“Va a haber conversaciones, por supuesto, con todas las empresas”, dijo el presidente Evo Morales cuando lo consultaron sobre la posibilidad de negociar con Pan American Energy (PAE), la empresa de capitales británicos y argentinos que era dueña de la petrolera Chaco, estatizada por el gobierno. En ese sentido, la transnacional ratificó “su voluntad de mantener los esfuerzos que permitan alinear sus intereses legítimos –que defenderá en todas las instancias– con los objetivos e intereses de la República Bolivia”.

El 1° de mayo de 2008, Morales firmó un decreto para que el Estado recuperara la mayoría accionaria en todas las empresas de hidrocarburos que operan en el país. A través de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) pasó a controlar las empresas Transredes, la Compañía Logística de Hidrocarburos (CLHB) y asumió la administración compartida de la petrolera Andina. También estatizó la empresa de telefonía Entel, antes de capitales italianos.

Desde entonces el gobierno negociaba con Chaco para tener el 50 por ciento más una acción. Hasta ese momento, el Estado tenía el 48 por ciento de las acciones. El resto pertenecía a la PAE, constituida por la British Petroleum, que se adjudicaba el 60 por ciento de las acciones de PAE. El otro 40 por ciento correspondía al grupo Bridas, de Argentina. Ahora YPFB tiene el 99 por ciento de las acciones. El uno por ciento corresponde a ex trabajadores de Chaco.

El Estado pagará a PAE 29 dólares por acción, lo que totalizaría 233.440.140 dólares.