El gobierno brasileño anuló ayer la designación de la diputada Cristiane Brasil como ministra del Trabajo y desistió de involucrarse en una batalla judicial con el máximo tribunal, que impidió la asunción de la legisladora condenada por infringir normas laborales.

La decisión fue oficializada mediante un decreto publicado ayer en el Diario Oficial, que deja sin efecto el anuncio hecho el pasado 3 de enero. El nombramiento de Brasil como ministra de Trabajo había desatado de inmediato una fuerte polémica, pues la diputada había sido procesada en 2016 por haber tenido dos choferes a su servicio sin contratos formales ni las garantías laborales de ley, por lo que había sido condenada a indemnizar a uno de ellos.

Su jura como ministra fue suspendida por distintos tribunales que aceptaron demandas de organizaciones civiles, y pese a que el 20 de enero fue liberada por el Superior Tribunal de Justicia, tres días después una cautelar de la corte suprema frenó la asunción. La presidenta del Supremo Tribunal Federal, Carmen Antunes, única magistrada de turno durante la feria judicial, tomó la decisión de manera provisoria.

En medio de la polémica, también surgieron sospechas de que la diputada, en la campaña, en 2014, que la llevó a obtener su escaño, habría incurrido en diversas irregularidades de naturaleza electoral, Además, estuvo bajo la lupa en una investigación por supuesta asociación al narcotráfico. En ese caso, según investigaciones de la Fiscalía, está sospechada de haber pagado a narcotraficantes que dominan favelas de Río de Janeiro para que facilitaran sus actividades proselitistas en esas zonas, durante la misma campaña electoral.

Brasil negó todas las acusaciones, pero aún así el Supremo mantuvo suspendido su nombramiento como ministra, que finalmente el gobierno anuló, a pesar de que había anunciado que se sumergiría una batalla jurídica por mantenerlo. Antes del nombramiento de Brasil, la cartera de Trabajo estaba dirigida por Ronaldo Nogueira, quien renunció para concentrarse en la campaña para su reelección como diputado en los comicios que se celebrarán en octubre próximo. Según la legislación brasileña, los dirigentes que ocupan un puesto en la administración pública y aspiren a postularse a un cargo electivo, deben renunciar seis meses antes de los comicios. Hasta ahora, por esas normas, Temer ya perdió a cuatro de sus 28 ministros desde fines del año pasado.