La Justicia Federal revisará la prisión preventiva y procesamientos de los policías acusados por la desaparición forzada y muerte de Franco Casco, quien fue encontrado son vida en el río Paraná, en octubre de 2014, tras haber estado detenido en la comisaría 7ª. Desde hoy, y durante cinco jornadas, se realizará una serie de audiencias para discutir la situación procesal de los imputados. A partir de las 8 de esta mañana, las audiencia serán por 30 agentes de la policía involucrados, de los cuales 15 están detenidos desde septiembre pasado. El equipo jurídico de la Asamblea por los Derechos de la Niñez, uno de los querellantes de la causa, participará del debate donde las defensas plantearán mejoras para la situación procesal de los acusados.
Serán cinco jornadas donde por parte de la defensa se discutirán los procesamientos y las prisiones preventivas de los agentes que ocuparon cargos en las guardias de los días 6 y 7 de octubre de 2014 en la Comisaría 7ª, y agentes de la Dirección Provincial de Asuntos Internos, sospechados del encubrimiento de los hechos ocurridos en la comisaría, donde la querella y la fiscalía federal estiman que la víctima fue cruelmente golpeada.
También se evaluarán las apelaciones presentadas por las querellas y Fiscalía por los pedidos de procesamiento por torturas que no fueron realizados por el juez Carlos Vera Barros y el pedido de prisión preventiva de varios de los procesados. La querella plantea que se ubicó a más personas (al menos tres) en el momento de la agresión y que fueron mencionados por testigos.
Franco Casco llegó desde Buenos Aires para visitar familiares y nunca pudo regresar a Florencio Varela. Cuando se disponía a tomar el tren de regreso fue detenido en la comisaría 7ª, el 6 de octubre de 2014. Su cuerpo apareció flotando en el río el 30 de ese mismo mes.
Casi tres años después, tras varias idas y vueltas entre la Justicia Federal y la provincial, Vera Barros ordenó las detenciones de los policías implicados, por el delito de "desaparición forzada de persona". Los arrestados fueron uniformados en actividad, incluido el jefe de Asuntos Internos, Aníbal Candia, quien por entonces era jefe de la delegación local, y otros cuatro agentes de esa repartición, entre otros.
