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Retratar el mercado laboral es bastante complicado, como explica el Indec en su presentación de la nueva metodología de relevamiento, para que un ministro de Economía le haya agregado confusión. Roberto Lavagna puede estar contento porque gran parte de la prensa que “no quiebra” pese a “vender galletitas” que él mismo entrega sin pudor saludó el índice “trucho” del 14,3 por ciento. Ese éxito mediático no ha sido una simple anécdota, sino que con la información difundida ayer muestra que la estrategia del engaño no es un buen camino para un gobierno que aspira a ser reconocido por su transparencia. Para evitar enfrentamientos con Economía, el Indec explica, como al pasar, que la vieja encuesta se dejó de hacer en mayo pasado y que la tasa de desocupación “Lavagna” es una estimación para agosto, con lo que se relativiza aún más esa cifra.
Como se mencionó al comienzo, la tarea de sacar fotografías al mundo del trabajo es complejo. El Indec lo revela cuando justifica la renovada metodología de medición en los cambios, durante los ‘90, del mercado laboral en relación con la formulación inicial de la Encuesta Permanente de Hogares, en la década del 70, cuando la estabilidad y el carácter formal del empleo eran sus principales características. En los últimos años creció en forma considerable el desempleo, desapareció la estabilidad laboral, surgieron nuevas modalidades de contratación y, en general, el empleo antes estable se vio precarizado y flexibilizado.
Ese intrincado panorama trata de ser captado con la nueva encuesta pero, dada esa nueva configuración del mercado de trabajo, la inclusión de los planes Jefas y Jefes de Hogar como empleados sólo agrega distorsión en el análisis. Es un vicio que viene de arrastre del gobierno de Eduardo Duhalde, cuando el mismo nombre de ese plan de subsidios invalidaría esa agregación puesto que son PJyJH Desocupados. La semilla de la confusión fue la pretensión de la entonces ministra de Trabajo, Graciela Camaño, de establecer esos programas con el criterio de “contraprestación laboral” para no enfurecer la conciencia de la opinión media-tica.
En un interesante documento del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), elaborado por Laura Pautassi, Julieta Rossi y Luis Campos, se destaca que a nivel oficial se argumenta que el Plan Jefas y Jefes busca la “inclusión social” a través del desarrollo de tareas socialmente útiles de los beneficiarios, que les permitiría integrarse a la dinámica laboral. A la vez, se sostiene desde el saber oficial que así se evitarían las denominadas trampas del desempleo: que el desocupado perciba el dinero “sin hacer nada a cambio”. Esos especialistas afirman que “si se toma en consideración que desde los mentores del Plan, ésta es una política redistributiva del ingreso, menos aún debería ser necesaria una contraprestación por ello”. Esto es, si se trata de distribuir rentas nacionales en forma equitativa y de ese modo “compensar” a los desfavorecidos por el proceso de concentración del ingreso, menos aún se justifica desde allí esa necesidad de la “devolución” del dinero recibido en tareas “socialmente útiles”. Además, remarcan que si no se estimula a los perceptores del subsidio a que se inserten en el sector educativo formal o en actividades de capacitación, la contraprestación seguirá actuando como mecanismo clientelar “permitiendo abusos por parte de los empleadores y generando una estigmatización de los beneficiarios del plan en desmedro de su integración”.
Para evitar, entonces, barullo de cifras, la “verdadera” desocupación es 21,4 por ciento, que equivale a 2.140.000 personas sin trabajo.