En la provincia de Buenos Aires las mujeres abortan y mueren, pero en el territorio bonaerense no se aplica el protocolo nacional de interrupción legal del embarazo. Hoy la diputada Lucía Portos presentó por cuarta vez un proyecto para que se trate el protocolo de acceso y se adapte a lo exigido por la Corte Suprema en 2012 a través del fallo FAL, pero nuevamente la Cámara Baja provincial se niega a dar el debate. Mientras tanto, la Interrupción Legal del Embarazo en caso de riesgo a la salud de la mujer o por embarazos producto de una violación sigue dependiendo de la voluntad de las y los profesionales de los sistemas de salud locales y provinciales.
La gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal había anunciado en octubre de 2016 que la provincia se adheriría al protocolo nacional para abortos no punibles, que contempla la legalización de procedimientos quirúrgicos en los casos previstos en el Código Penal. Una semana le bastó para cambiar de opinión y echar para atrás la resolución firmada por la entonces ministra de Salud, Zulma Ortiz. La medida disponía que el protocolo nacional sea de "aplicación obligatoria" en la red sanitaria provincial, borrando así los obstáculos al aborto legal para las causales previstas.
A pesar de la discusión que se dio en el Congreso nacional respecto del Proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo, la decisión de la gobernadora no cambió. Vidal llegó a decir incluso que se sentiría "aliviada" en caso de que el proyecto de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto legal no se aprobara. A menos de una semana de la votación, dos mujeres murieron en su provincia: una en San Martín por haber interrumpido su embarazo con una rama de perejil y otra en Pilar por las complicaciones de un aborto incompleto. Una tenía 34 años y dos hijos; la otra 30 y cuatro hijos.
El texto que presentó hoy Portos, que no fue tratado en comisión y, sin dictamen, no contaría con los dos tercios de la Cámara para poder ser discutido, establece la regulación del acceso a la interrupción del embarazo en los supuestos del artículo 86 del Código Penal y estipula el cumplimiento obligatorio en todos los centros de salud de la provincia.
También instituye que cualquier penalización a la mujer va en contra de la ley, en tanto considera ilegal los pedidos de “autorización a directivos, la denuncia policial o judicial, la intervención de comités de ética, la consulta obligatoria a terceros y la imposición de pedidos de espera”. Asegura, por otro lado, el resguardo de la intimidad de la persona solicitante y obliga a la Provincia a informar sobre este derecho, realizar los estudios necesarios, ofrecer asesoramiento legal y una consejería en salud posterior.
“Nos parecía que era importante visibilizarlo y trabajarlo a pesar de la negativa”, resaltó a Página/12 Portos, que sin embargo aclaró que lo presentará nuevamente a pesar del rechazo "cada vez que pueda”. La diputada destacó que hay una “doble responsabilidad” por parte de las autoridades provinciales que se niegan a abrir la discusión. “Primero, institucional, por no tomar las medidas necesarias para las mujeres tengamos más acceso efectivo a la salud pública, y también política por sus dichos del día anterior a la sesión del senado”. “Queremos que explique ese alivio a las familias de las mujeres que mueren por abortos clandestinos en la provincia”, concluyó.
Desde la Red de Profesionales por el Derecho a Decidir habían señalado la importancia que tenía este debate. Destacaron que el proyecto "cumple con los estándares exigidos, que los miles de profesionales de la provincia necesitamos, pero sobre todo que necesitan las mujeres y las personas con capacidad de gestar en la provincia" y exhortaron tanto a la gobernadora como a los diputados a aprobar la iniciativa.
Ana Paula Fagioli, miembro de la Red, explicó a este diario que la falta de homologación del protocolo nacional "afecta en la garantía de derechos de forma masiva" porque es el protocolo el que ordena las practicas sanitarias según las intervenciones de mejor calidad, tal cual recomienda la OMS. Pero muchos médicos no conocen su existencia. "Esto hace que sólo aquellxs que somos feministas o activistas llevemos adelante el acceso a abortos legales por nuestras convicciones", puntualizó. Destacó que el problema es que "El Estado, además de no estar legalizando las practicas, no está acompañando a los profesionales de la salud con información de calidad, sobre cuáles son las mejores practicas para acompañar a las personas gestantes".
