“Las obras en ejecución, si son aquellas que fueron supuestamente obtenidas por pago de sobornos, deberían ser anuladas por la administración nacional”, advierte Natalia Volosin, doctora en derecho por la Universidad de Yale. La especialista también consideró que dentro del proceso judicial se pueden recuperar fondos de las obras con supuestos sobreprecios: “Se tendría que aplicar el artículo 23 del Código Penal: los fiscales y las querellas, pueden pedir medidas cautelares y el decomiso que bienes que sean el producto del delito con el que se beneficiaron las empresas”. “En cuanto a las obras a futuro, depende de qué norma aplique. Cada régimen legal tiene sus especificidades. En general, se plantean inhabilidades para aportar. En la Ciudad, se tiene que tener condena firme. En el caso de la PPP, basta con tener un procesamiento confirmado”, indicó Volosin. “Si hay un procesamiento confirmado para los que fueron adjudicados por PPP se va a discutir si la inhabilidad tiene que ser posterior o si es sobreviniente, es decir, si rige durante todo el contrato”, advirtió. “El Gobierno tiene que dar una señal contundente en esta materia. No puede llevarlo a una discusión de si la economía se va a ver perjudicada. Hay que cumplir la ley”, indicó la abogada.
