Uno de cada siete porteños no tiene garantizado el acceso al agua potable segura. Se trata de los aproximadamente 400 mil habitantes de las villas porteñas, que no cuentan con la prestación de los servicios públicos en igualdad de condiciones que el resto de la ciudad. Los datos se desprenden de un reciente informe de la Cátedra de Ingeniería Comunitaria de la Universidad de Buenos Aires. Y es que a pesar de que la ley de Gestión Ambiental del Agua de la Ciudad (Ley 3.295) reconoce “el acceso al agua potable en cantidad y calidad suficientes para usos personales y doméstico como derecho humano fundamental”, para muchos vecinos de la ciudad sigue siendo un lujo.
Un ejemplo de esto es lo que ocurre en la Villa 21-24, un barrio popular ubicado en la Comuna 4, en la zona sur de la Ciudad y a la vera del Riachuelo. Es una de las villas más pobladas de la Ciudad, con aproximadamente 70 mil habitantes. Allí los vecinos denunciaron a mediados de enero la presencia de un fuerte olor cloacal en varias viviendas. Frente a este panorama, y ante la falta de respuestas de los organismos oficiales, la Junta Vecinal convocó a la Cátedra de Ingeniería Comunitaria, que articula con organizaciones sociales, asambleas de vecinos y la comunidad en general con el objetivo de “abordar problemáticas vinculadas a la ingeniería, entender sus problemáticas y poder brindarles soluciones”. “Fuimos al barrio y constatamos que el agua que salía de las canillas tenía un fuerte olor fecal. Entrevistamos a varias familias y tomamos un conjunto de muestras que fueron analizadas en un laboratorio especializado. Los resultados corroboraron que el agua se encontraba contaminada bacteriológicamente y no era potable”, explicó a PáginaI12 la ingeniera María Eva Koutsovitis, coordinadora de dicha cátedra.
La ingeniera aseguró que “no es la primera vez que esto sucede” y que “no se trata de un hecho aislado. Es una situación que también se replica en el resto de los barrios populares de la Ciudad y que tiene consecuencias graves para la salud. Hemos constatado situaciones similares, por ejemplo, en la Villa 15, pero es algo que se atraviesa a todos los barrios populares porque quienes viven allí no acceden a servicios públicos regularizados y el agua que consumen no es controlada por ningún organismo de gobierno”, detalló.
“Con estos resultados, elaboramos un Informe Técnico, informamos a la Junta Vecinal, a las familias afectadas y a los organismos responsables e iniciamos un expediente administrativo en el Gobierno de la Ciudad”, contó Koutsovitis. En la Villa 21-24 intervienen diversos organismos: la UPE Cumar (Unidad de Proyectos Especiales Cuenca Matanza Riachuelo), UGIS (Unidad de Gestión de Intervención Social), la SSHI (Subsecretaría de Hábitat e Inclusión), la Acumar (Autoridad de Cuenca Matanza-Riachuelo) y AySA, la empresa encargada de proveer los servicios de agua y cloacas para la Ciudad de Buenos Aires. El 8 de febrero, por orden del Juzgado Federal en lo Criminal Correccional N°2 de Morón, que tiene a su cargo la ejecución de la causa Matanza-Riachuelo, esos organismos fueron al barrio para tomar muestras de agua en 7 viviendas.
Si bien aún no se conocen los resultados de este segundo estudio, desde la Cátedra de Ingeniería Comunitaria denuncian irregularidades en el muestreo y que los organismos oficiales no informaron previamente cuál sería la metodología ni el protocolo que iba a utilizarse para realizar este relevamiento. “Tanto los lugares de extracción de las muestras como la metodología a utilizarse debían ser consensuados. Esto no fue respetado. El Ministerio Público de la Defensa, la Junta Vecinal y las distintas organizaciones presentes en el barrio nunca fuimos consultados ni informados previamente respecto a los puntos de muestreo”, relató la ingeniera. “Tal es así que en cinco de los siete domicilios previstos por los organismos no fue posible llevar a cabo la toma de muestras, ya sea porque de las canillas no salía agua o porque los organismos de la Ciudad y Acumar acordaron utilizar el protocolo de AySA que no se ajusta a la informalidad de la infraestructura de los barrios populares”, detalló. “Es más, algo que también nos llamó la atención es que de los siete domicilios consignados, no se incluyeron los dos domicilios que nosotros ya habíamos muestreado y habían dado contaminación bacteriológica”, agregó Koutsovitis.
