Luego de que Fabricaciones Militares ratificara el cierre total de Fanazul, los ex trabajadores marcharon a la Casa de Gobierno de la provincia de Buenos Aires para reclamarle a María Eugenia Vidal que el Estado provincial se haga cargo del establecimiento cerrado por el Ministerio de Defensa. Los delegados de ATE, en representación de los 220 empleados desvinculados, presentaron un escrito para pedir la intervención de la gobernadora. En Azul, mientras tanto, otro grupo de personas cortaba las vías del tren para visibilizar su situación. 

Después de que Mauricio Macri y el ministro Oscar Aguad les cerraran la puerta, los empleados despedidos golpearon las de la Gobernación. En el petitorio presentado, destacaron que la intervención de Vidal es “de una importancia superlativa para volver a poner en funcionamiento la unidad”. “Entendemos que al no haber una solución adecuada por parte del gobierno nacional, la gobernadora debería intervenir para resolver un problema que atañe a todos los bonaerenses del centro de la provincia”, indicó el secretario general de ATE provincia de Buenos Aires, Oscar de Isasi.

Los empleados cesanteados no fueron con las manos vacías, porque le presentaron un plan a Vidal para reactivar las funciones de la fábrica y cumplir una nueva función: la desmilitarización y destrucción de objetos obsoletos de la Armada. “Lejos de dar pérdida puede transformarse en una empresa que además de abocarse a la defensa nacional sea rentable económicamente”, aseguraron. 

En ese mismo sentido, agregaron que Fanazul está en condiciones de llevar adelante otras tareas, como la prestación de servicios de grammafiado, servicio de calibración, intervención en canteras, planta de recarga de matafuegos o producción de anticongelantes.

Los trabajadores pidieron que la gobernadora evalúe su propuesta “por lo que esta fábrica, que es un ícono de las empresas del Estado nacional,  representa en toda la comunidad ‘azuleña’, que es un ícono de las empresas del Estado nacional”. “Creemos que el cierre de Fanazul atenta contra la inversión hecha por el Estado durante todos estos años en materia de calificación de los trabajadores”, señalaron para desactivar la “pérdida de la fuente laboral de todos sus trabajadores”. 

El 1 de febrero, la Dirección General de Fabricaciones Militares le comunicó al intendente de Azul, Hernán Bertellys, el cierre definitivo de la fábrica de pólvora y explosivos. Desde que desactivó la planta, el 28 de diciembre pasado, se realizaron numerosas manifestaciones y cortes de ruta para revertir la decisión del gobierno nacional.