Miguel Arce Aggeo es abogado de los familiares de las víctimas de la tragedia. Junto a su socio Javier Moral se dio a una estrategia judicial que pretende subir en la escala de responsables sobre el incendio en la planta de Iron Mountain. Dice que irán por el ex responsable de la AGC, Juan José Goméz Centurión. 

–¿Cuál es su reflexión jurídica sobre este fallo?

–Es un fallo realmente histórico porque logramos imputar concretamente que se incumplieron claramente los deberes y obligaciones de los funcionarios y de los representantes de Iron Mountain. Y no sólo para contener el siniestro. Además para no prevenirlo, de modo tal que debería haber una segunda etapa de la investigación donde se profundice por qué hubo tanta negligencia en los mecanismos de control. Eso es lo principal.

–Usted trazó un paralelo con la causa de Cromañón. Pero en IM hay otra denuncia por lavado de dinero, relacionada con las empresas que guardaban documentación en el depósito de Barracas y que todavía está en trámite. ¿Qué nos puede decir?

–Le puedo explicar que a diferencia de Cromañon, las víctimas y nosotros, los abogados de ellas, sostenemos que este caso no es un simple estrago culposo, sino que creemos que hay motivaciones de tipo económico que hicieron que fuera tan exagerada la falta de prevención del siniestro. Esto no es común. Aparte Cromañon no tuvo los antecedentes de seis incendios anteriores en el mundo de la misma empresa, y que fueron todos iguales. En la tragedia de Cromañón no se encontró material sensible en el incendio desde el punto de vista financiero y del lavado como la que estaba investigando el fiscal Federico Delgado.  

–En la escala de responsabilidades hacia arriba del Estado, la más importante entre los procesados es una mujer que respondía a Gómez Centurión. ¿Van a ir más allá de esta funcionaria?

–Vamos a apelar esa decisión. Con el doctor Javier Moral presentaremos en la Cámara el organigrama de responsables de la Agencia Gubernamental de Control de la ciudad. Y por supuesto Gómez Centurión estaba arriba de todos. La imputación principal es –lo dice claramente el juez y estamos muy de acuerdo– que violaron el deber de garante. 

–¿Cuánto tiempo pasó para que ustedes pudieran llegar a este fallo?

–Estamos como abogados desde febrero de 2015, son ya tres años. Igual hay que tener en cuenta algo. Que las pericias son muy complejas. Las pericias en este tipo de causas, como Lapa, Cromañón, Once, pueden llegar a un año y medio o dos.

–¿Qué penas mínimas y máximas podrían recibir los procesados?

–Eso es discutible, pero estaríamos arrancando desde los cinco años y si pensamos que son en concurso, como nosotros creemos, podríamos llegar hasta diez años. Y en el caso de los funcionarios públicos también implicaría la inhabilitación, obviamente. Esta gente va a terminar frente a un Tribunal Oral. El caso se va a ventilar como Cromañón y Once. Los plazos no van a ser muy extensos, porque acá no estamos en Comodoro Py. Estamos en la Justicia de Instrucción común. Y funciona bastante bien. Esto va a pasar por la Cámara y después iremos hacia el juicio oral.