La decisión del gobierno de Mauricio Macri de vender una participación accionaria en Transener, operadora de la red troncal de transmisión eléctrica en todo el territorio nacional, dio lugar a una confusa disputa entre los máximos dirigentes de la UCR y el ministro de Energía y Minería, Juan José Aranguren. El radicalismo objetó la decisión de vender las acciones de Transener y le exige al gobierno que desista de esa operación, argumentando “razones económicas, estratégicas y de política energética”. Disputa confusa, porque similares razones podrían argumentarse para objetar otras muchas decisiones adoptadas por la cartera energética, de similar gravedad, incluso en el mismo decreto de Transener, sin que el socio principal del macrismo en Cambiemos las haya objetado o manifestado su disidencia. La disputa por Transener, sin embargo, dejó salir a la luz otras irregularidades en el procedimiento de venta de estas acciones: entre otras, que el funcionario que firmó la Disposición Administrativa llamando a concurso para contratar un servicio de asesoramiento en la venta de las acciones de Transener en poder de Enarsa es Marcelo Blanco, subsecretario de Coordinación de la cartera energética, que hasta el año 2016 ocupó una silla en el Directorio de Pampa Energía. Esta última, controlada por Marcelo Mindlin, que adquirió recientemente la constructora de obra pública Iecsa, de la familia Macri, es además la principal accionista de Transener, y por lo tanto principal interesada en la operación, ya sea por tratar de incidir en quien sea su próximo socio, o para adquirir para sí esa porción del capital. Muchas confusiones superpuestas: de intereses, por empresas sentadas de ambos lados del mostrador; y de argumentos, razones y objetivos por el lado del partido socio de Cambiemos. ¿Qué oculta la virtual disputa?
Así como en el caso del desplazamiento del radical Mario Cimadevilla de la titularidad de la Unidad fiscal de investigación del caso AMIA, lo que conmueve a la UCR no serían las políticas promovidas por el gobierno, sino la pérdida de los espacios que ocupa el partido centenario en la administración nacional. En este caso, investigadores con conocimiento de las rencillas internas señalan el puesto actual del ex secretario de Energía Jorge Lapeña como director de Enarsa, como uno de los ejes de controversia. El cargo se iría evaporando al mismo tiempo que se diluye el peso de esa empresa estatal, sin que hasta ahora se les haya ofrecido una compensación ni fueran consultados en las transformaciones.
Transener y su historia
Transener nace de la privatización del sistema eléctrico nacional en el año 1993. Quedó a cargo de la operación de la red de transmisión eléctrica en alta tensión de todo el territorio nacional, que hasta entonces estaba repartida en tres empresas estatales: Agua y Energía Eléctrica, Hidronor y Segba. La operación y administración fue inicialmente adjudicada al consorcio conformado por National Grid y Pérez Companc, que lo hacían a través de la empresa Citelec, creada a tal efecto. Con el tiempo, Citelec fue cambiando de manos y su porcentaje de participación también varió. A septiembre de 2016, el 52,65 por ciento de Transener estaba en manos de Citelec, y el 47,35 por ciento restante en acciones Clase B que cotizaban en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires.
A su vez, el capital de Citelec a esa fecha estaba distribuido en la siguiente forma: 25,5 por ciento en manos de Pampa Energía (grupo Mindlin); 12,75 por ciento de Electroingeniería; 12,75 por ciento de la estatal Enarsa (cuyo ingreso como acccionista se produjo en 2008), y el restante 49 por ciento en acciones clase B cotizantes en Bolsa. El 30 de septiembre de 2016 se concretó la venta del paquete accionario de Electroingeniería a Enarsa, con lo cual la empresa estatal pasa a tener el 25,5 por ciento de Citelec. Es decir, que pasa a compartir, en partes iguales, el grupo de control con Pampa Energía.
El actual titular de Enarsa es Hugo Balboa, un ex directivo de Shell Argentina designado por Aranguren en ese cargo.
Patrimonio público en venta
Por el decreto 882/17, del 31 de octubre de 2017, el Poder Ejecutivo “instruye al Ministerio de Energía a impulsar las medidas necesarias para proceder a la venta, cesión u otro mecanismo de transferencia” de tres centrales de generación eléctrica (Ensenada de Barragán, Brigadier López y Manuel Belgrano II) y “la participación accionaria de Enarsa en Citelec”. Dos meses después, el 28 de diciembre, la subsecretaría de Coordinación Administrativa de esa cartera emitía la Disposición 527/17, por la cual llama a concurso público para la contratación de un servicio de consultoría para el diseño y estructuración del proceso de enajenación de las acciones de Citelec, estimando un honorario a pagar de 24 millones de pesos por la tarea. La norma lleva la firma del subsecretario, el ingeniero Marcelo Pedro Blanco, en cuya foja de servicios figura el antecedente reciente de haber sido miembro del Directorio de Pampa Energía entre 2013 y 2016.
