Los anuncios que realizó ayer el Gobierno para tratar de evitar las salideras bancarias se suman a otro conjunto de medidas que ya se habían anunciado a comienzos de mes con el mismo objetivo. El jueves 9 de septiembre, el directorio del Banco Central intimó a las entidades financieras a cumplir con las siguientes disposiciones para reforzar su seguridad:

• Asegurar la privacidad de las distintas operatorias que lleven adelante los clientes en las cajas de sus sucursales, instalando barreras visuales de material opaco que impidan observar cuánto dinero retiran.

• Garantizar sistemas de asignación de turnos al público, cuya localización deberá ser definida de manera estratégica para complementarse con las nuevas barreras visuales de las cajas.

• Cambiar los sistemas de Circuito Cerrado de Televisión de Seguridad (CCTV) analógicos por los de tipo digital que cumplan con estándares mínimos aceptados internacionalmente, abarcando la instalación de cámaras en las veredas en las que están ubicados los bancos para registrar la circulación en ellas, el ingreso y egreso de personas y la adecuada cobertura de los movimientos de carga y descarga de valores, de modo de asegurar la calidad de grabación de las imágenes que contribuyan a la investigación y dilucidación de los hechos delictivos.

• Cargar los cajeros automáticos por la parte posterior en la medida en que no lo impida la construcción con la que esté emplazada cada unidad para evitar robos mientras se carga el dinero.

• Asimismo, se dispuso que el responsable de la seguridad de cada entidad financiera deberá satisfacer un requerimiento mínimo de idoneidad que demanda esta especialización, que deberá acreditarse mediante título habilitante específico, o bien, con experiencia en el ejercicio de esa función, como mínimo, de cinco años.

Para la implementación de las medidas relativas al sistema de CCTV digital, las barreras visuales y los administradores para la asignación de turnos al público, se estableció entonces un cronograma de adecuación gradual. Para los bancos de la ciudad de Buenos Aires, el conurbano y grandes ciudades del interior se fijó un plazo de 12 meses y para el resto, de hasta un año y medio, quedando el costo de la implementación a cargo de las entidades.

El Banco Central aclaró entonces a través de un comunicado que tomó las medidas en el marco de las facultades delegadas con que cuenta, por imperio de la ley 19.130 y su reglamentación. De ese modo, la media sanción que la Cámara de Diputados le había dado, apenas un día antes, a un proyecto también destinado a preservar la seguridad de los clientes en las entidades bancarias se empezó a cumplir. La iniciativa, que fue votada por unanimidad, fijó exigencias muy similares a las que el Central dispuso horas después con la legislación ya vigente. Lo único que no hizo el organismo regulador fue exigir inhibidores de telefonía celular por no haber garantías sobre los efectos que podría tener en marcapasos y alarmas inalámbricas.