“¿Quién tiene la impunidad y la libertad para colocar una bomba en las puertas del Departamento de Policía? Es allí donde Vuestra Señoría debe abocarse a desentrañar?”. Éste fue uno de los planteos que hizo el Partido Obrero ante el juez federal Sergio Torres en la causa caratulada como amenaza de intimidación pública y daños a bienes del Estado, por las dos bombas desactivadas por la brigada antiexplosivos en Belgrano y Virrey Ceballos hace diez días. Esa agrupación política se presentó para ser tenida como parte querellante, porque consideró que debería ser investigado si el Estado “utiliza métodos ilegales para agredir a organizaciones y partidos políticos opositores”. Es que junto con los explosivos fueron encontrados panfletos con la sigla “PO”, pero el partido trotskista desmintió que le pertenecieran.
En aquel momento, el dirigente Marcelo Ramal había manifestado que “el artefacto encontrado frente al Departamento de Policía y la identificación de volantes truchos que tendrían nuestra firma es una provocación contra la lucha y la historia del PO”.
Ayer Ramal, junto a Gabriel Solano y Néstor Pitrola, denunciaron “un entramado que afecta y perjudica al PO en su imagen pública, al buscar vincularlo con la realización de actos terroristas contra las instituciones del Estado”. Los denunciantes destacaron que cuando la Policía Federal y el secretario de Seguridad Eugenio Burzaco informaron sobre lo sucedido mencionaron que habrían aparecido otros similares en distintas partes del país, algo que resultó falso.
Para ellos, se trató de “una expresión más de una supuesta violencia de organizaciones políticas cuyo objetivo sería atentar contra las instituciones, en continuidad de dar esta interpretación al carácter de las movilizaciones del 14 y 18 de diciembre”. Y recordaron que “los hechos sucedieron en un momento en el cual se criminaliza a quienes se manifestaron en rechazo a la reforma previsional y, en particular, se personaliza una acusación en dos miembros de este partido”, en referencia a César Arakaki y Dimas Ponce, detenidos en las cárceles de Marcos Paz y Ezeiza respectivamente.
