Una chica porque estaba filmando la represión. Un hombre porque caminaba delante de un vallado y según el juez tenía “actitud antisocial”. Otro porque tenía panfletos de agrupaciones de izquierda y piedras, que le plantaron. Otro porque en la indagatoria tenía una remera diferente que en el momento en que fue detenido. Con estos y otros argumentos, el juez Claudio Bonadio decidió procesar a más de treinta personas que fueron detenidas en la movilización contra la reforma previsional el 14 de diciembre. Dejó presos a cinco hombres, dos de ellos en situación de calle y tres identificados con el anarquismo. Los únicos sobreseídos fueron Damiana Negrin Barcellos y Jorge Rafael Morales, porque quedó claro en el expediente que no fueron a manifestarse, de lo contrario estarían en problemas. Damiana (ver nota central), volvía de trabajar y Jorge había ido a vender gaseosas, con tanta mala suerte que lo agarraron antes de que las bajara del auto. Tal es así que un compañero que trabaja con él se las llevó de regalo a todos los que estaban detenidos en Gendarmería. Los siete que quedaron con falta de mérito seguirán investigados porque, según el juez, el mecanismo que utilizan las fuerzas de seguridad es detener a la gente para que después un juzgado busque pruebas en su contra.

Los casos de quienes quedaron procesados o implicados por los delitos de intimidación pública y atentado y resistencia a la autoridad con el agravante para el juez de que querían frenar una sesión del Congreso (que fue levantada con posterioridad a las detenciones) serán discutidos en la Cámara Federal en una audiencia el 20 de febrero. Intervienen los jueces Eduardo Farah y Martín Irurzun, que pese a la dura doctrina que mantienen en materia de prisión preventiva revocaron la mayor parte de los procesamientos de los detenidos en la movilización por la desaparición de Santiago Maldonado el 1 de septiembre último. En aquel entonces dijeron que el juez Marcelo Martínez de Giorgi había acusado sin pruebas a muchas personas. Por ejemplo, fue célebre su uso de un cuadernito levantado por un policía en la calle, que no se sabía a quién pertenecía, pero que se usaba para decir que en el lugar había personas de ideas anarquistas (el cuaderno tenía poesía y alguna consigna) y un dibujo a mano alzada de un living de una casa con dos gatos que fue interpretado como el vallado de la Casa Rosada. Parece cómico, pero no lo es, porque a 31 personas les valió cargar en ese entonces con un proceso judicial.

Excepto Damiana y el vendedor de gaseosas, y un hombre declarado inimputable, el resto de los 44 detenidos en la primera marcha por la reforma previsional tiene un problema con “la Justicia”. Esteban Rossano, el chico que tampoco estaba en la movilización pero quiso ayudar a una mujer golpeada por Gendarmería y terminó preso durante 40 días, fue liberado pero quedó procesado. En algunos casos increíbles, como el de una pareja que vive frente al Congreso y un bibliotecario que debía ir a rendir un examen de inglés, quedan amarrados a la causa por si aparecen en alguna actitud que al juez le pueda parecer sospechosa. Bonadio llegó a hacer allanamientos para buscar en las casas de algunas personas si encontraba, por ejemplo, banderías políticas. A tres manifestantes ligados al movimiento anarquista los dejó presos. A uno, en base a un testigo único que se presentó solo, le atribuyen tirar una bomba molotov. A los otros, los ponen bajo sospecha por haber llegado a la indagatoria con una ropa diferente a la que tenían en la movilización. Dos limpiavidrios que están en situación de calle siguen detenidos por tener antecedentes penales.

El fallo de Bonadio parece una especie de código novedoso para asistir a las movilizaciones. Dice un tramo del fallo: “Quien concurre a una marcha para manifestarse pacíficamente no lleva consigo ropas de recambio (como si fuera a un gimnasio o a una ocasión social posteriormente) ni limones (o como se ha visto en otros casos bicarbonato de sodio o vinagre) para contrarrestar los efectos de los gases lacrimógenos. Tampoco pintura acrílica, cuya indudable finalidad era la de realizar pintadas en edificios y/o vehículos, dañándolos. Seguro que no. Simplemente concurre con un cartel, si es de su agrado, por solo dar un ejemplo general, y si se diera el caso de que la fuerza pública indica desalojar un espacio, lo acata. Y evita con su pronto acatamiento ser alcanzado por gases u otros elementos”.