El inicio del segundo juicio de extradición a Facundo Jones Huala, lonko de la comunidad Pu Lof en Resistencia de Cushamen donde desapareció Santiago Maldonado, genera preocupaciones compartidas. El gobernador de Río Negro Alberto Weretilnek alertó sobre un “posible estallido de violencia” durante el comienzo del proceso al líder mapuche el miércoles próximo en el gimnasio municipal 3 de San Carlos de Bariloche. Sin embargo, más alarmada está su abogada, Sonia Ivanoff, como así también los trabajadores y trabajadoras de prensa por las restricciones que estableció el juzgado federal de esa ciudad para la cobertura de las audiencias. “Es preocupante que se lleve a juicio a un lonko mapuche que tuvo ya un juicio. La militarización del territorio la criminalización de los derechos territoriales como derechos culturales son temas preocupantes, y que el jefe de Estado provincial debe atender, máxime con la impunidad que se maneja el tema del asesinato de Rafael Nahuel”, dijo en diálogo con PáginaI12 al referirse al joven mapuche muerto tras la irrupción de la Prefectura disparando balas de plomo en un territorio recuperado en Lago Mascardi. Por su parte, el Sindicato de Trabajadores de Prensa de Bariloche y Zona Andina (Sitrapren) expresó su “más enérgico repudio a las medidas adoptadas” por el juez federal subrogante de Bariloche, Gustavo Villanueva, que elegirá sólo siete medios para permitirles el acceso.

Ayer Weretilneck se reunió con las autoridades de la regional tercera de Policía para coordinar las tareas que deberán cumplir los efectivos que “controlarán” la vía pública. “Si bien el juicio es de ámbito federal y el perímetro del lugar va a estar a cargo de las fuerzas federales, a la luz de todos los hechos violentos que se han vivido a partir de estas organizaciones, estamos realmente preocupados por lo que pudiera llegar a suceder”, dijo el gobernador. Añadió que se preocupación se funda en “la violencia de estos grupos, por los 94 hechos delictivos que se están investigando”, de los cuales las autoridades provinciales y nacionales jamás han mostrado evidencia alguna. Consultado sobre la aplicación del protocolo represivo que estableció el gobierno nacional, el mandatario dijo que por ahora están “coordinando la persecución penal a las acciones de la RAM (Resistencia Ancestral Mapuche)”, y que “no han tenido necesidad de aplicarlo en hechos concretos”. Es probable que a Weretilnek y a su gabinete le preocupe la convocatoria que hizo el Movimiento Mapuche Autónomo del PuelMapu, que llamó a acampar y realizar una jornada informativa y cultural desde el martes 27. A pesar de que Jones Huala tiene desmejorada la salud, porque padece una gastritis sangrante, la Cámara de Casación continúa sin otorgarle un arresto domiciliario. 

La contracara de las “preocupaciones” oficiales son los constantes episodios de hostigamiento y persecución que siguen viviendo las comunidades mapuche y su red de apoyos. El sábado 17 de febrero la abogada Ivanoff dejó en el sector de requisa de la Unidad 14 del Servicio Penitenciario, donde está detenido Jones Huala, el legajo judicial que debía ser entregado de inmediato al lonko para estudiar la causa de juicio de extradición. El expediente fue retenido por disposición del jefe de requisa por orden de su superior, el subdirector alcalde mayor Sergio Rodríguez y a principios de esta semana aún no había podido acceder al mismo, lo cual es violatorio de su legítimo derecho a la defensa. 

Jones Huala está detenido en función a un pedido de captura de la justicia chilena por un incendio en el 2013 en el campo Pisué Pisué, cercano a Temuco. En esa causa fueron detenidos cinco mapuche de Chile, todos acusados por el mismo hecho pero quedaron desprocesados y excarcelados por falta de pruebas. En octubre de 2016, el juez federal de Esquel Guido Otranto encabezó el primer juicio de extradición en su contra, pero lo anuló por torturas a un testigo en la detención de Jones Huala, y lo liberó. El fallo de la Corte Suprema ratificando la nulidad del primer juicio fue posterior a la segunda detención del líder mapuche que ordenó Villanueva, el mismo juez a cargo del juicio que comienza el miércoles 28.

“La decisión de acotar el número de medios y periodistas con posibilidad de acreditarse para la cobertura contraría manifiestamente al derecho humano al trabajo, al libre acceso a la información incorporado con rango constitucional, y al derecho al acceso a la información pública”, destacó Sitrapren. Sobre la elección que Villanueva pretende realizar para definir quiénes pueden acceder a la cobertura, el gremio señaló que la metodología de selección “no ha sido determinada de manera pública y con anterioridad al momento de la decisión”, e instó al magistrado a revisar su decisión, que calificó como “discriminatoria”. Finalmente, Sitrapren anticipó que podría llevar el caso a la justicia.