Tal como anticipó Página/12, el oficialismo en el Consejo de la Magistratura consumó finalmente su maniobra para activar la denuncia contra el juez federal Daniel Rafecas, acusado por el contenido de una sentencia en el marco de la denuncia del fiscal Alberto Nisman contra la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Al magistrado lo citaron para el próximo 7 de diciembre a las 9 para que realice su descargo como paso previo a lo que podría derivar en un pedido de juicio político en su contra, a pesar de que el fallo había sido confirmado por la cámara y avalado por numerosos juristas.

La Comisión de Disciplina y Acusación dio curso esta mañana a la denuncia del radical Angel Rozas, quien le atribuyó al juez “mal desempeño” por haber archivado ese expediente por inexistencia de delito. Rozas se había inspirado en otra acusación de la diputada de Cambiemos Elisa Carrió que fue unificada con otra del diputado también oficialista Waldo Wolff. 

Tras la decisión aprobada esta mañana, se informó a Rafecas  para que prepare su defensa de cara a la presentación estipulada para dentro de dos semanas. La decisión del oficialismo, que días atrás destituyó al camarista Eduardo Freiler, de avanzar contra un magistrado por el contenido de una sentencia abre la puerta  para echar jueces cuando a la dirigencia política u otros sectores de poder no les guste un fallo. 

El mismo presidente de la Comisión, el diputado de Cambiemos Pablo Tonelli, admitió que el expediente abierto contra el juez federal apunta a “sus decisiones como magistrado” y señaló que se trata de un “terreno mucho más difícil” que el proceso iniciado contra Freiler. Rafecas, junto a otros jueces, integran una especie de lista negra de jueces que el Gobierno nacional quiere expulsar, y que difunde desde comienzos de año a través de algunos medios afines. En esa nómina estaba también Freiler.

"Hay que ser mucho más cuidadoso porque, en principio, no corresponde juzgar a los jueces por el contenido de sus sentencias, salvo que lleguen a extremos de enorme arbitrariedad a punto de estar totalmente en contra de la ley", reconoció Tonelli antes de entrar a la reunión en declaraciones formuladas esta mañana a radio Mitre. 

Justamente, fue el diputado de Cambiemos quien se ocupó de llevar adelante la acusación contra Freiler, que fue aprobada por una mayoría circunstancial del Consejo, después de desplazar al senador Ruperto Godoy por no tener título de abogado. "En este caso las denuncias contra el juez Rafecas se vinculan a su actuación en la causa Nisman es decir que está siendo evaluada sus decisiones como juez y allí el terreno es mucho más difícil", ratificó esta mañana al trazar un paralelismo entre ambas maniobras del oficialismo. 

La denuncia de Rozas hubiese cumplido tres años en marzo, alcanzando el tiempo en el que caducan los expedientes en el consejo si no son tratados. La primera acusación fue presentada por Carrió pocos días después de que Rafecas archivó la denuncia hecha por Nisman cuatro días antes de aparecer muerto en el baño de su departamento. La diputada oficialista acusa al juez de resolver rápido, sin investigar, abortando la búsqueda de pruebas y con el fin de “congraciarse con el Poder Ejecutivo”. Wolff coincidió y agregó el relato de una reunión con el juez cuando él era vicepresidente de la DAIA, en la que les habría explicado a las autoridades de la entidad sus razones para cerrar la causa. 

Cuando tuvo oportunidad de presentar un descargo en el Consejo, Rafecas argumentó su decisión sobre la denuncia de Nisman: señaló que ni siquiera existía el comienzo de ejecución de un delito, que no había pruebas de que Timerman presionara a Interpol para dar de baja las alertas rojas y que incluso el secretario General de Interpol, Ronald Noble, lo descartó y planteó lo contrario.

El dictamen de Rozas, que agrega una tercera denuncia similar a la de Carrió, acusa a Rafecas de mal desempeño y falta de idoneidad moral. El radical denuncia que el juez dictó un fallo de contenido político, que fue parcial y usó elementos no jurídicos. Su texto presentado alude a un pedido de auditoría que presentaron el año pasado dos entidades vinculadas al Gobierno: el Colegio de Abogados de la calle Montevideo -conocido por su apoyo a golpes de Estado y por estar integrado por defensores de las grandes empresas- y la organización Será Justicia, que integran incluso funcionarios del macrismo. Ambas entidades, alineadas con el Gobierno fueron, además, las que armaron la ingeniería para forzar la renuncia de la procuradora Alejandra Gils Carbó.