“Si nosotros queremos saber la calidad del agua de consumo de las familias, tenemos que hacer un relevamiento exhaustivo de la infraestructura sanitaria, elaborar un diagnóstico, conocer las redes del barrio, conocer las características de la prestación informal del servicio, y el dispositivo de intervención tiene que estar pensado para poder saber qué es lo que sucede con el agua de consumo de las miles de familias que están afectadas en la Villa 21-24. Eso implica que hay que adaptar el protocolo a la realidad del barrio. Nada de eso se hizo”, aseguró.
“El fondo de toda esta cuestión es la desigualdad que existe entre quienes viven en barrios populares y quienes viven en los barrios formales de la Ciudad respecto a la prestación de servicios. Sobre todo porque estamos hablando de un servicio básicos como el agua potable, que es un derecho humano”, analizó Koutsovitis. En efecto, la desigualdad en el acceso a servicios sanitarios determina, por ejemplo, que la mortalidad infantil sea significativamente más alta en la Comuna 4 (7,6 por mil) que en Palermo (5,4 por mil), según datos de la Dirección General de Estadística y Censos de la Ciudad.
Consultado sobre la situación de la Villa 21-24, el legislador porteño Santiago Roberto señaló que “es una de las villas con mayor población y es una de las villas en la que menos se invierte”. Además, denunció la falta de un plan integral de urbanización para este barrio y el retraso en las obras que se están realizando y que deberían haber finalizado en marzo de 2018. “Para la 21-24 no hay planificadas obras de urbanización como se viene haciendo en otros barrios, solo se está realizando lo que tiene que ver con la causa por el saneamiento del Riachuelo y son obras que vienen muy postergadas. Hay que entender que los problemas que tienen estos barrios son estructurales y los parches que se van poniendo en la prestación de servicios no sirven. Por eso, las soluciones no pueden ser parciales, sino integrales dentro del marco del proceso de urbanización e integración de todas las villas de la Ciudad”, detalló.
“Esto deja en evidencia la mirada que tiene Cambiemos sobre la Ciudad, porque para el Paseo del Bajo y un montón de obras de la zona norte son súper expeditivos, mientras que para las obras de agua, cloacas y pluviales en barrios como la Villa 21-24 se demoran y subejecutan los presupuestos. No vemos que haya una visión de ciudad integrada”, dijo Roberto. “Estamos hablando del Estado de la Ciudad de Buenos Aires, que es el más rico del país y uno de los más ricos de Latinoamérica, así que no es una cuestión de presupuesto, sino de decisión política”, agregó el diputado del Bloque Peronista en la Legislatura.
La empresa AySA S.A. tiene a su cargo desde el año 2006 la prestación de los servicios de agua y saneamiento cloacal en la Ciudad de Buenos Aires y si bien las villas de la ciudad se encuentran dentro del área de concesión de la empresa prestadora, la realidad es que sólo brindan su servicio hasta la periferia los barrios. Consultados sobre la situación de la Villa 21-24, desde la empresa sostuvieron que el barrio “no forma parte de la red de provisión de agua potable de AySA”. “Todas las obras correspondientes a la provisión de agua potable y cloacas de esta zona son ejecutadas por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. El papel de AySA es supervisar e inspeccionar estas obras y realizar los controles necesarios para determinar la calidad del agua. Una vez finalizadas las obras primarias y hechas las conexiones domiciliarias, la empresa comienza a operar el servicio”, explicaron.
“En términos formales lo que dice AySA es real. Lo que nosotros estamos planteando es que AySA es quien debe velar por la calidad del agua como servicio urbano básico y como derecho humano. Por eso estamos pidiendo que sean ellos quienes intervengan pero, sobre todo, porque entendemos que no puede haber un doble standard: la empresa que abastece de agua a toda la población en la Ciudad de Buenos Aires y que garantiza la calidad de suministro del agua, también debe hacerlo en la Villa 21-24 porque forma parte de la ciudad”, respondió Paz Ochoteco, directora ejecutiva de la Fundación Temas, una organización sin fines de lucro dedicada a elaborar e implementar programas de inclusión social y que desde 2004 trabaja en Villa 21-24.
Sumada a la falta de agua potable y la crítica situación sanitaria, los vecinos denuncian la falta de un plan de emergencia. Si bien desde AySA aseguran que “la empresa y el Gobierno de la Ciudad llevan a cabo un operativo de provisión de agua potable con la presencia de dos camiones cisternas de 15 mil litros cada uno y la entrega de 10.500 litros de agua potable por día, en sachets”, los vecinos dicen que no es suficiente para cubrir las necesidades del barrio. “Ellos entregan el agua pero no alcanza. El camión vino dos días para calmar la desesperación de la gente y se fue”, contó María Zubieta, responsable del comedor Madre Teresa de Calcuta, en diálogo con PáginaI12. “La 21-24 hoy está más abandonada que nunca”, concluyó.
