Durante la década de 1980 las poblaciones de América latina y Medio Oriente llevaron a cabo multitudinarias protestas frente a la implementación de “reformas estructurales” y ajustes fiscales, que generaron el deterioro de las condiciones de vida de las mayorías mediante la baja de los salarios, jubilaciones y subsidios, entre otras medidas. Debido al rol protagónico del FMI en su aplicación a través del establecimiento de condicionalidades para la entrega de préstamos a los países deudores, estas protestas fueron conocidas como las “revueltas del FMI”.
Treinta años después, encendidas manifestaciones en Argentina e Irán evidencian la oposición popular a los recortes en las jubilaciones y pensiones, y las transferencias sociales y los subsidios a la energía, respectivamente, medidas promovidas en ambos casos por el organismo internacional. ¿Pueden establecerse puntos de contacto entre ambas experiencias? ¿Estamos frente a un regreso de las revueltas del FMI?
El poder de la palabra
La comparación con la actualidad muestra algunas diferencias: la principal de ellas es que la disponibilidad de financiamiento externo privado vuelve prescindibles –por el momento– los créditos del FMI. El último desembolso del organismo a la Argentina fue en 2004, mientras que Irán no le ha pedido créditos desde 1960. Aunque sin acuerdos de financiamiento no hay condicionalidades, el Fondo logra influir en las políticas económicas domésticas a través de las Consultas del Artículo IV.
Estas consisten en revisiones anuales por parte del FMI de las principales variables económicas y financieras de los países miembros, y constituye el principal mecanismo de monitoreo bilateral del organismo sobre ellos. El resultado de las mismas se plasma en un informe que resume la mirada del organismo sobre la economía local e incluye recomendaciones para corregir los desequilibrios identificados. Se trata de sugerencias no obligatorias, pero su cumplimiento expresa una disposición cooperativa con el principal organismo multilateral económico-financiero al que, además, se le reconoce expertise para promover políticas consideradas “adecuadas”. Mediante la combinación de poder material y simbólico, el Artículo IV se convierte en una vía de persuasión para el Fondo.
Las revisiones del Artículo IV han sido criticadas por su sesgo político-ideológico y por las limitaciones técnicas de sus recomendaciones. Además, han sido más efectivas en los países que buscan un visto bueno del organismo para obtener financiamiento externo o con gobiernos que promueven agendas económicas ortodoxas, convergentes con la del FMI.
Protestas
Desde la llegada de Cambiemos al gobierno se intensificaron las protestas sociales. El debate en el Congreso por la reforma previsional convocó a nuevas y multitudinarias manifestaciones contra la baja de jubilaciones y pensiones. Si bien la reforma estaba en la agenda del gobierno, recibió un impulso del Fondo a través de las recomendaciones del Artículo IV de 2016. Para bajar el déficit (que en términos previsionales fue en buena medida auto generado por el gasto que generó la Reparación Histórica), el FMI recomendó –entre otras medidas de ajuste– avanzar en una reforma previsional que incluía tres cambios: indexar la fórmula de actualización de haberes a la evolución del índice de precios al consumidor, reducir la proporción del haber inicial en relación al último salario y aumentar la edad jubilatoria de las mujeres a 65 años.
El gobierno propuso un proyecto inspirado en esas recomendaciones, aunque durante el tratamiento en el Congreso sufrió algunas modificaciones: la fórmula quedó compuesta por un mix de inflación y salarios; se demoró seis meses la indexación, lo cual permitía reducir el gasto real en los haberes; y la suba de la edad jubilatoria sería voluntaria sólo para empleados públicos. Luego de una primera sesión fallida y el otorgamiento a través de un decreto de un bono que compensa muy marginalmente la pérdida sufrida por los haberes, el gobierno logró la sanción de la ley en el marco de una masiva manifestación a la que respondió con represión. Las similitudes sustantivas entre el proyecto aprobado y las recomendaciones del Fondo llevaron a la oposición a señalar que la votación “la había ganado el FMI”.
Ajuste
Las revueltas que tuvieron lugar en Irán también fueron en rechazo a una serie de medidas propuestas por el FMI y aplicadas por el gobierno central del presidente Hassan Rouhani, que afectan directamente las condiciones de vida de los sectores más desfavorecidos. Más allá de las internas políticas en Irán y de las responsabilidades domésticas y externas en la promoción de las manifestaciones, lo cierto es que las mismas excedieron a sus posibles instigadores y se esparcieron por buena parte del país. La geografía destaca las motivaciones socio–económicas de las revueltas, ya que tuvieron lugar en centros urbanos y rurales poblados por los sectores más perjudicados por las políticas de Rouhani, aplaudidas e impulsadas por el FMI.
Entre estas últimas cabe destacar la eliminación de la “transferencia universal de efectivo”, un mecanismo aplicado por el anterior gobierno encabezado por Mahmoud Ahmadinejad que intentaba compensar la quita de subsidios a la energía. Esta última ha sido una de las demandas principales del Fondo hacia los países en desarrollo, pero su implementación es resistida debido al impacto que las subas bruscas del precio de la energía tienen sobre la vida cotidiana de la población. En diciembre de 2010, en el marco de una economía afectada por la crisis financiera global, el gobierno de Ahmadinejad pudo sortear esta dificultad aplicando como compensación una “transferencia universal de efectivo” que se realizó a través del sistema bancario y que benefició a los sectores más desfavorecidos.
El presupuesto presentado por Rouhani a fines de 2017 supuso un golpe a estos sectores en este punto en dos sentidos. Por un lado, se recortaron sustantivamente las “transferencias universales de efectivo”, demanda hecha por el FMI en las Consultas del año 2016. Por otro lado, el presupuesto prevé un aumento en el precio de los combustibles. El impacto económico que supone esta remoción para la población, sumado a un persistente aumento en el costo de la calidad de vida y a altos niveles de desempleo, fue el puntapié para revueltas a las que se sumaron distintas reivindicaciones e intereses.
Convergencia
Si bien los gobiernos argentino e iraní no tienen en sus agendas inmediatas la solicitud de créditos al FMI, ambos ponderan las buenas relaciones con el organismo como una señal de sus respectivos giros en política exterior. Esta demostración resulta fundamental para los gobiernos de Macri y Rouhani, que dependen de inversiones extranjeras para lograr sus objetivos de política económica.
Ya que las recomendaciones bajo el artículo IV son optativas, es indispensable considerar el rol activo de los gobiernos en su aplicación. Primero, en ambos casos era un tema que formaba parte de sus respectivas agendas de reformas. Segundo, existe una perceptible convergencia ideológica entre los equipos económicos y los funcionarios del Fondo que se refleja en que ambos privilegian políticas pro mercado y de liberalización para impulsar el crecimiento. Así, menos que una imposición externa, las reformas en ambos países expresan la convergencia de agendas entre los gobiernos y el organismo. Las protestas sociales que se dan en el marco de promesas de mejora de vida incumplidas, resaltan el carácter anti popular de las reformas cuya autoría expresa una complementación entre actores locales y externos.
* Conicet/Unsam.
** Conicet/Unsam/Flacso.
