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Desde Barcelona

De todas las opciones que se barajaban, ayer el presidente del Parlamento catalán optó por la de seguir con el suspenso y aplazar la sesión de investidura hasta que “se asegure un debate con garantías”. Hasta las diez de la mañana de este martes, día en que estaba convocada la Cámara regional para votar y proclamar al nuevo president, no se sabía a ciencia cierta si el pleno se celebraría o no, dadas las circunstancias excepcionales que vive Cataluña desde el pasado octubre y, sobre todo, dadas las últimas advertencias del Tribunal Constitucional (TC). Este sábado el TC, en lugar de aceptar el recurso interpuesto por el gobierno español para impedir la sesión de investidura, resolvió que sí podría celebrarse pero solo con la presencia física del candidato y no por vía telemática o delegada como proponían las fuerzas independentistas.

“Tengo el deber de proteger la soberanía de este Parlament de injerencias y ataques antidemocráticos, pese a las amenazas. Iré hasta el final para defender los derechos del presidente Puigdemont para someterse al debate de investidura con todas las garantías”, declaró el jefe del Parlamento catalán ante centenares de medios nacionales e internacionales que escuchaban con desconcierto cómo el pleno estipulado para unas horas más tarde se desconvocaba sin nueva fecha a la vista. Roger Torrent dijo comprometerse con la garantía de inmunidad que el propio Carles Puigdemont le solicitó en una carta remitida este lunes desde Bruselas, donde se encuentra prófugo desde hace tres meses, y por eso lo sigue proponiendo como único candidato posible, no debido a “una decisión aleatoria ni personal sino fruto de la voluntad mayoritaria de la cámara”, según afirmó. Además de mantenerse firme en su resolución de apoyar a ex president, Roger Torrent arremetió contra el Ejecutivo central y el Alto tribunal, a quienes acusó de orquestar un “fraude de ley”. “No aceptaremos que se diga que los catalanes votaron mal porque no votaron como ellos querían. Ni la vicepresidenta ni el TC decidirán quién debe ser el presidente de la Generalitat”, concluyó el flamante presidente del Parlamento regional.

Las reacciones a la suspensión del pleno de investidura estallaron en todas direcciones ni bien conocerse la noticia. Entre las fuerzas independentistas, el malestar por parte del partido de Puigdemont –Junts per Catalunya– y la CUP se enfrentó al festejo de Esquerra Republicana (ERC), quienes consideraron muy acertada la decisión del miembro de su partido, Torrent. La distancia que en los últimos días puede verse cada vez más acuciada entre las tres formaciones que conforman la mayoría secesionista en el Parlament se hizo así ayer aún más evidente cuando el portavoz de ERC, Sergi Sabrià, celebraba que Torrent priorice “una investidura real y efectiva a una simbólica”, mientras que la presidenta y portavoz del grupo parlamentario de Junts per Catalunya, Elsa Artadi, emplazaba al presidente de la cámara a rectificar por considerar que las garantías que él mismo alegaba para el aplazamiento “se dan hoy”.

Como una muestra de “respeto a la legalidad, fruto de la acción del Gobierno y de los tribunales”, valoró la suspensión del debate en Barcelona, en cambio, el Ejecutivo desde Madrid. El gobierno de Mariano Rajoy se mostró muy satisfecho ante la decisión de Roger Torrent, al considerarla “una consecuencia obligada de la actuación del Estado de derecho” y celebró “que no se invista de manera fraudulenta” a Puigdemont, según anunciaron fuentes de La Moncloa pocos minutos después de hacerse público el aplazamiento. También el presidente del Partido Popular de Cataluña, Xavier García Albiol, se pronunció a favor de la resolución –“así hemos preservado una cierta normalidad” declaró– y puso sobre la mesa la opción que todos los partidos no independentistas defienden: el comienzo de una nueva ronda de consultas por parte de Roger Torrent para presentar un candidato alternativo. 

Sin embargo el jefe del Parlament no parece dispuesto a ceder en su convicción de que solo Carles Puigdemont sea el presidente de la Generalitat y su plan hasta el momento no se desvía ni un milímetro de ese objetivo. “La chapuza jurídica” que, según Torrent, hizo el Tribunal Constitucional al prohibir la investidura a distancia del ex president independentista y sin autorización previa judicial es lo primero que el nuevo jefe del Parlament busca resolver con la postergación del debate de ayer. Torrent instó a los servicios jurídicos de la Cámara catalana para que “se persone y formule alegaciones a la resolución del TC”. Los magistrados del Constitucional abrieron el sábado un plazo de 10 días para dichas alegaciones antes de decidir si admiten a trámite o no el recurso del Gobierno central contra la investidura de Puigdemont. Según lo manifestado ayer por el jefe del Parlament, hasta que no venza ese plazo y el TC dictamine, no se fijará una nueva fecha para la sesión de investidura, lo que alargaría los trámites al menos hasta mediados de febrero.

Si el Tribunal Constitucional, como ayer anunció que lo hará, mantiene las medidas cautelares impuestas este sábado, Carles Puigdemont sigue teniendo muy difícil volver al gobierno: necesita entregarse a la justicia española primero y luego una autorización del juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena- quien no se la concedió al ex vice presidente Oriol Junqueras, encarcelado en Madrid, cuando la solicitó para participar en la constitución del Parlament. 

Si, además, el Alto tribunal admite a trámite el recurso del gobierno que impugna la investidura de Carles Puigdemont, ya sea presencial o no, una nueva ronda de contactos con los partidos tendría que iniciarse para buscar un candidato alternativo, lo cual, por otro lado, no solo lo reclaman las formaciones no independentistas, sino ya también en las últimas semanas los de Esquerra Republicana. “El ex president debe dejar paso a otro candidato si no hay más remedio”, afirmó el diputado de la formación secesionista, Joan Tardá, al diario La vanguardia. “No podemos poner en riesgo la victoria del 21 de diciembre, que nos obliga a no jugar a la ruleta rusa. Es imprescindible tener un Govern”, proclamó Tardá.

Pero para Junts per Catalunya –al igual que para la plataforma independentista Assamblea Nacional Catalana (ANC) y para los miles de manifestantes que, convocados por ellos y por los Comités de Defensa del Referéndum, se concentraron ayer en torno al Parlamento en Barcelona– la única opción válida sigue siendo “Puigdemont o Puigdemont”. De hecho, diputados de JxCat amenazaron incluso con estar dispuestos a ir de nuevo a las urnas si sus socios de Esquerra no hacen todo lo posible por investir al president cesado por el gobierno de Mariano Rajoy. Otra opción que no puede descartarse ante tantos frentes judiciales y políticos abiertos.

Para Puigdemont sigue siendo difícil volver al gobierno catalán.