El ex vicepresidente catalán Oriol Junqueras propuso, en una entrevista publicada por Diario16.com, una presidencia “simbólica” para Carles Puigdemont dada su situación judicial que le impide volver de Bélgica sin ser detenido para retomar el cargo del que fue cesado por Madrid el 27 de octubre pasado. En la entrevista, respondida desde la cárcel por escrito a través de sus abogados, Junqueras defiende la investidura de Puigdemont, pero admite que las circunstancias actuales obligan a repensar cómo ejercer la Presidencia regional.

“La cuestión es si el Parlament puede investir a un diputado electo. Ahí radica un principio democrático elemental”, remarcó el líder de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), rechazando la decisión del Tribunal Constitucional de condicionar la designación de Puigdemont a que sea presencial, previa autorización judicial, algo que se presenta como imposible.

Por ello, Junqueras admite que existen limitaciones tanto al ejercicio de la presidencia desde el “exilio”, el caso de Puigdemont, o desde la cárcel, en referencia a su propia situación, de ahí que platea como alternativa “combinar una presidencia legítima aunque simbólica, con una ejecutiva”.

El líder de ERC reconoce la diferencia de posiciones con Puigdemont y, aunque evita entrar en polémicas, recomienda “poner luces largas”, ya que, añade: “a menudo las cortas no te dejan ver todo el recorrido ni un horizonte”. El martes, el presidente del Parlamento catalán, Roger Torrent, de ERC,  aplazó  el pleno parlamentario para la investidura de Puigdemont después de que el Tribunal Constitucional (TC) advirtiera de que no podría efectuarse si el candidato no se presentaba y contaba con un permiso judicial.

La postergación provocó una nueva crisis interna en el bloque independentista, ya que el grupo de Puigdemont, Junts per Catalunya, y los anticapitalistas de la Candidatura de Unidad Popular (CUP), rechazaron la decisión.

El propio Puigdemont, quien recientemente ha alquilado una residencia en Waterloo a 30 kilómetros de Bruselas, dio por hecho que había sido “sacrificado” y que el proceso de secesión estaba “terminado”, llegando a decir que el “plan” del gobierno español había triunfado, según escribió en unos mensajes de texto que fueron filtrados el miércoles a la prensa. Ante la revelación, el líder independentista admitió que tuvo “dudas” porque es “humano” pero que “no se echará atrás”.

“Avanzaremos si somos lo más generosos posible”, argumentó ayer Torrent, tras insistir en que Puigdemont “es y seguirá siendo el candidato” a la Presidencia del gobierno, y que la sesión de investidura se celebrará cuando “existan garantías”.

Después de la fallida declaración de independencia y el cese de su gobierno por parte del ejecutivo español de Mariano Rajoy, Puigdemont y cuatro de sus ministros se instalaron en Bélgica antes de ser imputados por rebelión y sedición. El resto, Junqueras entre ellos, se quedaron en España y fueron encarcelados preventivamente. Sólo el ex vicepresidente y el antiguo responsable de Interior, Joaquim Forn, permanecen en prisión junto con dos líderes de asociaciones separatistas, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart. Ayer, el abogado que defiende a Junqueras, Sánchez y Cuixart denunció ante la ONU la situación de prisión provisional de los tres independentistas por considerar que es “ilegal”.

“Fueron detenidos después de que los catalanes votaran de manera abrumadora por la independencia en el referéndum del 1 de octubre de 2017”, dijo el abogado británico Ben Emmerson, en conferencia de prensa en Londres. Tras considerar que el caso es una “afrenta contra los derechos humanos”, Emmerson remarcó que no se pide a la ONU que se pronuncie sobre la independencia de Cataluña, sino que reafirme que “el gobierno (español) no puede reprimir la discrepancia política mediante la represión arbitraria”.

El experto en derecho internacional humanitario presentó una comunicación al Grupo de Trabajo contra la Detención Arbitraria en el que explica que “hay evidencias claras de que se han vulnerado derechos fundamentales como la libertad de expresión, manifestación y participación”. También el derecho a tener “un juicio justo”, y añadió que Cuixart, Sánchez y Junqueras están en prisión en un caso claro de discriminación por motivos políticos. “La democracia tolera la disidencia no violenta”, subrayó el abogado de los tres independentistas.

Sánchez, presidente de la Asamblea Nacional Catalana, y Cuixart, al frente de la organización Ómnium Cultural, ingresaron en prisión el 16 de octubre, y se los responsabiliza de haber instigado manifestaciones “tumultuosas” que tuvieron lugar en el marco del intento del gobierno catalán de celebrar el referéndum del 1 de octubre. Junqueras, por su parte, está encarcelado desde el 2 de noviembre.

En los próximos días, el organismo de las Naciones Unidas debe comunicar al gobierno español que recibió el pedido y que inicia una investigación a partir de la cual los expertos evaluarán los argumentos elevados por Emmerson. Sus conclusiones no son vinculantes, pero son un elemento de peso para cualquier tribunal internacional.