Tras más de tres años de debate y casi quince de espera, los familiares de las víctimas del atentado a la AMIA supieron en las últimas horas que antes de fin de año habrá sentencia en el juicio oral y público que evalúa las responsabilidades del ex presidente Carlos Menem, el ex juez Juan José Galeano y los ex fiscales Eamon Mullen y José Barbaccia; el ex titular de la DAIA Rubén Beraja y funcionarios de la ex SIDE, entre otros, en el encubrimiento de la explosión que mató a 85 personas en julio de 1994. Para la querella de Memoria Activa, una de las tres agrupaciones de familiares que participaron del proceso, las defensas “no pudieron desvirtuar” ninguna acusación con lo cual al Tribunal Oral Federal 2 no le queda más que emitir condenas. Sin embargo, advirtieron que hay algo que les preocupa: que “las presiones del Gobierno que llegaron a la querella del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que derivó en el despido de su equipo de abogados, el escándalo, la renuncia y la denuncia penal de (el ex titular de la Unidad AMIA) Mario Cimadevilla lleguen al tribunal”, sostuvo el abogado Rodrigo Borda.
A cargo de los jueces Jorge Gorini, Néstor Costabel y Karina Perilli y en plena ebullición preelectoral, el juicio por el encubrimiento del atentado a la AMIA comenzó en agosto de 2015. La política, no obstante, acompañó e interfirió en la causa –tanto en esta como en la que intenta dilucidar quién puso la bomba en Pasteur 655, quién dio la orden, quién colaboró– desde el minuto cero, en mayor o menor medida, y el juicio en sí no fue excepción. A minutos de comenzar su alegato, la Unidad AMIA del Ministerio de Justicia, querellante en el proceso, desplazó por orden del ministro Germán Garavano al abogado que debía alegar y quien estuvo a cargo de la parte, Enrique Ventos. Antes, la abogada Mariana Stilman había presentado su renuncia bajo el argumento de que la nueva línea política de la cartera implicaba un “acercamiento a los imputados” por parte de la querella. La Unidad, finalmente, pidió la absolución de los ex fiscales Mullen y Barbaccia, en una sala colmada de jueces, secretarios, operadores y fiscales que circulan cotidianamente por Comodoro Py. El episodio culminó en escándalo: Garavano disolvió la Unidad AMIA y dejó sin puesto a su titular, Mario Cimadevilla, quien terminó denunciando penalmente al ministro.
“Aquello fue claramente un cambio de postura y una nueva muestra de que la política se entromete en esta causa. Estamos preocupados desde hace bastante de que las presiones del Gobierno que llegaron al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos se hayan extendido el tribunal”, apuntó Borda, que representa a uno de los colectivos de familiares que querellan en el proceso. Todos, señaló, “sufrieron de manera permanente y con más intensidad durante los alegatos, acusaciones, ataques y descalificaciones de parte de las defensas. Agravios muy ofensivos para las familias, los acusaron de no querer que se esclarezca el atentado, por ejemplo, todo sin que el tribunal dijera nada. Eso creemos que va a tono con la presión política que cae sobre la causa”.
Sin embargo, los familiares de las víctimas tienen muy en claro que este juicio, el que repasaría uno de los capítulos más infames de la política y la Justicia nacional, es uno de los grandes mojones en el camino de búsqueda que emprendieron, obligados, el 18 de julio de 1994, cuando la bomba que voló la sede porteña de la mutual judía mató a sus hijos, sus parejas, sus padres o madres, sus amigos. También lo sabían entonces. Y no cejaron en su lucha y búsqueda de Justicia.
La espera, saben, está llegando a su fin. El jueves pasado, la abogada Valeria Corbacho, que representa la defensa de Beraja, culminó su alegato. Éste fue el último de casi veinte, que ocuparon el último año del debate. Desde Memoria Activa no tienen dudas de que “las defensas no pudieron desvirtuar ninguna de las acusaciones, ni un solo hecho”. El abogado de este colectivo de familiares de víctimas del atentado, Rodrigo Borda, resumió que a lo largo de los más de tres años de debate “aquella hipótesis de encubrimiento del atentado que planteó el Tribunal Oral Federal 3, lejos de ser desvirtuada, quedó confirmada y, más aún, fortalecida con pruebas nuevas y testimonios más contundentes”.
El juicio oral y público –que contó con pocas audiencias semanales, en algunos casos “exprés”, por lo cortas– giró en torno de las responsabilidades que una decena de acusados tienen en relación con dos hechos que, concatenados, tuvieron un mismo objetivo: desviar la investigación judicial destinada a esclarecer el atentado, que apuntaba a personas de origen sirio vinculadas al entonces presidente, mediante la creación de una pista falsa, la llamada “conexión local”, que involucraba a una banda de policías bonaerenses dedicados al robo, desarme y venta de autos. Así lo había planteado el TOF 3, que en 2004, y después de un debate oral y público, declaró nula la investigación sobre la conexión local y devolvió a la Justicia de primera instancia el caso para que investigara el entramado político y judicial que ideó, posibilitó y concretó la pista falsa para encubrir a los verdaderos responsables de la explosión.
La instrucción culminó en el despacho del juez federal Ariel Lijo, que acabó por procesar en 2006 a Menem, Galeano, Mullen, Barbaccia, las autoridades menemistas de la ex SIDE Hugo Anzorreguy y Patricio Finnen, el reducidor de autos Carlos Telleldín, y su esposa, Ana María Boragni; el abogado de Telleldín, Víctor Stinfale, los ex comisarios Jorge “Fino” Palacios y Carlos Castañeda, y a Beraja. A algunos los involucró en el abandono de la llamada “pista siria”, que derivaba en el ciudadano de origen sirio Kanoore Edul y que, según la investigación, Galeano abandonó por pedido presidencial. A otros, los inculpó de integrar la asociación ilícita que tuvo por objetivo instalar a un grupo de policías bonaerenses como la “conexión local” del atentado a partir de pago de coimas y testimonios inventados.
“No hubo ninguna prueba o argumento planteado por las defensas que desvirtuara la acusación que planteamos. Los hechos tal como fueron desplegados y probados en el juicio dan lugar a condenas y esperamos que así sea”, sostuvo Borda en declaraciones a PáginaI12. La querella de Memoria Activa solicitó condenas para todos los acusados, al igual que la querella del colectivo 18J. Las penas pedidas fueron altas para el ex juez y los ex fiscales –20 y 15 años– y menores para Menem y el resto de los acusados. La Agrupación por el Esclarecimiento de la Masacre Impune de la AMIA solo pidió penas para los acusados implicados en la pista siria.
La sentencia, cree el abogado, llegará antes de fin de año. Sobre todo, teniendo en cuenta que el TOF 2 limitó fuertemente las réplicas de las partes acusadoras. “No se han desarrollado (a lo largo de los alegatos) temas novedosos que habiliten la instancia de las réplicas normadas por el artículo 393 del código de procedimiento”, plantearon los jueces, que enumeraron en su comunicación algunas excepciones. Para la querella de Memoria Activa, el TOF “quita la posibilidad de usar la palabra de manera arbitraria”. Dieron solo quince minutos por parte para exponer en el marco de las réplicas.
