Abrazada a su familia, abrazada con una amplia y roja sonrisa a quienes la acompañaron para llegar a este día, para alejarla de aquella foto denigrante en la que entraba a la cárcel esposada hace 11 años, Teodora del Carmen Vásquez quedó en libertad ayer tras recibir la conmutación de la pena por la Corte Suprema de Justicia y del Ministerio de Justicia y Seguridad de El Salvador. Había sido condenada a 30 años por homicidio agravado por aborto. La ley en El Salvador es una de las más restrictivas del mundo al prohibir el aborto en todas sus formas.

En sus primeras declaraciones, Vásquez, de 34 años, dijo a la prensa estar alegre por su liberación e “ilusionada de seguir luchando por las otras compañeras que están presas injustamente”. En El Salvador, en virtud de la llamada ley antiabortos, promulgada en 1998, están encarceladas 30 mujeres, 16 de las cuales han sido condenadas a entre 30 y 40 años de cárcel. Vásquez formaba, junto con estas últimas, el “grupo de las 17”, cuya libertad reclaman asociaciones de todo el mundo. “Yo voy a trabajar, a luchar por que otras mujeres que han sido condenadas injustamente por casos como el mío, puedan un día recobrar su libertad”, dijo Vásquez a la prensa, mientras los activistas de organismos defensores de derechos de las mujeres gritaban: “Teodora no esta sola, estamos las defensoras”.

Vásquez siempre dijo que no abortó, que sufrió un parto intempestivo que terminó con la muerte de su bebé. Según contó en innumerables ocasiones, experimentó una “emergencia obstétrica” en julio de 2007 y, tras llamar en varias ocasiones al sistema de emergencias público y no recibir respuesta, tuvo un “parto extrahospitalario” en los baños de la escuela en la que trabajaba. Vázquez sufrió una hemorragia severa y el bebé nació muerto. Un empleado del colegio avisó a la policía que patrullaba la zona cuando encontró al bebé muerto y la madre, en estado inconsciente, fue detenida y acusada.

El pasado 13 de diciembre, el Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador confirmó la pena de 30 años de prisión que le fue dictada en 2008. El tribunal de alzada mantuvo la calificación de la fiscalía, para la que el hecho se encuadraba como un homicidio agravado. En junio de 2016, miembros de la Amnistía Internacional se reunieron con el ministro de Justicia y Seguridad, Mauricio Ramírez Landaverde, y presentaron 250.000 firmas para “la libertad de Teodora”. 

Luego de una solicitud de revisión de este nuevo fallo, hecha por el abogado de Vásquez, Víctor Hugo Mata, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) determinó de manera unánime que “existen razones poderosas de justicia, equidad y de índole jurídicas que justifican favorecerla (a Vásquez) con la gracia de la conmutación”, pero no con la declaración de inocencia por inexistencia de delito, que es el reclamo de las agrupaciones que luchan por la despenalización del aborto.       

El juzgado de San Salvador de revisión de penas cumplió con la orden de liberar a Vásquez y expresó que la CSJ sostuvo que “la prueba científica no permite determinar ninguna acción voluntaria (de Vásquez) que condujera a la muerte de la criatura que estaba gestando”.

El viceministro de Justicia de El Salvador, Raúl López, aseguró que la conmutación de la pena también obedeció a que Teodora Vásquez tenía un expediente penitenciario “completamente limpio” y a “sus avances en su proceso de educación formal y personal, así como sus capacidades laborales, con más de 30 diplomas alcanzados mientras estuvo privada de libertad”.

Por su parte, Morena Herrera, una de las líderes de la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto, afirmó: “Hemos acompañado a Teodora desde 2014 y continuaremos luchando por la revisión de las 30 mujeres encarceladas por las mismas causas”.

Vásquez afirmó que las mujeres que están encarceladas por las mismas causas que ella “deben ser liberadas (...) Así como yo tuve esta oportunidad, también ellas lo merecen”.

“La libertad de Teodora es esperanza para las otras mujeres que están encarceladas injustamente, porque ellas nunca debieron ser apresadas ni condenadas”, destacó Herrera.  

En tanto, la agrupación que lidera Herrera sostiene en un documento dado a conocer en las últimas horas: “La conmutación de la pena de Teodora es importante porque le permite regresar a su familia. Sin embargo, no es suficiente porque no reconoce su inocencia. Es por ello que se realizarán acciones judiciales para demostrar que no cometió ningún delito y se le concedan medidas de reparación para su reinserción en la sociedad”.

Asimismo, Ima Guirola, de la feminista Cemujer, apuntó: “Nos unimos en solidaridad a este momento de justicia para Teodora y le expresamos su reconocimiento a nuestras hermanas de Agrupación Ciudadana y movimientos nacionales e internacionales por la justicia para las mujeres y demandamos del Estado salvadoreño políticas integrales de abordaje de los derechos de las mujeres”.

Vásquez abandonó el Centro de Readaptación de Mujeres de la ciudad de Ilopango, 11 kilómetros al este de San Salvador, y fue recibida con vítores y abrazos por su familia, entre ellos sus padres y su hijo de 14 años, además de miembros de organizaciones que lucharon por su libertad.

“Estoy feliz, he perdido muchos años de mi vida, pero estoy feliz que comenzaré una nueva vida”, expresó Vásquez tras asegurar que, luego de lograr su título de bachiller en la prisión, tiene el deseo de “ir a la universidad”.