La Cámara Federal de Casación Penal (Sala 2) que en diciembre benefició a Víctor Brusa con la libertad domiciliaria, ahora le dio otra mano. En una resolución que se conoció el viernes, rechazó el recurso extraordinario que impulsaba el fiscal de Casación Raúl Pleé y ratificó que el ex juez condenado a 23 años de prisión por crímenes de lesa humanidad podrá cumplir el resto de la pena en su casa. El primer fallo había escandalizado a los organismos de derechos humanos de Santa Fe y el segundo ya no sorprendió. "Era obvio", dijo la abogada de Hijos Lucila Puyol a Rosario 12. Los jueces Angela Ledesma y Guillermo Yacobucci "no iban a resolver de otra manera porque si le otorgaron a Brusa la domiciliaria sin fundamentos, era de cajón que no la iban a revocar", como pidió Pleé. "Muchos jueces, lamentablemente, tienen la misma mirada del poder político que quiere cerrar los juicios al terrorismo de estado" por la vía de las domiciliarias y agita eso de que "los genocidas son viejitos y están enfermos. Esa figura del viejito bueno. Es lo que hace el gobierno de (Mauricio) Macri, que intenta humanizar a los genocidas. Los jueces están en sintonía con esa línea de impunidad. El planteo de la Cámara va en esa dirección", agregó Puyol.
Brusa salió de la cárcel de Las Flores el 7 de diciembre. El mismo día que Casación le otorgó la domiciliaria, en un fallo dividido. Dos jueces de la Sala, Ledesma y Yacobucci se la concedieron "sin fundamentos" -recordó Puyol- porque "la defensa la había solicitado por una cuestión de salud, pero como no pudo probarlo porque los dictámenes del Cuerpo Médico Forense y de la Junta de Salud Mental dijeron que se podía atender en el penal, se la otorgaron, sin petición de parte, por la edad". La trama la destapó el voto en disidencia del tercer juez, Alejandro Slokar, quien dijo que en la causa "no hay elementos de juicio" que indiquen que Brusa no podía tratarse en Las Flores y que el tope de los 70 años "no es automático" para acceder a la libertad domiciliaria, si antes no se lo fundamenta. Slokar advirtió sobre la amnistía por goteo. Un "análisis sesgado" de la ley se puede traducir en "supuestos de impunidad". La Argentina está obligada a cumplir los pactos internacionales y no hacerlo significaría "una situación de gravedad institucional" que pondría al Estado "en riesgo de sanción frente al sistema universal de Derechos Humanos".
