El escándalo por la cuenta bancaria que ocultó el subsecretario general de la Presidencia, Valentín Díaz Gilligan, ya están en la Justicia. El diputado del Frente para la Victoria Rodolfo Tailhade presentó una denuncia contra el funcionario del gabinete de Mauricio Macri por los delitos de lavado de activos y omisión maliciosa, después de que se revelara que nunca declaró que tenía depositado por más de un millón de dólares en un banco de Andorra. El legislador requirió que el funcionario sea citado por un juez a rendir cuentas por ambos ilícitos. "Omitió intencional y maliciosamente brindar información sobre su real situación patrimonial", argumentó 

Díaz Gilligan quedó en el ojo de la tormenta luego de que el diario español El País revelara que ocultó una cuenta en la Banca Privada d’Andorra en la que tenía depositados 1,2 millones de dólares. En su presentación Tailhade alude a esa revelación y sostiene que "existen sobrados motivos que imponen se realice una rápida y profunda pesquisa en virtud de los graves hechos" que involucran al funcionario macrista.

"No podemos soslayar que en su `defensa' el propio funcionario admitió que actuó como testaferro de un empresario con problemas fiscales y judiciales. Y tampoco aclaró qué sucedió con el millón de dólares que poseía según la información brindada por las autoridades de Andorra", destaca el diputado del FpV y agrega: "Las confusas y autoincriminatorias declaraciones brindadas a los medios solo aportan más oscuridad a un hecho de por si grave." La denuncia recayó en el juzgado de Claudio Bonadio y la fiscal que interviene en el caso es María Alejandra Mángano.

Tailhade afirmó que “evidentemente” Gilligan “omitió intencional y maliciosamente brindar información sobre su real situación patrimonial con el claro objetivo de sustraerse de todo tipo de control por parte de los organismos públicos y de la sociedad en general”. Indicó que este delito lo cometió no solamente cuando se desempeñó como funcionario en la ciudad, sino también "al momento de ser designado funcionario nacional", el 16 de diciembre de 2015.

Según publicó El País, Díaz Gilligan figuró hasta noviembre de 2014 como director de la firma Line Action, dedicada a la compra y venta de jugadores, radicada en Inglaterra pero perteneciente en un 100 por ciento a empresa panameña denominada Nashville North Inc. El propio funcionario de Cambiemos ligó la creación de la offshore a su relación de amistad con el empresario uruguayo Paco Casal. "Como es de público conocimiento, este tipo de empresas radicadas en paraísos fiscales son utilizadas, frecuentemente, como vehículos para cometer el delito de lavado de activos respecto a otras actividades ilícitas como corrupción o evasión fiscal", recordó el legislador del FpV.

Hasta los propios socios del macrismo advierten que la situación de Díaz Gilligan es insostenible. El radical Mario Negri, jefe del interbloque de Cambiemos en Diputados, planteó que el funcionario debería dar un paso al costado. Lo mismo dijeron desde la Coalición Cívica. Paula Oliveto, integrante de ese espacio y cercana colaboradora de Elisa Carrió, señaló también que el subsecretario general de la Presidencia debería ser investigado por la Justicia y no por la Oficina Anticorrupción.

Como parte de su estrategia para defender a Díaz Gilligan el Gobierno llevó el tema al organismo que conduce Laura Alonso. Tailhade también advirtió que esa no es la vía. "La intención del propio funcionario de presentarse ante la Oficina Anticorrupción, según sus propias declaraciones, prueba que pretende sustraerse de una verdadera y efectiva investigación, buscando la impunidad a través de un organismo que se dedica a encubrir a funcionarios corruptos de su espacio político", explicó.