A la par del cierre de la empresa ArBus (ver aparte) el Gobierno publicó ayer un “manual de buenas prácticas” para las empresas con participación mayoritaria del Estado nacional. Incluye una lista de recomendaciones elaboradas por la secretaría de Coordinación de Políticas Públicas a cargo de Gustavo Lopetegui (foto). “Como Estado accionista creemos en empresas gestionadas en base a resultados. La identificación de resultados medibles y evaluables permite no sólo aumentar la eficiencia de la empresa sino también la supervisión por su accionista y por la sociedad en general”, dice el documento. También menciona la importancia de “prevenir los conflictos de interés” a pesar de que el Gabinete nacional está plagado de funcionarios dispuestos en áreas en las que previamente se desempeñaron desde el sector privado.
Desde la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) denuncian que este año el Ministerio de Modernización prevé despedir un total de 18 mil personas del Estado nacional y buena parte de ellos están ubicados en empresas estatales. Ejemplos recientes del ajuste en este tipo de firmas se ven en el cierre de Fanazul, una planta de Fabricaciones Militares, y en la propia Arbus y en los despidos en la fábrica de aviones Fadea.
“El Estado argentino controla unas 41 empresas, con niveles muy variables de profesionalismo y estándares administrativos”, comienza el manual del Gobierno, publicado ayer en el Boletín Oficial. “Se han mejorado los sistemas de monitoreo del desempeño de las empresas, se ha avanzado en la elaboración de planes estratégicos por parte de estas últimas y se han promovido buenas prácticas de transparencia, gestión y gobierno corporativo”, sigue el documento.
“Sería deseable que las empresas publicaran al inicio del año fiscal sus objetivos estratégicos y durante el primer trimestre del año entrante un informe anual de gestión sobre cómo las mismas cumplieron”; “Las líneas de denuncia cuando permiten la denuncia anónima son los mecanismos más confiables para detectar patrones de conducta irregulares”; “Creemos relevante que las empresas publiquen la composición de sus ingresos y egresos generados por su actividad”, dice el informe. “En los supuestos en que el plan estratégico proyecte un resultado negativo, dicha proyección deberá verse reflejada en el monto de transferencias fiscales contenidas en el presupuesto”, agrega.
