Los ex trabajadores de la Fábrica Militar de Pólvoras y Explosivos de Azul (Fanazul) le propondrán a la gobernadora María Eugenia Vidal un plan de negocios para que el Gobierno provincial se hago cargo del establecimiento cerrado por el Ministerio de Defensa y reincorpore a los 220 operarios que quedaron en la calle. "El Estado no tiene porqué perder plata. Podemos hacer una cantidad de explosivos y se pueden generar ganancias", aseguró el delegado de ATE Juan Cacace.

En asamblea, los trabajadores despedidos por el ministro Oscar Aguad decidieron solicitar una audiencia a la gobernadora Vidal para llevarle la propuesta de la "provincialización" de la fábrica, acompañada de planes de sostenibilidad. "La única planta de Fabricaciones Militares que se cerró está ubicada en la provincia de Buenos Aires, por lo que creemos que la gobernadora tiene que escucharnos", consideró Cacace.  

Aunque la gobernadora no responda a la solicitud de audiencia, los trabajadores despedidos marcharán a la puerta de la gobernación bonaerense esta semana para instalar una radio pública a la espera de que Vidal escuche.  "Si la provincia se hiciera cargo de Fanazul, la situación de ventas de explosivos podría proveer a cantidad de canteras y mineras", adelantó el delegado de ATE una de las propuestas para hacer sostenible la reapertura. 

En carpeta, los 220 operarios echados por Aguad también tienen un informe de la Armada Argentina, que indica que Fanazul está en condiciones de desactivar material bélico obsoleto, tarea que aseguraría el funcionamiento de la fábrica al menos por tres años y permitiría a los operarios salir del grupo de los 6639 despedidos solo en el primer mes del año.  

La posibilidad de reabrir la fábrica bajo las riendas del Estado provincial no sería una novedad si se recuerdan los casos del Astillero Naval Río Santiago y del Hospital Naval, ambos ubicados en el distrito de Ensenada. Sin embargo, la gobernadora Vidal no se destaca por impulsar acciones de gobierno que incentiven alternativas no privadas de creación de puestos de trabajo. Ya sea por su alineamiento con la política nacional de despidos de empleados estatales o por los reiterados vetos a las expropiaciones de fábricas recuperadas: la metalúrgica Raimat de (Quilmes), la fábrica recuperada Acoplados del Oestre (Merlo), la Cooperativa de Precisión Limitada (Tigre) o la Cooperativa de Trabajo Cintoplom Ltda (Ciudadela). 

La mandataria también impulsó a fines de diciembre una reforma del sistema de jubilaciones del Banco Provincia, argumentando que la caja era deficitaria y era el Estado el que estaba cubriendo ese rojo. La nueva norma, denunciada y resistida por el gremio bancario, deja en manos del Banco el pago de los haberes, lo que pone en riesgo su sustentabilidad.