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Rafael Nahuel tenía 21 años. Fue asesinado de un tiro en la espalda por un arma de la Prefectura, el mismo día que enterraban a Santiago Maldonado, muerto durante la represión al Pu Lof Cushamen. Frente a uno y otro caso, se agitan palabras de otros tiempos: enfrentamiento, terrorismo. Palabras y balas. Actualización más brusca que el aroma de magdalena. Resuenan en nuestros cuerpos esas palabras, como amenazas, como trazos que reviven la herida. En 1979 David Viñas publica Indios, ejército y frontera. Se cumplía un centenario de la campaña de Roca a la Patagonia y en Argentina florecían los campos de concentración y exterminio. El crítico escribe: los indios fueron los primeros desaparecidos.

Martínez Estrada, en Muerte y transfiguración de Martín Fierro, considera la guerra de fronteras contra las poblaciones originarias, un crimen fundacional negado y convertido en trauma: porque no somos capaces de señalar ese oprobioso punto de partida, quedamos ciegos o mudos ante las injusticias del presente. Viñas desmenuza el modo en que se construyó la cuestión del indio, a partir de un conjunto de enunciados que traducían el telar de concepciones del positivismo a bruscas legitimaciones del exterminio. Llama indofobia a esa serie de argumentos racistas para legitimar un doble proceso: el de subordinación de los cuerpos –conversión en mano de obra, sujeto a trata y explotación laboral: los indios paraguayos son enviados a los obrajes y las indias a los prostíbulos– y el de incorporación de las tierras al mercado. Expropiación en la que resuena el más clásico proceso de acumulación originaria, con sus cercamientos de tierras y puesta en disponibilidad de los campesinos para poblar las fábricas textiles. Sólo que en América, y ahí está el modo específicamente colonial de la cuestión, se plegó sobre el asesinato racial y la legitimación étnica del proceso de desposesión. Como ocurrió en los enclaves esclavistas. El modo colonial no es lo otro del capitalismo clásico, sino su verdad última. Chorrea sangre, lodo y racismo por todos sus poros.

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Alambrado y remington, viejos aliados. De otro modo: la incorporación de tierras al mercado mundial exige protección de los negocios, respeto a la propiedad. La apuesta de fondo del ceo-gobierno es la valorización mercantil como único criterio de articulación social. Eso implica que las vidas humanas sean valoradas de acuerdo a lo que producen o pueden producir: su mérito. Mérito y equivalente general, pero no derecho. Porque el derecho supone una asignación no mercantil de las posesiones. Derecho a la vivienda, a la tierra, a la educación, a la salud. Más ampliamente: derechos humanos.

La Argentina de las últimas décadas tuvo dos pactos fundamentales. El de 1983, que decía nunca más al terrorismo de Estado, el del 2003 que sostenía que la protesta social no se combatía cosechando muertos. Dos enunciados fundamentales hoy puestos bajo sospecha o desplazados por otros. El pacto del 83 se desplaza por el de un fabricado nunca más a la corrupción. El trágico final del submarino Ara San Juan es interpretado por narrativas nada accidentales: se enlazan las muertes trágicas a una supuesta corrupción en la reparación y al desfinanciamiento a los militares. En el fondo, se dice que es más peligrosa una coima que la camilla de tortura. El desplazamiento de un pacto por otro funciona a la perfección, se imprime en las pantallas, se vuelve gozoso en la boca de furibundos voceros, se hace grito amenazante en la ministra cuando dice que nada hay que averiguar cuando las fuerzas de seguridad disparan balas de plomo.

Ahí la suspensión del segundo pacto. El gobierno habilita el asesinato durante la represión de conflictos sociales. Un salto cualitativo el que se llevó la vida de Rafael Nahuel. Que hace secuencia con distintas violaciones de derechos. Las que padecen presas y presos de la Tupac Amaru, las que acarreó la reacción de encubrimiento del gobierno ante la desaparición de Santiago Maldonado, los gases a comedores, las balas ante murgas, los desalojos violentos de calles. Todo eso pone la represión en escena pero a la vez no llega a las obscenas balas de plomo de la prefectura y las declaraciones ministeriales que las amparan. Balas de plomo porque están en juego las tierras y el derecho a las tierras, los cuerpos y sus libertades, la vida popular y sus condiciones de existencia. La conquista del desierto está en marcha. Para eso, deben producir desierto. Borrar las formas de vida que no implican una relación mercantil: perseguirlas, considerarlas criminales o corruptas o peligrosas. La cárcel de Milagro, apenas iniciado este tramo gubernamental, indicó que habría tolerancia cero para toda organización popular que dispute el poder. Las balas ante las comunidades mapuche indican que tampoco la hay para quienes rasguñen la idea de mercancía que ponen en el altar de la época.

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El 10 de diciembre se conmemora el día de los derechos humanos. Nunca fue una fecha intensa para un país que encontraba ese motivo en cada 24 de marzo. Pero este año es singular, porque la mano gubernamental tacha cada vez que lee derecho. Una asamblea de mujeres se realizará el 9 en Jujuy, para reclamar la libertad de Milagro Sala y el resto de las presas y presos políticos. Como hubo una asamblea de mujeres en El Bolsón, para compartir la demanda por la aparición de Santiago Maldonado y el reclamo de tierras de las comunidades. No es casual. Es en la experiencia de la fragilidad vital que compartimos, la que surge de saber que sólo por ser mujer se está en riesgo –como lo indica la estadística de femicidios—, la que es certeza de habitar un cuerpo expuesto y desposeído, amenazado de mil modos, es desde esa experiencia de la im-propia corporalidad como botín de conquista, que se puede pensar la transversalidad de todas las peleas. De saber qué significa la cárcel y el despojo, de saber qué significa la represión y la expoliación de las tierras. No se trata de arrogarnos un privilegio, el de las resistencias iniciales, sino de comprender por qué podemos pasar por nuestros cuerpos el dolor ajeno. Desposeídas pensamos la trama y la lógica de la desposesión. A la vez, sabemos que nuestra vulnerabilidad mengua en la fuerza que constituimos en común. El movimiento de mujeres, lesbianas, transexuales, travestis, se afirma cada vez más como interseccional. Encuentra en los cruces de desigualdades y explotaciones su sentido fundamental.

En Montevideo, el fin de semana pasado, transcurrió el Encuentro feminista de Latinoamérica y el Caribe (EFLAC). En las conclusiones de cada asamblea se recorrió el mapa de las disidencias y las diferencias, se templó la voz para decir en lenguas indígenas y en la afirmación de la negritud, pero también el derecho al género decidido y a vidas libres y deseantes. Hubo denuncias a las arquitecturas desatentas a las discapacidades motoras y reclamos a sindicatos, partidos y gobiernos. El reclamo por los territorios y el derecho a la ciudad recogió el hilo de las luchas populares que se dan en toda la región. Se escucharon enunciados distintos y a veces contradictorios, pero el entusiasmo de reunirse era fondo común. En el Encuentro montevideano resonó el deseo de un paro internacional de mujeres para el 8 de marzo de 2018. Un paro-trueno que recorra América Latina, un paro-reguero que entusiasme los cuerpos, un paro-herramienta que permita leer el mapa de los conflictos, un paro-enojo que vaya listando los nombres, las deudas, las privaciones, un paro-proceso en el que podamos inventarnos más allá de las defensas y reacciones, un paro-deseo que vaya dibujando el mundo en el que queremos vivir. Un paro también por Milagro y por Santiago, por Rafita y Shakira, y en su nombre por todxs lxs perseguidxs.