quórum. Aunque lo consiguieron en el segundo intentó también le costó conseguir apoyo: la votación a favor fue de 128 votos, uno menos que el quórum. Tampoco veo el alineamiento automático con el Gobierno: si el oficialismo piensa en encontrar en Argentina Federal lo mismo que encontraron en el massismo estos dos años, considero que se equivoca.

–Desde el Gobierno justificaron la militarización del Congreso y la represión a quienes se oponían a la reforma previsional, incluso diputados, casi como un intento de golpe de Estado.

–Es la forma que ellos eligieron plantear el tema a la sociedad y para justificar lo que pasó, para que la justicia no pueda avanzar contra los responsables de la represión y las lesiones que sufrieron muchos manifestantes. Pasar a la ofensiva diciendo que se quiso atentar contra el orden constitucional, una estrategia comunicacional en la que cambian el escenario para justificar lo que hacen y que la aplican en todos los campos. Acá hubo un legítimo reclamo popular porque estaban saqueando a los jubilados y eso era más que claro. La única vez que vi una situación como la que desde el Gobierno nos quieren acusar a nosotros fue con Hugo Biolcati y la patronales del campo entrando por la fuerza a la Legislatura bonaerense.

–Pero el Gobierno denunció a un grupo de diputados opositores ¿Lo enmarca como parte de una movida para disciplinarlos?

– Sí, claramente. Y me parece que se va a profundizar. La denuncia falsa fue impulsada por la ministra (Patricia) Bullrich, que está absolutamente desatada por la represión, y legitimada por el Presidente. Con la misma estrategia comunicacional de su aparato mediático, ahora desde el Gobierno dicen que están preocupados y van a presentar un proyecto para limitar las detenciones preventivas que dictó la justicia, cuando son los principales impulsores de las detenciones, de la criminalización de actos de gobierno y la judicialización de la política.     

–¿Es posible la unidad del peronismo?

–Creo que sí. Pero también creo que muchos de los que hoy critican al kirchnerismo lo hacen más por conveniencia que por convicción. La continuidad de política económica y social del macrismo va a complicar gravemente la situación de los sectores populares y más vulnerables, y va a alcanzar a las provincias y municipios que hoy gobiernan.