Los referentes de las cámaras patronales que integran el denominado Grupo de los 6 (G-6) se reunieron ayer para analizar el proyecto de reforma de la Ley de Abastecimiento y acordaron que en caso de que el Congreso apruebe la iniciativa recurrirán a la Justicia por considerarla inconstitucional. El encuentro fue al mediodía en la sede de la Unión Industrial (UIA), previo al tratamiento en comisión de la propuesta. Los popes empresarios del sector agropecuario, comercio, industria, construcción y financiero exhortaron a las fuerzas políticas de la oposición para que se sumen a la postura del sector privado, con el argumento de que el proyecto “atenta contra la división de poderes”, debido a una supuesta delegación de funciones hacia la Secretaría de Comercio. Según el comunicado que se distribuyó luego de la reunión, el rechazo se focaliza en cualquier intervención –salvo en el caso de los subsidios– del Estado en el sector privado.

La Cámara de Senadores inició el debate de los instrumentos legales para regular la producción y el consumo y proteger los derechos de los consumidores que presentó el Gobierno. Las discusiones continuarán hoy a las 11 (ver aparte). “Esta ley es inconstitucional y viola la propiedad privada”, señaló el presidente de la Sociedad Rural, Luis Etchevehere. “No tiene sentido discutir posicionamientos. Nosotros rechazamos cualquier tipo de intervencionismo a las empresas. Pero, en caso de que se apruebe la ley, el objetivo es que salga lo mejor posible”, aseguró a este diario el titular de la Cámara de Comercio (CAC), Carlos de la Vega, quien por la mañana se había reunido con el secretario de Comercio, Augusto Costa, quien les recomendó “una redacción alternativa”.

Estuvieron también presentes los titulares de la Cámara de la Construcción, Gustavo Weiss; de la Bolsa de Comercio, Adelmo Gabbi; de la Asociación de Bancos de capital nacional (Adeba), Jorge Brito. Los recibieron el presidente de la UIA, Héctor Méndez, y el secretario de la entidad, José de Mendiguren. En el comunicado que difundió el

G-6 se destaca la relevancia de mejorar la normativa de defensa del consumidor, pero inmediatamente aclara sus reparos sobre la Regulación de la Producción y el Comercio (modificatoria de la Ley de Abastecimiento) que “tiene como objetivo incrementar sustantivamente la intervención del Estado en toda la actividad privada”.

En ese documento los empresarios sostienen que la iniciativa va en contra de propuestas para “generar confianza y certidumbre para promover la inversión, la generación de empleo de calidad y el crecimiento económico”. “La experiencia internacional demuestra fehacientemente que las economías funcionan y se desa-rrollan satisfactoriamente en los países en los que el Estado no interviene en forma arbitraria y, por el contrario, en aquellos pocos donde prevaleció el intervencionismo discrecional se profundizó el desabastecimiento, el racionamiento de bienes y servicios, y el desdoblamiento del mercado de cambios, creciendo exponencialmente el mercado informal”, ataca el comunicado.

En los contactos de prensa posteriores a esa reunión, los representantes del sector privado dejaron en claro que apelarán a la Justicia en caso de sancionarse la ley. Para ello anticiparon que pedirán el acompañamiento de “los diferentes espacios políticos con representación en el Congreso Nacional”. Etchevehere resumió que el G-6 había decidido “rechazar por unanimidad el proyecto que se envió al Congreso”. Por su parte, Mendiguren, diputado del Frente Renovador, aseguró que la obsesión de los empresarios es “revertir este proceso de caída de actividad y del nivel de empleo”.Gabbi, quien hoy tiene previsto recibir a la Presidenta en el aniversario de la Bolsa porteña, adelantó que en su discurso va a “resaltar la importancia de la empresa en el país y lo que ha significado el cepo cambiario para la actividad”. El referente del sector financiero, el más favorecido por este gobierno, aseguró que es necesario “volver a recuperar la confianza y los superávit gemelos”. Brito consideró que el proyecto enviado por el Gobierno “afecta básicamente al trabajador, porque generará menor cantidad de fuentes de empleo”.