El cruce espistolar
Con múltiples imprecisiones (en las normas referidas o porcentajes de participación, entre otras), la carta firmada por el titular del Comité Nacional de la UCR, Alfredo Cornejo, más las autoridades de la Convención Nacional y los dos bloques legislativos, cuestiona la transferencia de las acciones de Transener, reclama que el gobierno desista de esa decisión y objeta la intervención de Marcelo Blanco, ex Pampa Energía, en el procedimiento. Aranguren respondió la nota de la cúpula radical subrayando que al proponer la compra de las acciones de Electroingeniería en 2016, “Enarsa únicamente tuvo en cuenta la posibilidad de aprovechar una oportunidad de negocio antes que una decisión estratégica de política energética, y en ningún caso se le instruyó a Enarsa para que adopte dicha decisión teniendo en miras una reestatización de Transener”. En Aranguren, ideología y negocios no tienen contradicciones, van de la mano.
Este intercambio epistolar ocurrió en enero de este año. Hubo nuevos cortocircuitos entre el radicalismo y el titular de Energía, pero nada cambió. La respuesta de Aranguren desnudó una falacia argumental de la carta de protesta radical: no son razones de política energética o estratégicas lo que provoca una fractura. El ministro de Energía mantiene la misma política de siempre sin contradicciones: reduce la incidencia del patrimonio público en favor del capital privado y le asegura negocios a las concesionarias incluso con una política tarifaria que ha castigado duramente a los usuarios.
Aranguren, incluso, subraya otra imprecisión de la carta de la UCR: no es verdad que “desde la compra de Enarsa en 2016, Transener ha mejorado su performance económica y técnica”, sacándola de la “situación de crónico quebranto a que fue sometida en los últimos tres lustros”, a consecuencia de “las políticas de congelamiento tarifario impuestas desde la administración de los presidentes Kirchner”, como dice la carta de Cornejo y sus correligionarios. Aunque con argumentos distintos a los de Aranguren, un estudio publicado esta semana por el Observatorio de la Energía y la Tecnología, Oetec, destaca que Transener no venía de un “quebranto crónico”, sino que sus balances arrojaron ganancias por 153 millones de pesos en 2014 y de 64 millones en 2015. En cambio, tuvo quebranto en 2016 bajo gestión de Cambiemos (552 millones de pérdida) y revirtió los resultados tras el brutal tarifazo eléctrico de 2017 (ganancias por 1437 millones de pesos en el período enero a septiembre de ese año).
De todos modos, el trabajo de Oetec destaca que “la eficiencia de las empresas públicas no se mide por los resultados económicos, sino por la calidad del servicio, en este caso medido por el índice de fallas; y los reflejados en las mediciones de 2017 son similares a los de 2014”. Es decir, un nivel similar de servicio al de tres años atrás, un brutal salto en las ganancias de la empresa bajo control privado y un feroz aumento en los costos que debieron pagar los usuarios.
El documento del observatorio que dirige Federico Bernal pone los puntos sobre las íes: “una cosa es el modelo de negocio y otra, el modelo de servicio concesionado”. El modelo de servicio concesionado que se va imponiendo, transformando en 180 grados el anterior, es el que convierte el servicio público en un negocio privado, que le va quitando peso al Estado, a las políticas de control y regulación, y le carga sobre las espaldas de los usuarios el costo de una tarifa dolarizada. No es esto lo que cuestiona el planteo de los radicales. De hecho, sus “expertos” en temas energéticos participan activamente en el actual esquema. El ya mencionado Lapeña en Enarsa, y Emilio Apud y Daniel Montamat en el nuevo directorio de YPF.
Lo que está en controversia para el socio menor de Cambiemos es el modelo de negocio. ¿Por qué el Ministerio de Energía avanza en una decisión, la venta de las participaciones estatales, sin consultar a los integrantes radicales del elenco energético? ¿Acaso no lo sabían antes las cúpulas de Shell, o de Pampa Energía, a través de sus “hombres de confianza” en la conducción de la cartera energética? En definitiva, ¿ocuparán algún espacio los hombres del radicalismo en los nuevos esquemas que se van perfilando en el sector energético? No fue eso lo que le preguntaron a Aranguren por carta, lo cual le ahorró al ex CEO de Shell Argentina tener que darle la respuesta.
